–Un llamado al régimen de Nicolás Maduro y a la oposición para que superen sus diferencias y den prioridad a la negociación, que considera como la única manera para poder superar la actual situación, hizo la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al presentar este lunes en Ginebra, Suiza, su informe sobre el panorama venezolano.

Aunque advierte que desde la presentación de su informe el pasado 5 de julio, la situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela y con claros impactos desestabilizadores en la región, resalta que el régimen de Maduro «ha confirmado su voluntad de avanzar sobre la base de los compromisos en materia de derechos humanos asumidos».

Empero, reafirma que la situación económica y social sigue deteriorándose rápidamente, restringiendo el ejercicio de los derechos económicos y sociales de millones de personas.

Resalta que la economía atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales.

Al día de hoy–subraya–, el salario mínimo equivale a 2 dólares mensuales, en comparación con los 7 dólares en junio. Así, una familia necesita percibir el equivalente a 41 salarios mínimos mensuales para poder cubrir la canasta básica alimentaria. La dolarización de facto en varios sectores de la economía está exacerbando las desigualdades. Los servicios públicos han seguido presentando fallas graves y recurrentes, con especial intensidad en el estado Zulia. El desabastecimiento de combustible fuera de Caracas ha agravado la situación.

De otro lado, Bachelet reitera su preocupación por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

«Pese a las excepciones contempladas en las últimas sanciones en el área de asistencia humanitaria, el escrutinio estricto (over-compliance) del sector financiero, la reducción de los ingresos públicos y la caída en la producción petrolera está teniendo ya un fuerte impacto en los programas sociales y en la población en general. Todo esto contribuye a agravar la situación humanitaria y el éxodo de personas venezolanas», precisa.

También reseña los graves problemas de salud, el insuficiente acceso a medicamentos y tratamiento de más de 400 mil personas que padecen enfermedades crónicas y las muertes que se siguen causando por falta de atención médica.

Además señala que su Oficina ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional – conocidas como FAES – en algunos barrios del país. Tan sólo en el pasado mes de julio la organización no-gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros del FAES en Caracas, añade.

«Mi Oficina no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las FAES y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del Gobierno», complementa.

Adicionalmente indica que según información recibida recientemente por parte del Ministerio Público, de agosto de 2017 a mayo de 2019, se condenaron a 104 miembros de fuerzas de seguridad por violación a los derechos humanos.

De otra parte, destaca que desde la presentación de su último informe, la Asamblea Nacional Constituyente, a petición del Tribunal Supremo, ha levantado la inmunidad parlamentaria a otros cuatro diputados de la Asamblea Nacional, elevando el número total a una parlamentaria y 24 parlamentarios despojados de inmunidad, incluido su Presidente. Dos parlamentarios siguen en detención preventiva a la espera de juicio. Confío en que mi oficina pueda visitarles pronto.

Igualmente señala que su Oficina documentó casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares. Las condiciones de detención no cumplen con los estándares internacionales básicos y las personas detenidas no tienen acceso a atención médica adecuada. Solicito a las autoridades tomar acción para corregir estas prácticas, permitir acceso médico e investigar violaciones a los derechos humanos.

Al efecto, reseña que la autopsia del Capitán Acosta Arévalo, quien falleció bajo custodia el 29 de junio, continúa diciendo, reveló que había sufrido múltiples golpes, contusiones, excoriaciones y quemaduras en varias partes del cuerpo. Sufrió fracturas en 16 costillas, el tabique nasal y el pie derecho. Las autoridades reportaron que dos oficiales de la DGCIM habían sido detenidos y acusados de homicidio preterintencional, pero no de haber cometido actos de tortura. Aliento a las autoridades a que investiguen las denuncias de tortura, castiguen a los responsables, reparen a las víctimas y adopten medidas para evitar su repetición.

Según las últimas cifras de Naciones Unidas hay más de 4,3 millones de personas venezolanas refugiadas y migrantes en el mundo, precisa Bachelet y agrega:

Celebro los esfuerzos realizados en materia de recepción, documentación y acceso a derechos en los países de acogida. Concuerdo con las palabras de Eduardo Stein, Representante Especial del Secretario General para los refugiados y migrantes venezolanos, sobre la necesidad de adoptar medidas para garantizar una migración segura, ordenada y regular, las mismas no deberían imponer obstáculos de acceso al territorio que pueden incrementar la migración irregular, y exacerbar los riesgos a ser víctimas de diversas formas de violencia y explotación. Preocupan los informes de brotes de xenofobia en países de la región y redoblo mi pedido a las autoridades de los países de acogida para mitigarlos y prevenirlos preservando los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

También señala que su Oficina ha seguido documentando casos de personas migrantes víctimas de trata, particularmente mujeres, niñas y niños, con fines de explotación sexual, laboral y de reclutamiento para actividades ilícitas por parte del crimen organizado y de otros grupos armados. Las víctimas rara vez denuncian por temor a represalias o a ser deportadas, así como debido a la corrupción, impunidad y falta de servicios de atención adecuados. Asimismo, se documentó la desaparición de decenas de personas migrantes cuyas lanchas naufragaron o desaparecieron en las costas caribeñas, aparentemente relacionada con redes de trata y tráfico de personas hacia las islas del Caribe.

Expresa luego preocupación por la información recibida por la Alta Comisionada según la cual algunas organizaciones de la sociedad civil y sus representantes que colaboraron en la preparación de mi último informe a este Consejo, fueron víctimas de descalificaciones públicas y amenazas por altos funcionarios siguiendo su publicación. Las represalias por haber cooperado con las Naciones Unidas son inaceptables e insto a las autoridades a que tomen medidas de prevención.

«Reitero mi llamado tanto al Gobierno como a la oposición para que superen sus diferencias y den prioridad a la negociación que considero como la única manera para poder superar la actual situación. Una vez más expreso mi disponibilidad y la de mi oficina, fuera y dentro del país, para acompañar todos los esfuerzos que contribuyan a superar la actual crisis que afecta a millones de venezolanos. Apoyo el espacio facilitado por el reino de Noruega, así como las diversas iniciativas de dialogo que la comunidad internacional está impulsando, concluye Bachelet en su informe.