La confirmación de suspensión de 9 meses la emitió la Procuraduría General de la Nación, por elegir y posesionar a Ramiro Sánchez, como contralor de la ciudad, a pesar de las inhabilidades que tenía para ejercer este cargo.

Según el organismo de control, Sánchez, estaba inhabilitado para ejercer el cargo como contralor para el periodo 2016 – 2019, al haberse desempeñado dentro de los 12 meses anteriores a su elección como director territorial de la Escuela Superior de Administración Publica, ESAP-.

Asimismo, el organismo aseguró que fue la elecció del Contralor fue declarada nula en última instancia por el Consejo de Estado, que encontró que el nombramiento hecho por el cabildo de Ibagué, había recaído en alguien inhabilitado.

Para la Procuraduría, los concejales disciplinados vulneraron los principios de eficacia y moralidad administrativa al infringir el marco jurídico reglamentario de la elección de los contralores municipales.

La falta de los funcionarios del concejo fue calificada definitivamente como gravísima cometida a título de culpa grave.

Contra esta decisión no procede recurso.