–La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, DIARI, de la Contraloría General de la Republica anunció hoy un seguimiento especial a todo el proceso de Contratación que adelanta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, para atender a los Centros de Desarrollo Infantil, dado el serio retraso que se registra en la atención de 785.905 niños de 0 a 5 años.

Según los primeros análisis de la DIARI, el proceso CV-PC-008-2023SEN adelantado por el ICBF, tal como se ha adelantado hasta la fecha rompe los principios de contratación estatal de planeacion y responsabilidad , cuyo fin es cumplir los objetivos del estado para prestar los servicios a la comunidad, en este caso concreto a una de las poblaciones más vulnerables del país.

El 28 de diciembre de 2023 se publicó el inicio del proceso para la adjudicación de contratos de aportes para CDI, Hogares Infantiles (HI), Desarrollo Infantil en Medio Familiar (DIMF), Educación Inicial Rural (EIR), con un presupuesto de $3.033.038.286.259 por una duración de 330 días, según figura en el SECOP II.

El objetivo, según la convocatoria, es atender 785.905 niños de 0 a 5 años, en 1.326 zonas en los 32 departamentos y Bogotá.

Se presentaron 1.417 ofertas. El primer informe de evaluación se publicó en el SECOP II en febrero 12 de 2024. Hasta el viernes 17 de febrero de 2024, se publicaron aproximadamente 690 reclamaciones, denuncias, (algunas con connotación penal por presunta falsificación de documentos), recursos, subsanaciones, derechos de petición, observaciones, aclaraciones, etc., las cuales fueron contestadas en el SECOP II, en febrero 16 de 2024, a las 9:19 PM junto con el alcance II al informe de evaluación.

En febrero 20 de 2024, a las 10:39 p.m., publicaron alcance III al informe de evaluación y respuestas a 95 observaciones, reclamaciones, etc.

Los seleccionados deberán suscribir los contratos de aporte respectivos, dentro de los tres (03) días siguientes a la publicación del informe de orden de elegibilidad so pena de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta; por lo tanto, los contratos debieron suscribirse los días 21, 22 y 23 de febrero de 2024.

Antes de firmar la ejecución del contrato se hace necesarios días, para:

– Expedir CDP por el director de cada regional. (Ver: numeral 2.3 del PCD.)
– Comunicado a los oferentes sobre las zonas que le adjudicaron.
– Manifestación de los oferentes de aceptar las zonas adjudicadas.
– Elaborar contratos.
– Firmar contratos.
– Comprar póliza.
– Aprobar la póliza.
– Firmar acta de inicio.
– Etapa de alistamiento.
– Inicio de atención a los niños beneficiario.

Firmar acta de inicio, conllevan que la misma se deberá diligenciar, siendo conservadores, aproximadamente, el 29 de febrero de 2024. Con lo cual ya no se puede hablar de 330 días contratados si no de 306 días de contratación o menos.

Es un hecho incuestionable que, de los 330 días proyectados a contratar, señalados en el SECOP II, solo se estarían contratando aproximadamente 306 días, lo que implica un daño a la población beneficiaria.

Teniendo en cuenta que el valor total del contrato es de $ 3.033.038.286.259 por una duración de 330 días, equivale por día a $9.191.025.109. Lo cual significa que, si se llega a firmar el acta de inicio aproximadamente el 29 de febrero de 2024, por un total de 306 días. Esos 23 días de diferencia equivalen aproximadamente a $ 211.393.577.527.

Fácilmente la emergencia se podría prolongar, desde hoy 26 de febrero 2024 por unos 7 u 8 días hábiles siguientes, teniendo en cuenta que hay actividades que se deben cumplir y que no dependen de la voluntad de la administración del ICBF, como es la expedición de la póliza que en muchos casos es demorada por la aprobación que las aseguradoras requieren de su oficina principal para expedirlas por los montos de las mismas.

Desde la DIARI se realizará un seguimiento a los centros zonales que reportan su atención por medio de la base de datos RAM (Reporte de Atención Mensual), donde se identifican todos los beneficiarios que han recibido atención. Y se podrán identificar las entidades prestadoras del servicio las cuales presenten un bajo reporte de atención con respecto a los cupos reportados en su contrato.