–En una acción que emula a la que realiza presidente Nayib Bukele en El Salvador, el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro en Honduras impuso un «estado de excepción» en aproximadamente 160 barrios considerados peligrosos de las ciudades de Tegucigalpa, la capital, y San Pedro Sula, las dos más importantes del país centroamericano, para «cazar» delincuentes, según la publicación del Diario Oficial «La Gaceta», .

La medida ya se había anunciado con anterioridad, aunque entonces no se habían dado a conocer los detalles de los lugares donde se aplicaría.

El decreto PCM 20-2022 establece en su artículo primero suspender las garantías constitucionales a partir de las 18:00 hora local de este martes hasta la misma hora del 6 de enero de 2023.

El mismo artículo faculta a la Policía Nacional a detener a las personas que determine y considere responsables de asociarse, ejecutar o tener vínculos con la comisión de delitos y crímenes contemplados en el decreto.

Instruye que la libre circulación se realice con normalidad en todo el territorio hondureño, aún en las zonas con «estado de excepción».

El ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, dijo en rueda de prensa que «el ciudadano de a pie que trabaja no debe preocuparse», ya que la operación «va dirigida a intervenir a los criminales e impedir sus actividades».

Honduras enfrenta una lucha contra la extorsión de maras o pandillas, las cuales se han incrementado en los últimos 20 años.

Representantes de pequeñas, medianas y grandes empresas tienen que pagar a las pandillas a cambio de preservar la vida, lo que ha provocado el cierre de miles de negocios en el país de Centroamérica.

En recientes operativos contra la delincuencia, la policía local logró capturar en el país a más de 100 pandilleros, además de desmantelar a distintas bandas criminales.

Los riesgos de replicar este modelo en la región

Tamara Taraciuk, subdirectora de la división para las Américas de Human Rights Watch (HRW), afirmó que esta forma para frenar a las maras «dista mucho de un modelo a seguir, ni para Honduras, ni para ningún otro Gobierno de la región».

«Los Gobiernos latinoamericanos no deberían enceguecerse con la actual popularidad de Bukele, porque la historia muestra que las políticas de mano dura, a la larga no sirven para mejorar la inseguridad», agregó Taraciuk.

Por su parte, José Marinero, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, declaró a DW que «la adopción de esta medida en Honduras sugiere una convergencia regional incentivada por los evidentes réditos políticos que esta medida represiva ha tenido para Bukele en El Salvador. No creo que Honduras vaya a ser el único país que intente algo similar».

Según cifras oficiales, más de 58.800 presuntos pandilleros han sido arrestados desde que la medida, que limita las libertades individuales y cerca las ciudades con militares, entró en vigor.

Algunas detenciones fueron cuestionadas por diferentes organizaciones de derechos humanos, que denuncian «casos de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como decenas de casos de tortura y malos tratos, e incluso casos de personas que han muerto bajo tutela del Estado», según declaró a DW Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El estado de excepción «ha llevado a gravísimos abusos, incluyendo miles de detenciones arbitrarias de individuos solo por su apariencia física, desapariciones forzadas y decenas de muertes en custodia en circunstancias muy cuestionables», criticó Taraciuk, de HRW.

La fórmula para frenar el crimen «no tiene respuestas fáciles y rápidas. Supone planificar e invertir en educación, en servicios públicos de calidad, en fortalecimiento de las capacidades de investigación policial, en programas de reinserción social, en generación de oportunidades formativas y laborales para la juventud, entre otras cosas», añadió Marinero.

Por su parte, Taraciuk cree que deben abordarse «las causas estructurales que llevan a miles de jóvenes a unirse a ellas (las pandillas) como, por ejemplo, la marginación social y la falta de programas que ofrezcan oportunidades laborales y educativas a expandilleros, sobre todo en un contexto de desigualdad socioeconómica».

Guevara Rosas, de Amnistía Internacional, subrayó que «una política robusta de seguridad pública solo se logra si se tiene en la mesa una visión integral y un proceso participativo, donde las organizaciones de derechos humanos salvadoreñas tienen una larga trayectoria y experiencia, lo que les permitirá hacer propuestas integrales». (Con información de Agencia xinhua y DW).