–Tras ser capturado por su propia escolta, el destituido presidente peruano Pedro Castilllo fue conducido este miércoles al penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, en el que también está recluido el expresidente Alberto Fuijimori, quien cumple su condena de 25 años de cárcel, mientras es procesado por rebelión y conspiración.

Después de permanecer varias horas detenido en la Prefectura de Lima, Castillo fue conducido en medio de un fuerte resguardo a un cuartel policial en el distrito del Rímac para abordar un helicóptero que lo llevó al penal de Barbadillo, como se conoce a la prisión policial ubicada en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes).

Según lo reportaron medios de comunicación locales, Castillo salió esposado de la Prefectura de Lima.

Tras ser conducido a este establecimiento, un equipo del Ministerio Público, encabezado por la fiscal general, Patricia Benavides, y de la Policía Nacional hizo su ingreso al Palacio de Gobierno, como parte de las diligencias preliminares contra Castillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. De igual forma, la Fiscalía llegó a los locales de algunos ministerios para recabar documentación que contribuya a la investigación abierta contra el ex jefe de Estado.

Castillo fue detenido por su propia escolta cuando se dirigía a la embajada de México, tras anunciar su golpe de Estado.

Según el parte policial que divulgó el Canal N., el jefe de escolta presidencial, el mayor PNP Luis Alarcón Trujillo, alertó al instructor coronel PNP Walter Bryan Erick Ramos Gómez —jefe de la División de Seguridad Presidencial— y al comandante PNP Miguel Ángel Carpio Zúñiga —jefe del departamento de Escolta de Seguridad Presidencial— sobre “el desplazamiento con dirección desconocida” del exmandatario de la nación.

Asimismo, detalla que la familia presidencial abordó dos vehículos. En uno de ellos se encontraba Castillo Terrones y la ex primera dama Lilia Paredes en compañía de su menor hija. Además, estaba presente el exjefe de gabinete, Aníbal Torres.

“Cuando nos encontrábamos a la altura de la intersección de la avenida Tacna y Nicolás de Píerola, el SS PNP Nilo Aladino Irigoin Chávez —seguridad inmediata del presidente— ordenó al S1 PNP Josspeh Michael Grandez López —conductor del vehículo de placa EGY-552 (cofre)— se dirija a la embajada de México (…) por lo que prosiguió con dirección a la sede de esta embajada”, se lee en el parte policial.

No obstante, a las 1.35 p. m., Grandez López recibió la llamada del General PNP Iván Lizzeti Salazar, quien es Director de Seguridad del Estado, “disponiendo que por orden superior se intervenga al señor José Pedro Castillo Terrones por encontrarse en flagrancia del presunto delito de rebelión, abuso de autoridad e infracción” a la carta magna.

Tras ello se “dispuso detener a la comitiva, a la altura de la intersección de la avenida Garcilaso de la Vega y avenida España”. Luego, en el documento se señala que se procedió a la intervención y detención de Pedro Castillo Terrones.

“Por medida de seguridad fue trasladado a la sede de la Región Policial Lima, sito en la avenida España 400, a fin de realizar las diligencias urgentes y necesarias de acuerdo a la ley”, puntualiza en el documento.

La Fiscalía de la Nación de Perú dispuso este miércoles iniciar diligencias preliminares contra el expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración, tras el anuncio del cierre del Congreso y la instauración de un «gobierno de emergencia» en su país.

«La Fiscalía de la Nación dispone iniciar diligencias preliminares contra Pedro Castillo, en su condición de presidente, por la presunta comisión del delito contra los poderes de Estado y orden constitucional, modalidad de rebelión, en agravio del Estado», escribió el Ministerio Público en Twitter.

Inmediatamente después, agregó que la investigación también se extiende a «la presunta comisión de los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de conspiración, en agravio del Estado».

Mientras tanto, Dina Boluarte fue juramentada por el Congreso como presidenta de la república, convirtiendose en la primera mujer en asumir la jefatura del Estado peruano, después de que el mismo parlamento cesara de sus funciones a Pedro Castillo por «incapacidad» moral, en una trepidante jornada que incluyó el intento de disolución del Parlamento, la declaratoria de un estado de excepción y denuncias de rupturas al orden democrático.

Boluarte, quien hasta ahora ocupaba el cargo de vicepresidenta, tomó el lugar de quien fuera su compañero de fórmula durante las elecciones del 6 de junio de 2021. Sin el compromiso de una organización política tras su expulsión de Perú Libre, en enero de este año, la flamante mandataria hizo un llamado a la «más amplia unidad de todas y todos los peruanos».

Durante su juramentación, la abogada nacida en la ciudad de Chalhuanca, departamento de Apurímac, llamó a defender la soberanía nacional y «la independencia de las instituciones democráticas».

Boluarte rechazó más temprano la decisión anunciada en la mañana por Castillo de disolver el parlamento para establecer un Gobierno de excepción que le devolviera al país «el estado de derecho y la democracia».

«Defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la república y la independencia de las instituciones democráticas», dijo Boluarte durante la jura tras recibir la banda presidencial de parte del titular del Parlamento, José Williams.

Y añadió: «Asumo de acuerdo con la Constitución de Perú, desde este momento hasta el 26 de julio de 2026», cuando estaba previsto el fin del mandato de Castillo.

Minutos después, tras su llegada al Palacio de Gobierno en Lima, señaló que «lo más importante es no cometer los mismos errores, sino seguir avanzando».

«Se ha producido un intento de golpe de Estado. Una impronta promovida por el señor Pedro Castillo que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia ni en la calle. Este Congreso de la República, atendiendo al mandato constitucional, ha tomado una decisión y es mi deber actuar en consecuencia», señaló Boluarte.

Y añadió: «Asumo el cargo de presidenta constitucionalidad de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, y mi primera invocación es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos».

La flamante presidenta llamó a una «tregua política» para instalar un gobierno de «unidad nacional», para rescatar al país de la «corrupción y el desgobierno».

Boluarte es abogada por la Universidad Particular San Martín de Porres, en donde cursó una maestría en Derecho Notarial y Registral. En 2015, fue nombrada jefa encargada de la Oficina Registral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) en el distrito limeño de Surco. Posteriormente, asumió como primera vicepresidenta de los Clubes Departamentales de Perú.

Su acercamiento con Perú Libre inició en 2018, cuando el partido la eligió candidata a la alcaldía de Surquillo. Boluarte participó en las elecciones parlamentarias extraordinarias de 2020, las cuales fueron convocadas por el entonces presidente Martín Vizcarra tras disolver el Congreso. No obstante, la abogada no obtuvo un escaño.

En 2021, Perú Libre postuló a Castillo para la presidencia y a Boluarte como vicepresidenta. La fórmula obtuvo la victoria en segunda vuelta. Ya en el poder, el 29 de julio la abogada asumió el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, un puesto que mantuvo hasta el pasado 25 de noviembre, cuando se hizo a un lado después de que Betssy Chávez asumiera como titular del Consejo de Ministros. (Con información de DW Y RT).