–Sin mencionar explícitamente al comandante del Ejército Nacional, General Luis Mauricio Ospina, la Fiscalía General de la Nación anunció en un comunicado la apertura de una investigación contra «un grupo de militares» por «seguimientos y otras actividades de inteligencia realizadas» en contra de un profesor de ingles, sin tampoco señalar el por qué, esto es, su esposa, quien recibía las clases del «chuzado».

La Procuraduría General de la Nación también abrió una investigación por el mismo caso, pero contraria a la Fiscalía, sí cita claramente el nombre del alto oficial y la causa, en un escándalo que desató una publicación de la revista Semana.

Según este medio de información, el objetivo de los seguimientos y las chuzadas «era saber todos los movimientos del ‘Teacher’ y si se reunía con Lorena Ospina, esposa del general Ospina. El profesor le dio clases de inglés a ella e incluso estuvo en la casa del alto oficial».

Además afirma que «para cumplir ese polémico objetivo, teniendo en cuenta que al ‘Teacher’, de 52 años, lo hicieron pasar como si se trata de un integrante de la columna Carolina Ramírez, de las Farc de Iván Mordisco, asignaron a una curtida agente de contrainteligencia. Usando tecnología de punta, ubicaron al profesor gracias al rastreo de su teléfono celular».

Igualmente, la revista precisa que otros altos oficiales del Ejército están implicados en el ilegal procedimiento:

«En las conversaciones de la agente de contrainteligencia se mencionan al mayor Mauricio Campos (comandante del Batallón de Contrainteligencia Militar), al teniente coronel Johan Gelvez (comandante de la Brigada de Contrainteligencia Militar) y al coronel Deibe Alexander Coca Buitrago (jefe de Estado Mayor del Comando de Contrainteligencia)».

Este es el texto del comunicado expedido por la Fiscalía sobre la investigación:

El fiscal asignado estará acompañado de expertos en esta temática y ordenará los actos investigativos que considere necesarios para esclarecer lo ocurrido y tomar las decisiones que correspondan, en atención a lo establecido en la normatividad penal vigente y en el pleno ejercicio de su autonomía e independencia.

La Fiscalía reafirma el compromiso de investigar cualquier actuación en la que se use la inteligencia del Estado para beneficio personal, en menoscabo de las garantías constitucionales y del debido proceso que les asisten a los ciudadanos.

Y este es el comunicado del Ministerio Público sobre el mismo hecho:

«La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de investigación disciplinaria al comandante del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina, quien, al parecer, habría ordenado seguimientos e interceptaciones ilegales, al profesor de inglés de su esposa.

De acuerdo con las denuncias publicadas en medios de comunicación, el alto mando militar, presuntamente, habría abusado de sus funciones y habría ordenado utilizar los servicios de inteligencia y contrainteligencia del Ejército, para fines personales.

Dentro del análisis del ente de control, se determinará si, además, el general Ospina, habría ordenado un montaje, acusando sin prueba alguna a un ciudadano de pertenecer a un grupo al margen de la ley, y así justificar dichos seguimientos.

La Procuraduría comprobará, a través de la recolección de testimonios, pruebas y documentos, si el actual comandante del Ejército habría incurrido en faltas disciplinarias, al abusar de su poder y usar los servicios de inteligencia y contrainteligencia, así como utilizar a subalternos, para fines alejados a los de la institucionalidad».

Previamente, el Ejército Nacional expidió un comunicado en el que por ningun lado reseña expresamente el motivo de las «chuzadas», ni tampoco a quien las ordenó, pero afirma que el comandante de la institución tiene la facultad de hacerlo.

Este es el texto de su comunicado:

1. Las misiones de Inteligencia y Contrainteligencia son diferentes; están claramente consignadas en la Ley Estatutaria 1621 de 2013.

En el caso específico de la función de Contrainteligencia, las actividades buscan anticipar, prevenir, detectar y neutralizar acciones para proteger al personal, las instalaciones, el material y la información.

2. Es allí donde se sustenta la facultad del Comandante del Ejército para ordenar a la Unidad Militar de Contrainteligencia adelantar actividades de verificación, frente a una información que alerta sobre una posible vulneración de la seguridad e integridad del Comandante y su núcleo familiar, y, de manera general, a la comunidad que vive y transita diariamente en los cantones militares y académicos ubicados al norte de la capital.

3. Las acciones de verificación amparadas en el ordenamiento jurídico vigente, que no corresponden a una operación de Contrainteligencia, finalizaron el pasado mes de agosto sin elementos de juicio para continuarlas. No obstante, ello permitió evidenciar novedades y debilidades en los sistemas y procedimientos de control de acceso personal y vehicular a las instalaciones militares, razón por la cual se ordena el fortalecimiento de los mismos no solo en la ciudad Bogotá, sino en todo el país.

4. Permaneceremos atentos a los requerimientos que emita el Comando Superior, las autoridades judiciales y/o entes de control, si consideran procedente cualquier actuación.

5. Para el Ejército Nacional, es importante que cualquier hecho que vaya en contra de los Principios, Valores y la Ley, sea puesto en conocimiento de las autoridades competentes, en aras que se adopten las acciones que en derecho correspondan.

6. Como política institucional y siendo coherentes con el Código de Honor del Soldado Colombiano, el Ejército Nacional ratifica su política de Cero Tolerancia con cualquier acto que viole o afecte los derechos fundamentales de las personas.