–Un plazo de 30 dio el presidente Iván Duque Márquez para tomar una decisión en torno a la continuación o no de las conversaciones con el Eln, iniciadas por el anterior gobierno. Además, fijó las siguientes condiciones: cese total de acciones criminales, tiempos definidos para llegar a acuerdos y una supervisión internacional.

El nuevo mandatario colombiano notificó que “durante los primeros 30 días de nuestro gobierno vamos a realizar una evaluación juiciosa, prudente, responsable, y analítica, en detalle, de lo que han sido los últimos 17 meses de conversaciones que ha adelantado el gobierno saliente con el Eln”.

“Queremos avanzar, pero para avanzar hay que dejar la impronta de que el pueblo colombiano no se va a dejar intimidar por la violencia ni presionar por la violencia en ninguna forma”, advirtió.

Duque Márquez indicó que sostendrá reuniones con Naciones Unidas, con los países que han venido apoyando ese proceso y con la Iglesia Católica, para que “en el marco de la independencia institucional nos den su opinión del sobre el mismo”.

En su discurso de posesión, en el marco de lo que llamó Pacto por la Legalidad, Duque Márquez también se refirió al proceso de paz con las Farc.

Al efecto dijo que que desea terminar “esas divisiones falaces entre amigos y enemigos de la paz, porque todos la hemos querido y todos queremos construirla. Por el respeto a Colombia y por el mandato ciudadano que hemos recibidos, desplegaremos correctivos para asegurar a las víctimas verdad, justicia proporcional, que reciban también la reparación efectiva y que no exista repetición en ningún lugar del territorio”.

Afirmó que también corregirá «fallas estructurales que se han hecho evidentes en la implementación. Las víctimas de Colombia deben contar con que habrá verdadera reparación moral, reparación material y reparación económica por parte de sus victimarios y que nunca serán agredidas por la impunidad”.

Dijo que cree en la desmovilización, en el desarme y en la reinserción de la base guerrillera, pues muchos fueron reclutados de manera forzada, y expresó que “estoy convencido y comprometido con buscar todos los días, para las bases de esas organizaciones, oportunidades productivas y velar por su protección”.

Igualmente “nos esforzaremos por la provisión de bienes públicos en todas las regiones del país, empezando por las que han sido golpeadas de manera dolorosa por la violencia”.

En torno de los grupos armados ilegales que secuestran y se dedican al narcotráfico y “pretenden ganar beneficios mimetizando sus actividades con perfumes ideológicos, sencillamente que a partir de ahora vamos a declarar ante el Congreso de la República -con una reforma constitucional- que ni el narcotráfico ni el secuestro serán reconocidos como un delito conexo al delito político”.

Advirtió que tales delitos no podrán argumentarse como mecanismos para financiar o promover ninguna causa.

Puso de presente que la construcción de paz “significa que derrotemos los carteles de la droga que amenazan distintos lugares del territorio nacional. Vamos a ser efectivos en la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos de la mano con las comunidades, en la puesta en marcha también de proyectos productivos y vamos a romper las cadenas logísticas y de abastecimiento de las estructuras del narcotráfico”.

“No vamos a permitir que los ‘disidentes’, que los ‘combos’, que los ‘clanes’, las mal llamadas ‘oficinas’ sigan haciendo de las suyas en la Costa Pacífica, en nuestras fronteras y en ningún lugar del territorio. Velaremos por la sanción efectiva de quienes pretendan reincidir o burlarse de las víctimas ocultando bienes o recursos necesarios para la reparación”, agregó.

Aseveró que en su condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y de la mano de las autoridades judiciales “vamos a actuar en todo el territorio nacional y vamos a desarticular esas redes de crimen organizado y llevarlas a la Justicia haciendo valer ese principio: el que la hace, la paga”.