La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), comenzó los trámites para que 16 miembros de la fuerza pública, sean vinculados al Caso 08: Crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano.

Los involucrados hacen parte de las Fuerzas Militares, de las Brigadas XI y XVII de la Primera División del Ejército Nacional, qienes podrían haber tenido conocimiento del reclutamiento e incorporación de miembros del EPL y las Farc a las filas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).

Las salas y secciones de la JEP, deberán actuar de manera coordinada, se resolvió compulsar las copias después de analizar miles de documentos y 20 de testimonios obtenidos en el proceso judicial del Caso 06, que investiga la victimización de los militantes de la Unión Patriótica.

Los miembros del Ejército y la Policía Nacional contra los que se ordenó compulsar copias son: Francisco Leonardo Ortiz Chavarro, comandante de la Brigada XI para 1996; Leonardo Barrero Gordillo, comandante del Batallón Junín para 1996 y quien asumió como comandante de las Fuerzas Militares entre 2013 y 2014; René Sanabria Amaya, comandante de Inteligencia de la Brigada XI para 1996; Rito Alejo del Río Rojas, comandante de la Brigada XVII para 1996 y 1997 y Eduardo León Figueroa, comandante del Batallón Francisco de Paula Vélez (Bivel) entre noviembre de 1995 y octubre de 1996.

Así mismo se compulsaron copias contra Jorge Luis Mejía, comandante de Inteligencia de la Brigada XVII entre 1996 y 1997; Manuel José Pérez, comandante del Bivel entre septiembre de 1996 y noviembre de 1997; Nemesio Tafur Cardoso, agente de control en 1995 y subjefe de inteligencia del Bivel entre agosto de 1995 y julio de 1996; Emiro José Barrios, jefe de la Sección de Operaciones del Bivel entre noviembre de 1995 y octubre de 1996 y Segundo comandante de dicho Batallón para la misma fecha y Javier Gutiérrez de la Hoz, comandante de Pelotón del Bivel en agosto de 1996.

La compulsa también incluye a Hander Miguel Jaramillo Urrego, miembro de pelotón del Bivel entre agosto de 1995 y agosto de 1996; Carlos Alberto Santos Forero, miembro de pelotón del Bivel entre febrero de 1995 y julio de 1997; Carlos Alberto Parra Trujillo, comandante del Batallón Contraguerrillas 35 “Coronel Jaime Díaz», entre mayo de 1996 y mayo 1998; Jorge Enrique Bohórquez Cubillos, comandante de Compañía del Batallón de Contraguerrillas 35 “Coronel Jaime Díaz», entre agosto y diciembre de 1995; Óscar Armando Valencia Barón, comandante de Policía de Apartadó en 1996 y Raúl de Jesús Suárez Gutiérrez, comandante de Policía del Departamento de Córdoba hasta agosto de 1996.

A través del auto AT 175, el magistrado Gustavo Salazar, relator del Caso 06, solicitó que las presuntas conductas criminales cometidas por antiguos miembros de las Brigadas XVII y XI, el Batallón de Contraguerillas No. 35 ‘Coronel Jaime Díaz’, el Batallón de Infantería No. 47 ‘Francisco de Paula Vélez’ y el Batallón de Infantería No. 33 ‘Batalla de Junín’, así como los comandantes de policía de Apartadó y del departamento de Córdoba en 1996, sean asumidas en el marco de la investigación del Caso 08.

La magistratura indicó que elementos de investigación, determinaron que miembros del Estado Mayor de la Brigada XI y el Batallón Junín, habrían apoyado la posterior oficialización o revestimiento de legalidad de la desmovilización de frentes de la guerrilla del EPL, así como de miembros de los frentes 5º, 8º, 18, 34 y 58 de las Farc, que a pesar de ya encontrarse militando en las ACCU, fueron presentados como guerrilleros en proceso de reincorporación.

Este hallazgo se documentó en el Caso 06, donde se enmarcan las líneas de investigación definidos en el Caso 08: ataques contra la población civil bajo la justificación de políticas o discursos contrainsurgentes; los crímenes llevados a cabo con el objetivo de favorecer intereses económicos, o de poder territorial y los crímenes cometidos con el objetivo de establecer, mantener o recuperar el control de la fuerza pública.

La JEP encontró que las desmovilizaciones del segundo semestre de 1996, por parte de las Farc – EP, en especial del frente 5 y 58, y los frentes Pedro León Arboleda, Manuel Elkin González y Bernardo Franco del EPL, habrían sido el producto de negociaciones, pactos y acuerdos entre los comandantes de los frentes guerrilleros con las ACCU.

En el caso de Cedro Cocido, fueron formados y presentados como desertores 44 miembros del frente Pedro León Arboleda que se habían entregado a las ACCU el 30 de julio de 1996, entre ellos, Juan de Dios Úsuga, alias ‘Geovanny’. A pesar de esto, fueron recibidos por parte del Gobierno, conforme el certificado 036 de la misma fecha expedido por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA).

En sus versiones ante la JEP, los comparecientes relataron que siendo miembros de las ACCU, fueron beneficiados por políticas de asignación de tierras en calidad de guerrilleros desmovilizados y en proceso de reincorporación. La inclusión de los miembros de las Farc y el EPL a las autodefensas, se produjo en la región de Urabá, en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó.

Hay evidencias que demuestran que se desplegaron numerosas incursiones criminales, donde algunas contaron con la participación de unidades del Ejército Nacional adscritas al Batallón Vélez y al Batallón de Contraguerrillas 35.

La evidencia indica que el proceso de crecimiento y expansión de los grupos paramilitares tuvo un importante apoyo con el ingreso que a estas estructuras de quienes desertaron de las guerrillas. De hecho, los testimonios de Dairo Antonio Úsuga Y Elkin Casarrubia, por ejemplo, dan cuenta de la importante participación de los miembros desmovilizados de estas guerrillas en el proceso de incursión y constitución del Bloque Centauros en los Llanos Orientales y la comisión de múltiples crímenes y masacres, entre ellas en Mapiripán, Caño Jabón, La Primavera, Lejanías, El Castillo y Puerto Lleras, entre 1997 y 1999.