Con votación unánime pasó a su segundo debate la iniciativa legislativa que otorga herramientas administrativas especiales para la organización, funcionamiento, protección cultural, étnica y ambiental de los departamentos del Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés.

A través del proyecto se busca adicionar al artículo 130 de la Constitución Política disposiciones que permitan la efectiva protección y preservación de la biodiversidad de la riqueza ambiental de los departamentos que forman parte de la región de la Amazonía en el sur-oriente del país.

También propende por la cultura de las comunidades indígenas que los habitan, con el fin de establecer un régimen especial en consideración a las características del territorio que tiene dificultades de acceso, zonas no carreteables, baja densidad poblacional y con unas circunstancias socioeconómicas particulares.

Una de las ponentes en la Comisión Primera es la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), quien explicó que la iniciativa es el resultado de un diagnóstico adelantado acera de la situación del departamento de Amazonas a efectos de demostrar las condiciones de desigualdad de dicho territorio en comparación con los demás departamentos del país, entre los que se cuentan los altos índices de desigualdad que llegan al 73.8%, así como las necesidades básicas insatisfechas, que lo ubican en el quinto departamento más desigual , según el ranking de 2012.

A la anterior situación se le suma la desnutrición crónica catalogada en un 28,6% en comparación con el resto del país que han ocasionado tasas de mortalidad infantil y suicidios que se consideran los más altos del país, según el DANE, según indicó la legisladora.

En su exposición de motivos manifestó que dicha región tiene un bajo desempeño fiscal, que la ubica en el puesto 30 de 31 departamentos. Además, señaló que en el aspecto relacionado con la etnia, se han venido perdiendo tradiciones y costumbres de las comunidades indígenas y ancestrales ante la alta migración a esa zona, según se evidencia en datos estadísticos oficiales que establecen un incremento de la población en el territorio, pasando de 6.414 habitantes en 1938 a 46.950 en 2005, lo que ha generado un preocupante índice de subempleo que llega al 53% y que ha causado una crisis social.

Recordó otras falencias para sus habitantes debido a la deficiencia en la prestación de servicios públicos, los cuales están concentrados en las cabeceras municipales y el no desarrollo de la infraestructura por serias dificultades de acceso y desarticulación con la red terrestre del país entre otros.

Adicionalmente, los autores de la iniciativa consideraron que la misma constituye un esfuerzo mancomunado por develar las condiciones particulares de los departamentos en la medida en que, al establecer normas especiales, se podría redundar en mejores niveles de bienestar para la población al apropiar políticas públicas desde el nivel local y, de esta manera, cumplir con los fines esenciales del Estado.

El proyecto de acto legislativo, luego de ser aprobado en la sesión de la Comisión Primera, pasa ahora a su segundo debate ante la plenaria y proseguir en su gestión legislativa.