En Colombia persisten 7 conflictos armados que continúan dejando muertos, desaparecidos y comunidades confinadas y desplazadas: CICR
–El Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, en un informe titulado “Retos Humanitarios 2023″, divulgado este miércoles, advierte que en Colombia existen siete conflictos armados de carácter no internacional, que continúan dejando consecuencias profundas en la población civil entre las que se encuentran personas heridas, muertas y desaparecidas, familias separadas, comunidades confinadas y desplazadas, niños, niñas y adolescentes asociados con portadores de armas, afectaciones psicológicas, temor, zozobra e incertidumbre permanente.
De acuerdo con una clasificación jurídica basada en los criterios del Derecho Internacional Humanitario, DIH, el Comité Internacional de la Cruz Roja establece que tres de los conflictos son entre el Estado colombiano y los siguientes grupos armados: el Ejército de Liberación Nacional (Eln), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Antiguas Farc-ep actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz.
Los otros cuatro conflictos son entre grupos armados. Uno es entre el Eln y las AGC, y los tres restantes entre las Antiguas Farc-ep actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz y la segunda Marquetalia, los comandos de la frontera – ejército Bolivariano, y el Eln, respectivamente.
Este último conflicto fue clasificado recientemente a partir de la observación y el análisis de las hostilidades entre ambos grupos y sus consecuencias humanitarias, durante los dos últimos años, precisa el CICR.
El informe establece que en diversos territorios del país, la población afronta un sufrimiento indescriptible que se agudiza cuando los actores armados incumplen las normas del derecho internacional humanitario(DIH) y otros principios humanitarios.
El CICR señala que en 2022, sus equipos en el terreno documentaron 400 presuntas violaciones del DIH y otras normas humanitarias*, de las cuales más de la mitad correspondieron a homicidios, amenazas, violencia sexual, empleo de artefactos explosivos con efectos indiscriminados, reclutamiento, uso y participación de niños, niñas y adolescentes en las hostilidades, privaciones arbitrarias de libertad, tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otras conductas graves.
Añade que 2022 se documentaron 348 casos de desaparición relacionados con los conflictos armados y la violencia que ocurrieron después de la firma del Acuerdo de Paz, de los cuales 209 sucedieron el año pasado. Estos datos no dan cuenta del número total de hechos que pudieron registrarse en el contexto nacional, pero evidencian de manera contundente que en Colombia este fenómeno no es un hecho del pasado.
Por otro lado, reseña que en ese mismo año el desplazamiento individual afectó al menos a 123 mil personas y el desplazamiento masivo a otras 58 mil.
«Todas ellas tuvieron que abandonar sus hogares para salvar su vida», advierte.
De igual manera, precisa que 39 mil personas estuvieron confinadas por el recrudecimiento de las acciones armadas y la presencia de artefactos explosivos en sus territorios.
El 64 % de la población confinada se identificó como indígena y el 27 %, como afrodescendiente.
Expresa preocupación especial para la situación que enfrentan los menores de edad por la ausencia de entornos seguros, de oportunidades de vida, de acceso a educación, así como el incremento del control social y de la presencia de portadores de armas cerca de lugares poblados.
Así mismo, afirma, nos preocupa la violencia sexual que, lamentablemente, sigue presente en el contexto de los conflictos armados. Estos actos de violencia son utilizados muchas veces por los portadores de armas como forma de represalia para generar miedo o para exhibir poder y destruir el tejido social de las poblaciones.
Advierte que existen muchas expresiones de violencia sexual, además de la violación, como el acoso sexual o la desnudez forzada, que tienen consecuencias devastadoras para las víctimas, para las familias y para toda la comunidad.
Sin embargo, subraya, en la mayoría de los casos no se reporta por temor a la revictimización o por el sentimiento de culpa o vergüenza que pueden experimentar las personas afectadas.
Establece que las barreras para el reporte de los casos de violencia sexual son una limitación para que una víctima acceda a las rutas de atención antes de que trascurran 72 horas de los hechos, aun tratándose de una urgencia médica por estar en riesgo la vida de la víctima.
Precisa igualmente que en 2022, se intensificó la disputa territorial en varias zonas del país. Esto agudizó distintas problemáticas y aumentó el riesgo para la población civil, pues las comunidades no solo tuvieron que afrontar las consecuencias directas de los enfrentamientos (confinamiento, desplazamiento masivo, presencia de artefactos explosivos, daño de bienes civiles, entre otras), sino también la presión por parte de los actores armados que, en múltiples ocasiones, las acusaron de pertenecer, auxiliar o favorecer a una u otra parte en el conflicto por el simple hecho de habitar en el territorio y quedar en medio de la confrontación armada.
En otras situaciones, por el contrario, indica, durante algunos meses del segundo semestre disminuyeron los enfrentamientos entre el Estado colombiano y los grupos armados, lo que redujo los efectos directos de las hostilidades y significó un cierto alivio para la población.
No obstante, advierte que la situación para las comunidades de estos territorios continuó siendo complicada ya que en algunos lugares se mantuvo el control social de los portadores de armas y, con ello, las consecuencias humanitarias que podrían desprenderse de este fenómeno, tales como amenazas, atropellos y distintos tipos de abuso.
Reseña que la presencia, uso y abandono de artefactos explosivos continúan generando múltiples consecuencias humanitarias como el confinamiento, el desplazamiento, las afectaciones psicológicas y la zozobra. Estas secuelas, aunque menos visibles que otros efectos, son igualmente graves porque transforman por completo y de manera profunda la vida de las poblaciones.
«Vivir con la incertidumbre de si un ser querido está vivo o muerto, de no saber qué pasó ni dónde está, fue una dolorosa nueva realidad para cientos de familias en Colombia durante 2022. El fenómeno de la desaparición relacionado con los conflictos armados y la violencia sigue dejando una huella de dolor que tardará mucho en sanar», anota.
Además indica que los ataques que se registraron el año pasado contra los prestadores de asistencia de salud en las zonas más afectadas por los conflictos armados fueron particularmente graves y se sumaron a los múltiples perjuicios derivados del alto nivel de violencia que sufre la población civil en dichos lugares
Igualmente destaca que el año pasado el sistema penitenciario colombiano continuó atravesando una difícil situación con la consecuente vulneración de derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
La realidad de los colombianos que viven en medios de los conflictos armados y la violencia sigue siendo compleja, puntualiza el CICR que, finalmente, hace unos llamados a la acción para tratar de superar todo este complejo panorama de violencia y de zozobra que persiste en el territorio colombiano.
Dice que con estas recomendaciones le quiere enviar un mensaje a las autoridades estatales, los actores armados y la sociedad civil.
Estos son los llamados:
-Es fundamental que los actores armados permitan el acceso de las organizaciones humanitarias imparciales a los distintos territorios para que puedan aliviar el sufrimiento de la población civil y ayuden a mitigar las consecuencias humanitarias de los conflictos armados y la violencia. Esto incluye respetar los estándares y modalidades de estas organizaciones, basados en los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia.
-En el marco de los diálogos o negociaciones que puedan darse entre el Estado colombiano y los grupos armados, es importante que las partes consideren compromisos que conlleven a un mayor respeto del DIH, para reducir los efectos de los conflictos armados y determinar también eventuales obligaciones posconflicto.
-El DIH no debe ser interpretado políticamente o relacionado con decisiones políticas, a fin de que no se menoscabe su capacidad de proteger a las personas afectadas por conflictos armados.
-El respeto del DIH significa todo para las personas afectadas por los conflictos armados. Cuando se respeta la protección que confieren estas normas, disminuye el sufrimiento humano. De ahí nuestra insistencia a las partes en conflicto para que protejan la vida y la dignidad de las personas que no participan o que han dejado de participar en las hostili-dades y las traten con humanidad en cualquier circunstancia.
-Hacemos un llamado a los actores armados para que dimensionen y reduzcan las consecuencias humanitarias que genera la presencia, uso y abandono de artefactos explosivos y los efectos directos e indirectos que tienen para la población civil.
-Es esencial que los niños, niñas y adolescentes no sean asociados de manera alguna con actores armados. En ese sentido, es importante que los actores armados estatales y no estatales respeten la protección que les confiere el DIH y otras normas humanitarias. De igual manera, es indispensable que el Estado colombiano fomente espacios de protección y promueva oportunidades en zonas rurales y urbanas a fin de prevenir el reclutamiento, el uso y la participación en hosti lidades de menores de edad.
-Insistimos en la importancia de que el Estado fortalezca su capacidad institucional para brindar una respuesta integral a las personas afectadas por los conflictos armados.
-A fin de prevenir las desapariciones, instamos a los actores armados a tomar las medidas necesarias, como hacer una gestión adecuada de cadáveres y permitir el contacto con los familiares. Así mismo, les pedimos que entreguen a las instituciones pertinentes dedicadas a la búsqueda toda la información que tengan y que sea útil para esclarecer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas.
-Recordamos a los fiscales, jueces y autoridades en general que el Mecanismo de Búsqueda Urgente es una herramienta indispensable que debe activarse de forma inmediata y adecuada en casos de desaparición.
-Pedimos al Estado y a la sociedad colombiana que continúen apoyando a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en la importante labor humanitaria que realiza. Esto tanto en los recursos económicos que necesita para su funcionamiento, como en la articulación interinstitucional y el acceso a información pertinente para el desarrollo de su trabajo.
Frente a la Misión Médica y otras formas de asistencia de salud
-Exhortamos a los actores armados a que cesen los ataques contra las personas, las instalaciones y vehículos sanitarios que prestan asistencia de salud.
-En especial, es necesario su cuidado y protección en los lugares donde los servicios sanitarios son más frágiles, como sucede en las zonas más afectadas por los conflictos armados y la violencia.
-Insistimos a la ciudadanía para que respete, proteja y reconozca el papel fundamental que tienen en la sociedad la Misión Médica y otras formas de asistencia de salud. Así mismo, le recordamos la importancia de permitir que estas personas desarrollen su labor en cualquier circunstancia y sin ningún tipo de limitación arbitraria.
Frente a las personas privadas de libertad en centros penitenciarios
-Valoramos las iniciativas encaminadas a reformar y humanizar el sistema penal y penitenciario promovidas por el Estado colombiano. En particular, destacamos muy positivamente la aprobación del Proyecto de Ley 093 del año 2019, que consagra el servicio de utilidad pública para mujeres cabeza de familia privadas de libertad, como forma de sanción penal alternativa, incorporando las recomendaciones que presentamos.
-Teniendo en cuenta que, pese a los esfuerzos realizados, el Estado no ha logrado satisfacer de forma integral las necesidades de las personas privadas de libertad, y partiendo del principio del uso racional y excepcional de la prisión, es necesario un rediseño de la política criminal para que garantice un mayor acceso a la asistencia jurídica, el respeto de los plazos procesales y mejores alternativas a la detención, que incluyan un enfoque diferencial.