–En comunicación enviada a la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisidicción Especial para la Paz, JEP, la Procuraduría General de la Nación reiteró la petición hecha en agosto de 2021 para que se abra un macrocaso que abarque y centre los esfuerzos de investigación en hechos de violencia sexual y reproductiva ocurridas en el conflicto armado en Colombia.

Para el Ministerio Público, muchos sucesos de esta clase aún no han sido priorizados ni seleccionados por la JEP, a pesar de su gravedad. Esto exacerba la invisibilidad del fenómeno.

“Todos los actores armados, legales e ilegales, han cometido diversas formas de violencia, motivados por la discriminación basada en el género y originadas en la sexualidad de las víctimas”, se explica en la solicitud.

Los cuatro procuradores delegados ante la JEP que firmaron la misiva, aseguran que además del acceso carnal o violación, se presentaron otros vejámenes graves contra niñas, mujeres y personas con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversas que no están siendo investigados.

“Han transcurrido varios meses desde que la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, SRVR, reconoció que en el marco del conflicto armado las violencias por prejuicio fueron centrales para los proyectos de dominación que establecieron los actores armados en el territorio; no obstante, no se ha priorizado aún el macrocaso 11” asegura la carta.

Finalmente señaló en su comunicación que el enfoque diferencial es uno de los estándares que rigen el funcionamiento de la JEP, y bajo este, debe darse énfasis a las necesidades de las víctimas mujeres, niñas y niños, quienes sufren de una manera desproporcionada y diferenciada los efectos de las graves infracciones y violaciones cometidas con ocasión del conflicto.

Luego de analizar todos los antecedentes normativos y legales, los informes de las víctimas y de instancias como la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Procuraduría concluyó que la SRVR, debe priorizar el macrocaso de violencia sexual y violencias basadas en género, como consecuencia necesaria de aplicar taxativamente sus propios criterios de priorización.