Las denuncias las hizo este martes Jaime Paredes, el abogado de Salvatore Mancuso, por medio de una carta que el jurista dirigió al presidente de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, alertando presuntas irregularidades en los llamados a su cliente para testificar en caso contra Álvaro Uribe por una posible manipulación de testigos.

Paredes manifestó que fue por medios de comunicación que se enteraron de la solicitud a Salvatore Mancuso para realizar «diligencias judiciales (…) sin haber sido notificado como su abogado, mucho menos, él como requerido».

Y agregó que «recientemente lo han sacado para audiencias por videoconferencia», pero «finalmente» las diligencias se han cancelado y Mancuso no ha podido dar su versión.

Puntualizó el jurista que su cliente está listo «cuando se le requiera para adelantar cualquier actuación judicial».

En junio pasado se dio a conocer, desde los Estados Unidos, la solicitud del extraditado exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep), para ser recibido e iniciar un proceso en ese tribunal.

Mancuso hizo críticas a la Ley de Justicia y Paz, implementada durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y señaló que:

“Quiero decirles que la Ley de Justicia y Paz, debido a las fallas conceptuales y múltiples deficiencias, está en agonía y no se vislumbra una fecha para terminar ese proceso; recordemos que fui el primero en advertirlo en el año 2006”.

Y agregó que: “como estaba concebida la ley 975 de 2005 y la metodología empleada, nos íbamos a demorar más de cien años para cumplir con los procedimientos, entre ellos el de repetir los mismos hechos en audiencias con diferentes nombres y que conste que para ese momento aún no estábamos extraditados”.

Sostuvo que estas razones hacen que se destaque la concepción de una JEP prevalente, independiente, que cuenta con una normatividad propia.