El Gobierno de Chile realizó este jueves una nueva redada migratoria en las calles de Santiago y tres ciudades norteñas para comprobar la situación legal de los extranjeros que deambulaban por la zona y determinar sanciones para aquellos que no tuvieran regularizada su documentación.

En la capital chilena, en la céntrica Plaza de Armas, varias decenas de agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile reclamaron su documentación a personas que a simple vista aparentaban ser extranjeros.

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, encabezó el operativo en Santiago y explicó que estos procedimientos, que se realizaron de forma simultánea en Arica, Iquique y Antofagasta, buscan registrar la situación de unos 85.000 migrantes hasta fines de 2019 en todo el país.

En el centro de Santiago, si la persona mostraba a los agentes sus documentos y estos estaban en regla no había problema, pero si no los tenía o los tenía caducados o en situación irregular, eran detenidos y subidos a un autobús de la PDI para poder comprobar su situación.

«De no tenerlo se le lleva a la unidad policial de investigaciones y ahí se le da posibilidades de que si no los tenía físicamente pero sí los tiene en su domicilio, poder adjuntar los antecedentes», indicó.

Este es un procedimiento aleatorio de registro por parte de la PDI que ha conseguido fiscalizar desde que se puso en marcha en mayo de este año a unas 65.000 personas en todo el país.

El subsecretario indicó que el 8 % de los ciudadanos extranjeros registrados en la vía pública en los diversos operativos de esta naturaleza tenían alguna infracción asociada a la ley de extranjería.

«Las faltas migratorias son muchas, pero la gran mayoría de ellos son personas que se les vencieron sus visas o no renovaron de acuerdo a lo que la ley establece», detalló.

Ubilla explicó que estos operativos se suman a los diferentes esfuerzos del Gobierno del presidente Sebastián Piñera por regular la situación migratoria en Chile.

Entre estos procedimientos están las expulsiones de extranjeros, que en 2019 ascienden a 1.520 personas, un aumento en relación a las 1.378 del 2018.

Sin embargo, Ubilla indicó que el año pasado la mayoría de las expulsiones fueron de personas que tenían ordenes judiciales en su contra tanto en Chile como en sus países de origen, pero en 2019 la mayoría de las infracciones corresponden a un componente administrativo, «principalmente que ha ingresado por pasos no habilitados».