Líderes sociales de Bogotá reclaman protección y garantías para sus vidas

septiembre 5, 2019 8:07 pm

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En el Auditorio Luis Guillermo Vélez se realizó la Audiencia Pública sobre Inseguridad y Paramilitarismo en Bogotá, convocada por los senadores Aida Avella (Decente) y Carlos Lozada (Farc), con la asistencia de líderes sociales de diferentes localidades de la ciudad y de autoridades locales.

La senadora Avella aseguró que en toda la ciudad de Bogotá están los grupos de paramilitares y se practica el comercio de armas “Aquí se dan muchas amenazas a los líderes sociales, en las últimas semanas se han producidos hechos tan estremecedores como la desmembración de personas en localidades y el área Metropolitana como Soacha. Se habla de casas de piques”.

Aseguró que existen unas bandas que están propiciando la adicción de niños en las escuelas y el reclutamiento de jóvenes adolescentes. Dijo que la inseguridad ronda en todos los lugares de la ciudad. La congresista reclamó la presencia de las autoridades en las localidades.

“Indiscutiblemente en Bogotá está la presencia de los grupos paramilitares, pero son las autoridades las que tienen que garantizar la seguridad de los ciudadanos. Hoy hemos escuchado denuncias, que policías están involucrados en estas actividades delictivas y esto hace sentir desconfianza en los ciudadanos, hacia quienes tienen la misión constitucional de proteger su vida, honra y bienes. Entre todos podemos colaborar, pero les pedimos a las autoridades que cumplan con su deber”. Aseguró que todos saben dónde están las ollas y dónde se hacen los negocios del comercio de armas y sin embargo, las autoridades no actúan.

Por su parte, el senador Carlos Lozada (FARC) afirmó que toda esta situación de inseguridad y la presencia del paramilitarismo se contrarresta con una política pública integral, que garantice la seguridad en el campo y la ciudad. “En esta audiencia vemos las alertas que ha venido haciendo la Defensoría del Pueblo y las denuncias de los lideres. Vemos que el paramilitarismo es una realidad en la ciudad de Bogotá.

Esto tiene que ver con el compromiso que hizo el Estado en el Acuerdo de Paz, en el sentido, que se cree la Unidad para el desmonte de esos grupos, en los territorios y Bogotá. Está demostrado que esa estructura se extiende a los barrios de la periferia de las grandes ciudades”. Afirmó que el Estado está obligado a desarrollar esa política de desmantelamiento de estos grupos.

Intervención de las autoridades

Ricardo Arias, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, manifestó que se requieren políticas públicas para la protección y garantías de los líderes sociales. Debemos apuntarle a una seguridad integral. Tenemos que ser ese país, donde se destaque el papel de nuestros soldados y policías. Ellos son los primeros en la defensa de los derechos humanos».

Por su parte, Javier García, de la Fiscalía Seccional Bogotá, dijo que da un parte de tranquilidad a la ciudadanía, porque están trabajando de la mano con la Policía Judicial, las víctimas y la comunidad en general para desmantelar a todas las bandas delictivas en las diferentes localidades de la ciudad. García informó que han capturado a 213 bandas delictivas y tienen en mira otras 90.

Asimismo, Rafael Hernando Navarro, de la Defensoría del Pueblo, manifestó que toda esta situación es un conflicto que funciona con la participación de la delincuencia organizada, que trabajan en las alertas tempranas para detectar los riesgos y tomar medidas con las autoridades. Solicitó al Gobierno Nacional que se tomen las medidas para proteger la vida de quienes participen en política, al igual la de los líderes sociales.

Francisco Pulido, subdirector de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, expresó que esa dependencia avanza en los programas en la prevención y protección de los Derechos Humanos de los habitantes de la ciudad. Sostuvo que todas las actividades las realizan, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Participación de líderes sociales

Sebastián Quiroga, representante de la ciudadanía, expresó que en la capital del país se da la violencia política en la oposición. Denuncia que también existe una estrecha relación entre los que venden las sustancias de uso ilícito y las autoridades. “Esto aumenta la inseguridad en la ciudad”.

Por su parte, Heidy Sánchez, indicó que en el último año, la inseguridad en la ciudad ha aumentado en un 57%. Pide que se persiga a los grandes expendedores de drogas, quienes originan la inseguridad. “Los jóvenes y niños vienen siendo objeto de éste tipo de negocio con la droga, mediante el consumo y la distribución de la distancia”. Agregó que existe una violencia generalizada, pide que se determinen las acciones para acabar con las bandas del narcotráfico, reclama las estrategias en seguridad y oportunidades para los jóvenes.

Entre tanto el abogado Camilo Fragua, denuncia que en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Kennedy, se ha fortalecido la violencia social, debido a que en Bogotá se le ha dado la espalda a la implementación de los Acuerdos de Paz. Solicitó un programa para que controle el narcotráfico y el reclutamiento forzado, al igual que saquen las armas y el discurso de odio en las actividades políticas.

En la intervención de Omar Díaz, defensor de Derechos Humanos, de la Localidad de Kennedy, señaló: «Las Águilas Negras empezaron a volar por las localidades de nuestra ciudad, vemos de manera cruda como se hacen las llamadas limpieza social”. Añadió que “estas bandas criminales son una estrategia política contra los jóvenes que pensamos distintos». Dijo que es necesario que el Gobierno se comprometa a garantizar los derechos de los líderes sociales. «Necesitamos condiciones para la vida, no más jóvenes para la guerra» y pidió garantías para la vida.

Entre tanto, José Mauricio Esguerra, de la Red de Derechos Humanos de Bogotá, afirmó que desde el año 2017 han aumentado las amenazas y asesinatos en la periférica de la ciudad. Denunció que han identificado los grupos armados, conocidos como ‘Los Paisas’, ‘Los Costeños’ y ‘Los Venezolanos’. «Ellos refuerzan el sicariato, el reclutamiento forzado en la ciudad y se ha recrudecido el paramilitarismo». Exigió que el gobierno local se apersone de todos los casos de violencia e inseguridad en las localidades. Se refirió a los miembros de la Policía que participan en estos actos delictivos.

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