–La Procuraduría General de la Nación anunció sendas investigaciones contra funcionarios por determinar de la alcaldía mayor de Bogotá y del Fondo de Desarrollo Local de la Administración Distrital, los primeros por presuntas irregularidades en la construcción del nuevo edificio de la alcaldía de Tunjuelito y los segundos por supuestas anomalías en el uso y ejecución de recursos por aproximadamente 11 mil 200 millones de pesos.

En el primer caso, el Ministerio Público verifica el contrato para la construcción de la edificación de la alcaldía de la localidad de Tunjuelito, por un valor inicial de 20 mil millones de pesos y que fue entregada en enero de 2022.

También, busca determinar las justificaciones financieras y técnicas para presuntamente llevar a cabo tres prórrogas y dos adiciones presupuestales que, al parecer, provocaron un valor final del bilateral por 29 mil 979 millones de pesos.

El ente disciplinario busca esclarecer los hechos que son objeto de investigación y se ordenó la práctica de las pruebas necesarias en las entidades para conocer las acciones llevadas a cabo.

De otro lado, en el segundo caso del Fondo de Desarrollo Local (FDL) de Bogotá, el ministerio público indaga a funcionarios por determinar por presuntas anomalías en el uso y ejecución de recursos por aproximadamente $11.200 millones.

Según la Procuraduría se trata de establecer posibles sobrecostos en la contratación de bienes y servicios, además de presuntas deficiencias en sus justificaciones técnicas y financieras en las solicitudes que se hicieron para obtener adiciones presupuestales en alrededor de 20 alcaldías.

Asimismo, el organismo de control disciplinario confirma si existen pagos indebidos y excesivos en diferentes convenios administrativos sin que cumplieran con las debidas obligaciones contractuales; y a su vez, posibles problemas en la planeación de las obras de infraestructura.

La Procuraduría busca identificar e individualizar a los presuntos responsables de las conductas descritas para lo cual ordenó la práctica de pruebas pertinentes para configurar los hechos disciplinariamente relevantes.