Judicial Nacional

El “nuevo paisaje” de la coca en Colombia, las áreas «frías» y «calientes» de concentración

–De acuerdo con el informe presentado por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) 2022 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), este lunes en Bogotá, Colombia presenta un «nuevo paisaje de la coca» que se compone entre áreas «frías» de desconcentración y áreas «calientes» de concentración de los cultivos ilícitos.

Las zonas «frías» se caracterizan por la reducción en los cultivos de coca y coinciden con áreas que estuvieron bajo el dominio de las FARC antes del Acuerdo de Paz. Se encuentran en Meta, Guaviare, Caquetá y Chocó. Las áreas «calientes» presentan una concentración acentuada de coca, la persistencia de factores que impulsan la producción ilícita y la influencia de grupos armados y organizaciones criminales. Estas se ubican en Norte de Santander, Putumayo, Cauca y Nariño.

Uno de los factores que determinan la ubicación y la forma en que se desarrolla la producción de coca es la ubicación geográfica. Entre los elementos más influyentes está la cercanía a las fronteras, en algunos casos en la franja de 0-10 Km. Al localizarse en los límites internacionales, se convierten en puntos estratégicos en términos de transporte (exportación) y expansión de mercados.

Además, tienden a ofrecer mejores oportunidades para esta actividad ilegal, debido a la facilidad de ingreso de insumos químicos, fragilidad institucional, además de dominio de grupos criminales.

De otro lado, el informe registra una «recesión de la economía cocalera en Colombia» y establece su relación con el mercado mundial.

Desde 2021 y con mayor intensidad en 2023, la economía de la coca enfrenta un momento de recesión en varias zonas del país, marcada por la caída en los precios de la hoja de coca y la pasta básica (ODC, 2023).

Esta crisis ha tenido un fuerte impacto económico, afectando los ingresos de
quienes subsisten directamente de esta economía ilícita (cultivadores, transformadores, raspachines, recolectores, entre otros), al punto de desencadenar una crisis alimentaria. La recesión también ha afectado a economías legales que son dinamizadas por el flujo de dinero proveniente del
narcotráfico, tales como establecimientos comerciales, bancos, recaudación de impuestos, entre otros.

Una de las primeras hipótesis era una caída en la demanda mundial de la cocaína. No obstante, de acuerdo con el más reciente Reporte Global de Cocaína de UNODC (2023) la demanda ha aumentado, con un estimado de 22 millones de consumidores y un potencial de 55 millones de usuarios en los próximos años. Aunque el mercado de cocaína se concentra en las Américas y partes de Europa, UNODC advierte la tendencia de expansión a África y Asia.

De acuerdo con este mismo reporte, los precios de la cocaína ajustados a pureza han permanecido estables tanto en el mercado norteamericano, como el europeo.

En este sentido, no hay evidencia de que la caída en los precios de la coca en Colombia sea el resultado de una variación notable en el precio o pureza de la cocaína en los principales países de consumo.

El incremento mundial de consumo de cocaína a precios estables, así como el incremento del cultivo de coca y la producción de cocaína, llevan a la conclusión de que la denominada crisis del mercado de la coca se debe más bien a la reconfiguración del mercado.

La diferenciación entre zonas de desconcentración y de concentración de la coca explica, en buena medida, el debilitamiento del mercado en algunas regiones, en contraposición al fortalecimiento en otras.

El informe explica que se estaría presentando un escenario donde los traficantes prefieren comprar en los enclaves de las zonas de concentración, debido a mejores condiciones del producto (calidad, disponibilidad, homogeneidad) y proximidad a rutas de embarque/tráfico.

Los cultivos de coca se están ubicando, dependiendo del mercado que se pretende abastecer. Por ejemplo, la expansión del mercado en África y Asia coincide con el incremento de área sembrada de coca en Putumayo, tendencia que se presenta en función a las rutas de tráfico del sur hacia la Amazonia con destino a Europa y el Occidente de África.

A nivel global, la geografía del mercado mundial de cocaína está cambiando. Aunque los cultivos de coca siguen concentrándose en Colombia, Perú y Bolivia, se reportan cultivos en países de Centroamérica como Honduras, Guatemala y Venezuela (InsightCrime, 2022) desde donde es más fácil sacar la cocaína hacia otros países o continentes. Frente al tráfico de cocaína en Europa, a los
tradicionales puntos de ingreso por España y Portugal se suman el Puerto de Amberes, Roterdam y Hamburgo. Además, se consolida la ruta por el occidente de África-

Frente a la producción, se han identificado laboratorios de clorhidrato de cocaína en varios países de Europa como España, Bélgica y Holanda (OEDT, 2023).
Sin lugar a duda, este contexto de crisis representa una oportunidad para que el Estado enfoque sus esfuerzos en la implementación de estrategias de diversificación económica, promoviendo alternativas sostenibles que reduzcan la dependencia de la economía ilegal de las drogas. Al hacerlo, se fortalecerá la presencia estatal, mejorará la calidad de vida de las comunidades y disminuirá la influencia de grupos ilegales.

El reporte cita información del IDEAM (2011), según el cual la tasa anual de deforestación por cultivos de uso ilícito es de aproximadamente 13,000 ha. (13%).

Según el Estudio Nacional del Agua del IDEAM (2022), en 2020 se usaron 55,736 litros/kilos de agroquímicos, 1,720,758 litros de fertilizantes y 81,947 litros de fungicidas en 154,930 hectáreas para la siembra de coca. Sin embargo, el impacto de la coca va más allá de la tala y quema de bosque. La siembra de la coca se relaciona indirectamente con otros factores como el asentamiento de los cultivadores, la expansión de la frontera agrícola, el cambio y contaminación del suelo y la ganadería, entre otros (Dávalos, 2011).

El impacto directo e indirecto de los cultivos de coca ha generado alteración de las coberturas vegetales, interrupción de corredores biológicos, contaminación y degradación de los recursos naturales, así como, fragmentación de los ecosistemas estratégicos y el subsecuente desplazamiento de la fauna silvestre. De acuerdo con el Índice de la Lista Roja de Colombia (2020), de las 13 especies cuyo estado de conservación se vio deteriorado, ocho resultaron afectadas por la expansión de la coca (Renjifo, Amaya-Villareal, & Butchart, 2020).

En los diálogos de Putumayo, líderes comunitarios reconocieron los efectos negativos de la expansión de cultivos ilícitos sobre el ambiente, mencionando que la necesidad de ingresos económicos los llevó a «arrasar» bosques para sembrar coca.

De otro lado, el proceso de transformación a pasta básica también genera contaminación y degradación de recursos (Bernal, Garzón y Riveros, 2020). Según el IDEAM (2022) se emplearon 326,146 toneladas de sustancias químicas, 0.1% de oxidantes, 0.6% de ácidos, 2.5% de bases y 97% de solventes para este proceso.
Estos desechos se vertieron en fuentes de agua y suelos (Policía Nacional, 2017).

Frente a esta problemática, en Toribio, Cauca, los cultivadores de cannabis socializaron su proceso de autorregulación, en el que limitaron el número de plantas y establecieron protocolos de gestión de residuos, para así reducir los impactos ambientales.

En cuanto a la cocaína, investigaciones en Putumayo y el Catatumbo indican que la producción de cocaína emite 590 kg CO2 eq por kg, lo cual es superior a otros cultivos como café (3.18 kg CO2 eq), cacao (4.98 kg CO2 eq) y caña de azúcar (10.1 kg por kilo) (Barrera, Prado, & Solheim, 2019).

La producción mundial de cocaína emite 8.9 millones de toneladas de CO2 anualmente, equivalente a las emisiones medias de 1.9 millones de autos a gasolina o el consumo de 3.3 mil millones de litros de diésel (UNODC, 2023).

El valor estimado de las emisiones de carbono totales correspondientes
a la fabricación de cocaína a nivel mundial asciende a 8,9 millones de toneladas de CO2 por año, lo que equivale a las emisiones medias causadas por el desplazamiento anual de más de 1,9 millones de automóviles que funcionen con gasolina o al consumo de más de 3.300 millones de litros de combustible diésel.

Finalmente, el informe resalta que algunas acciones del Estado para hacer frente al mercado ilícito de drogas han generado afectaciones ambientales. Por ejemplo, estudios han demostrado que las erradicaciones forzosas tuvieron un impacto ambiental indirecto, pues generaron el desplazamiento de la coca hacia Áreas de Especial Importancia Ambiental, que debido a su ubicación y ausencia estatal resultaban atractivas para los grupos ilegales.

Este «efecto globo» contribuyó a la deforestación y expansión de la frontera agrícola (Bernal, Garzón, Riveros, 2020).

En cuanto a la aspersión aérea (suspendida en 2015), las comunidades han reiterado las consecuencias aún persistentes del glifosato sobre las fuentes de agua y la fertilidad del suelo. En los espacios territoriales también vincularon los impactos ambientales a problemas de ordenamiento territorial y falta de planificación ambiental. Esto se agrava por el desconocimiento de mecanismos de toma de decisiones sobre uso del suelo en AEIA, así como el traslape de herramientas de ordenamiento, pues dificulta la gestión de conflictos y la reconversión de cultivos.