–Los oficiales retirados del Ejército Nacional de Colombia Publio Hernán Mejía Gutiérrez, Juan Carlos Figueroa Suárez el Iván Ramírez Quintero, fueron sancionados por EE.UU por graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado en territorio colombiano y no podrán ingresar en lo sucesivo a territorio estadounidense.

La medida se hace extensiva a cinco de sus familiares, según lo establece el comunicado expedido este jueves por el Secretario de Estado Antony J. Blinken y en el cual solo señala que se determinó la «designación» de los tres altos exfuncionarios colombianos por «su participación en graves violaciones a los derechos humanos», sin especificar ninguna de ellas ni profundizar en las razones.

I designated three former Colombian officials and announced their ineligibility to enter the U.S. for their gross violations of human rights. This furthers our longstanding support for Colombia’s 2016 Peace Accord and the Special Jurisdiction for Peace @JEP_Colombia.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 4, 2023

«Hoy, estamos tomando medidas para promover la rendición de cuentas de tres exfuncionarios colombianos por su participación en graves violaciones de los derechos humanos durante las décadas de conflicto armado interno de Colombia», señala la nota, la cual agrega:

«El Departamento de Estado está designando al excoronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez, al excoronel Juan Carlos Figueroa Suárez y al exgeneral Iván Ramírez Quintero de conformidad con la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones de Programas Relacionados y Operaciones Extranjeras del Departamento de Estado de 2023».

Indica que como resultado de la acción de hoy, Mejía Gutiérrez, Figueroa Suárez y Ramírez Quintero, no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Como parte de esta acción, también están siendo designados cinco de sus familiares.

En el comunicado, el Secretario de Estado, Antony Blinken, también afirma que «Estados Unidos ha apoyado con orgullo el Acuerdo de Paz de Colombia desde su firma en 2016», destacando que este pacto «aborda las atrocidades y los abusos relacionados con el conflicto que tuvieron lugar durante más de 50 años, a través de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición».

Explica que este sistema se basa en varias instituciones de justicia de transición que promueven la justicia y la rendición de cuentas y subraya que «en particular, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) trabaja para acabar con la impunidad de los delitos relacionados con el conflicto».

Agrea que la JEP integra la justicia reparadora y el reconocimiento con los procesos penales para asegurar que las víctimas jueguen un papel central en todas las etapas del proceso de paz.

Y concluye: «Estados Unidos felicita a la JEP por su trabajo vital en apoyo de las víctimas y sobrevivientes del conflicto y continuará trabajando junto con socios colombianos e internacionales para apoyar la implementación total del Acuerdo de Paz de 2016».