Para el Ministerio Público, Jácome Rincón no logró probar ninguna causa que la excluyera de su responsabilidad, pues no solamente omitió la declaratoria que le hubiera permitido celebrar los contratos que ameritaba la situación de manera directa, sino el control que obligatoriamente debía desplegar la Contraloría como órgano de control fiscal.
La sanción impuesta a la funcionaria podrá ser conmutable en 2 meses del salario mensual básico devengado en la época de los hechos.
El fallo confirmó además la conducta de la disciplinada como falta grave cometida en la modalidad de culpa grave.
