–La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad Especial de Investigación (UEI), logró que el Juzgado Primero Ambulante de Cúcuta, con función de control de garantías, impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de dos hombres, señalados de participar en el crimen del defensor de derechos humanos Jorge Luis Solano Vega, registrado el 3 de noviembre de 2020 en Ocaña (Norte de Santander).

En el marco de la estrategia de investigación y judicialización por afectaciones contra defensores de derechos humanos, definida como una prioridad por el Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa Delgado, la UEI les imputó cargos a Carlos Daniel Pinzón Ramírez, alias Ñingui; y a Luis López Delgado, alias Luis; por los delitos de homicidio agravado, en calidad de coautores; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y concierto para delinquir agravado.

Los dos investigados fueron capturados en medio de una operación conjunta entre servidores del CTI, el Cuerpo Élite de la Policía y personal del Ejército Nacional, durante diligencias de allanamiento y registro en los municipios nortesantandereanos de Convención y Ocaña.

Los elementos materiales probatorios y la evidencia física recaudada dan cuenta de que los dos hombres al parecer ejecutaron el homicidio por la suma de $40 millones y habrían cumplido roles específicos.

Alias Ñingui sería quien supuestamente se encargó de la logística del homicidio contratando a los autores materiales, además de conseguirles el revólver calibre 32. Por su parte, alias Luis habría realizado la vigilancia a la víctima días antes y durante el hecho. También se presume que fue quien transportó el arma el día del crimen.

Por el homicidio de Solano Vega, presidente de la Organización de Víctimas de Desaparición Forzada Asvida y delegado de la Mesa de Víctimas de Ocaña, permanece asegurado en centro carcelario desde el 13 de noviembre último Jhon Freddy Espinosa Álvarez, alias el Burro, quien fue imputado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego agravado.

La Fiscalía estableció que la víctima era reconocida en el municipio por sus constantes denuncias contra funcionarios de la administración municipal que estarían involucrados en supuestas irregularidades de contratación en el hospital y otras entidades locales.