— Por posibles actos de corrupción, la Procuraduría General de la Nación abrió investigaciones contra responsables de la adjudicación de los contratos del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en los departamentos de Amazonas, Huila y los Santanderes. A su turno, el Consejo de Estado dejó en firme el fallo de la Procuraduría que destituyó e inhabilitó por años al alcalde de Riohacha, Guajira, Fabio David Velásquez Rivadeneira.

En primera instancia, el ministerio público formuló pliego de cargos al exgobernador de Amazonas, Manuel Antonio Carebilla Cuéllar, por presuntas irregularidades en los contratos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) con la Fundación Isla Korea.

Adicionalmente, por presunto direccionamiento de los contratos del PAE, a la Corporación para el Desarrollo Social Tanai Hawa y la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, el órgano de control abrió cinco procesos disciplinarios contra funcionarios de las gobernaciones de Santander y Huila, y de las alcaldías de Floridablanca, Pitalito y Cúcuta.

Las acciones disciplinarias tienen origen en el informe de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE) de la Procuraduría, que revisó 7.880 contratos entre 2013 y 2017, e identificó que la Corporación Tanai Hawa así como la representante legal de la Cooperativa Surcolombiana, Luisa Fernanda Flórez Rincón, ocupan el primer lugar de entidades y representantes legales que más suscribieron convenios PAE.

Además, por presuntas irregularidades en la puesta en marcha del convenio 374-2015 con la Unión Temporal Nutrisantander para ejecutar el PAE en Santander, el órgano de control también formuló pliego de cargos a funcionarios del Ministerio de Educación Nacional.

La Procuraduría busca determinar si se vulneraron los principios que rigen la contratación estatal de economía, responsabilidad, transparencia y el deber de selección objetiva, y si se generó detrimento del patrimonio público.

Cargos Amazonas

Según la Entidad el exgobernador de Amazonas, Manuel Antonio Carebilla, al parecer, conculcó el principio de transparencia y responsabilidad de la contratación estatal al participar en la etapa precontractual del convenio 007 de 2016, al suscribir el 17 de febrero de 2017 la resolución No. 0450 mediante la cual justificó la selección del contratista de manera directa a través de un convenio interadministrativo.

El órgano de control advirtió que por el objeto del contrato y la cuantía ($792.028.800) debió adelantarse un proceso que garantizara la selección objetiva y la pluralidad de oferentes.

Para la Procuraduría, Carebrilla Cuellar, como máximo responsable de la contratación del departamento, “probablemente no actuó con la diligencia debida y el cuidado necesario al justificar la selección directa de la Fundación Isla Korea del Amazonas”.

“Si hubiera realizado una juiciosa lectura de dicha norma y los documentos propios de la fundación: “certificado de existencia y representación legal, RUP, etc”, hubiera podido percatarse de que dicha figura probablemente no tenía cabida, en tanto que la aludida fundación no era una entidad pública”.

La Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta del exmandatario departamental como gravísima a título de culpa gravísima por desatención elemental de deberes.

Investigación Santander

El órgano de control investiga a la secretaria de Educación de la Gobernación de Santander, Ana de Dios Tarazona García, y al representante legal del Consorcio Interventoría Alimentarte 2016, Fernando León Medina Monsalve, por un supuesto direccionamiento de la licitación pública ED-LP-16-01 en favor de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones por 30.000 millones de pesos.

La Procuraduría analiza presunta falta de planeación en la realización de los lineamientos del programa en el departamento; incumplimientos del contrato 601 de 2016, en las clausulas jurídicas, técnicas y logísticas; mala ejecución y manipulación indebida de los alimentos, y supuestos incumplimientos al plan de saneamiento de entrega de las raciones a 100.000 escolares beneficiarios del programa en 82 municipios no certificados de Santander.

También se investigan las irregularidades identificadas por la DNIE frente al contrato 601 de 2016 sobre presuntas falsedades y anomalías en la contabilidad del operador del programa.

Entre las pruebas de la Procuraduría están los hallazgos de Regional Santander sobre las presuntas deficiencias en las condiciones de salubridad de los comedores destinados para la preparación de los alimentos, no cumplimiento de los requerimientos higiénicos, mal estado de los equipos y utensilios para la preparación de los alimentos, inadecuado manejo y disposición de los residuos sólidos y líquidos e ineficiente control de plagas, entre otros.

Floridablanca

Frente al convenio de aportes número 250 del 8 de febrero de 2016 con Corporación para el Desarrollo Social Tanai Hawa por más de 3.000 millones de pesos, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria al jefe de la Oficina de Contratación de la Alcaldía de Floridablanca, Mario Barragán Pachón; al secretario de Educación del municipio, Juan Carlos Ostos Guevara, y a la supervisora designada, Yuislay Correa Agudelo.

La Entidad investiga presuntas irregularidades contractuales, deficiencias y debilidades en la ejecución, seguimiento y control de las obligaciones derivadas de dicho convenio.
Además, investiga si la contratación directa como modalidad para la selección del operador del programa se realizó de manera sesgada y subjetiva, sin tener en cuenta la idoneidad y experiencia para ejecutar el objeto contractual.

Pitalito

El órgano de control abrió investigación disciplinaria en contra del alcalde del municipio de Pitalito, Miguel Antonio Rico Rincón, y el mandatario local encargado, Jorge Enrique Motta Carvajal, por presuntas irregularidades en la celebración de tres contratos con la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Limitada por más de 7.800 millones de pesos.

La Procuraduría investiga presunto direccionamiento de la contratación a favor del operador que habría vulnerado los principios de responsabilidad, transparencia, y el deber de selección objetiva.
Indagación Huila y Cúcuta

La Procuraduría abrió indagación preliminar a funcionarios de la Gobernación de Huila y de los municipios de Neiva y Pitalito por presuntas irregularidades en la celebración de seis contratos con la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones.

En un nuevo proceso disciplinario, el órgano de control ordenó indagación a funcionarios por determinar de la Alcaldía de Cúcuta por posibles anomalías en la contratación adelantada con la misma cooperativa.

Pliego de cargos a funcionarios de MinEducación

La Procuraduría formuló pliego de cargos al viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación Nacional, para el año 2015, Luis Enrique García de Brigard, por presuntas irregularidades en la implementación del Programa de Alimentación Escolar -PAE- en el departamento de Santander.

La medida también cobija a la subdirectora de Permanencia y supervisora del contrato No. 374-2015, Martha Elena Herrera Cifuentes; la subdirectora de contratación del Ministerio de Educación Nacional, Luz Karime Jaimes Bonilla, y el rector de la Universidad de Antioquia, Alberto de Jesús Uribe Correa.

El ente de control señaló que los disciplinables pudieron incurrir en una posible omisión de los lineamientos que rigen la contratación estatal con la puesta en marcha del convenio 374-2015 con la Unión Temporal Nutrisantander, que tenía por objeto “implementar el programa de alimentación escolar, a través del cual se brinda un complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes en la matricula oficial, acorde con los lineamientos técnico administrativos y estándares del programa y bajo la modalidad del contrato de aporte”, y que tuvo un valor de más de $13.421 millones.

EN LA GUAJIRA

Mientras tanto, el Consejo de Estado dejó en firme el fallo de la Procuraduría General de la Nación que sancionó con destitución e inhabilidad por el término de 12 años al alcalde de Riohacha, Fabio David Velásquez Rivadeneira, por irregularidades en la contratación del operador del Programa de Alimentación Escolar –PAE-, por un valor superior a los $5.700 millones.

La Sección Primera de la alta corte revocó el fallo de tutela del Tribunal Administrativo de La Guajira y declaró improcedente la solicitud de amparo hecha por el alcalde Velásquez Rivadeneira a sus derechos políticos, a la igualdad y al debido proceso, en la que también solicitó la suspensión de los efectos jurídicos de la decisión tomada por el órgano de control disciplinario.

Para la sala, la tutela no es el mecanismo para atacar las decisiones de la Procuraduría, ni para realizar un examen de legalidad sobre los actos emitidos por el Ministerio Público.

El pasado mes de abril, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en fallo de segunda instancia, dejó en firme la destitución e inhabilidad contra el mandatario municipal por irregularidades en la selección de la Asociación Social del Caribe (Asocar), para suministrar alimentación a los estudiantes de Riohacha registrados en el Sistema Integrado de Matrícula, (Simat).