–En dos escritos que presentaron a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, madres y otros familiares de desaparecidos en la llamada «Operación Orión» en la comuna 13 de Medellín, la capital de Antioquia, reclamaron que se cierre definitivamente la actividad comercial de La Escombrera y que se amplíe a 70 hectáreas de la misma la búsqueda de víctimas, que actualmente está restringida a 6 mil 912 metros cuadrados.

Las demandas las hicieron luego que se hallaran, el pasado 18 de diciembre, los primeros restos humanos en ese sitio que podrían corresponder a personas desaparecidas en el marco del contexto del conflicto armado. El hallazgo se dio durante la intervención que se desarrolla por parte de los equipos forenses de la UBPD y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP en la zona, luego de remover más de 39 mil metros cúbicos de tierra.

? “Cada hallazgo es una prueba irrefutable de lo que siempre hemos sabido y expresado (…): Allí (En La Escombrera) están los rastros de la barbarie que hemos sufrido a causa del conflicto”, dijo Luz Elena Galeano, vocera del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, y quien… pic.twitter.com/mAQn3VDi7p

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) December 26, 2024

Las y los firmantes de los escritos exigen el cierre definitivo de La Escombrera como centro de actividad económica, que se dicten medidas cautelares en 70 hectáreas, para que sea lugar de memoria para dar con el paradero de las cerca de 500 víctimas que se presume fueron sepultadas en dicho espacio ubicado al occidente de la ciudad hace 22 años.

«Exigimos también agilidad en los protocolos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Los mecanismos de búsqueda urgente deben ser verdaderamente urgentes. Cada día de espera es un día más de angustia, un sufrimiento que se multiplica», precisa uno de los documentos.

Y añade: «No podemos permitir que la burocracia, las alianzas políticas, económicas o sociales sigan enterrando la esperanza de encontrar a todos los desaparecidos junto con la justicia. Cada obstáculo que enfrentamos es un golpe más contra quienes buscamos verdad, justicia y reparación integral».

Igualmente precisa:

La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín no solo es una herida abierta, es también un símbolo de resistencia y dignidad. Es recordatorio de lo que nunca debió pasar, pero también una oportunidad para demostrar 10 que podemos cambiar. Queremos que este lugar, uno de los mayores símbolos de desapariciones forzadas en Colombia, se convierta en
un referente para la memoria y la justicia. un referente mundial para combatir el flagelo de la desaparición forzada.

Solicitamos que todas las victimas de desaparición forzada sean incluidas en la reparación integral de las victimas, en el Registro Único de Victimas (RUV), sin dilación alguna.

Teniendo en cuenta el impacto del dolor causado, exigimos que se prioricen sus procesos de reparación integral de manera individual, evitando trámites innecesarios o trabas que obstaculicen su reconocimiento y reparación. Se necesita agilidad en estos procesos, pues no es aceptable que las victimas fallezcan esperando justicia, la oportunidad de encontrar a Sus seres queridos y la reparación integral que tanto merecen.

No descansaremos hasta que cada historia tenga un lugar, hasta encontrar la mayor cantidad de personas dadas por desaparecidas o a quienes sea posible recuperar, y hasta que cada familia encuentre ia paz que merece.

El segundo documento hace las siguientes precisiones:

Somos las buscadoras, el sol que renace ante la impunidad

Una vez más reconocemos con profunda admiración y respeto la lucha por la verdad y la justicia que hemos liderado las mujeres y familias buscadoras en La Comuna 13 de Medellín.

Los más recientes hallazgos de osamentas en La Escombrera son, además de un avance significativo, una reafirmación de lo que nuestros testimonios y exigencias visibilizaron por décadas: la perpetración de crímenes de lesa humanidad, la responsabilidad del Estado colombiano en los hechos victimizantes, y la negligencia y negacionismo institucional como
práctica violenta y revictimizante.

Los avances de los que hoy somos testigos se deben al pulso y a la valentía de las madres, abuelas, esposas, hermanas, hermanos, hijas y familias buscadoras que por décadas hemos permanecido inamovibles en las consignas y exigencias.

Fuimos las mujeres, quienes entre la incertidumbre y la paciencia, presenciamos las labores de prospección que definieron el polígono de intervención; las mismas que, cinco años después de que fueran adoptadas las medidas, y 22 años después de exponer nuestras denuncias con la ocurrencia de los hechos, contemplamos en julio de 2024 el inicio de la excavación con fines forenses.

Las estructuras óseas que se han encontrado en los últimos días, tras 146 días de trabajo y la remoción de 36.450 metros cúbicos de tierra, han sido el deseo de hallazgo y descubrimiento de familias enteras, durante décadas de impunidad. Dicho transcurrir del tiempo permite confirmar que aquello que algún día nos atrevimos a contar las madres, en medio del relato atroz y violento que arrasó con la presencia de nuestros propios hijos, hijas y familiares, era VERDAD.

«Nos dijeron que estábamos locas», cuentan algunas; y entonces hoy, más que ayer, el país y el mundo constan de que aquella locura se sobrepuso a lo que administraciones, instituciones y funcionarios públicos se atrevieron a negar; entre expresiones y calificativos que pusieron en duda y en riesgo la salud física, mental y emocional de las personas buscadoras.

Ahora, cuando afloran diversas emociones, algunas con nombre propio y otras que aún no encuentran palabra precisa, hay algo en claro: ya no hay duda, no hay negación que arrase con lo caminado, que borre lo vivido.

La responsabilidad del Estado colombiano es incuestionable; desde los Gobiernos que apadrinaron las órdenes, que actuaron en connivencia con grupos paramilitares, más específicamente con el bloque Cacique Nutibara, al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Berna, perpetrando sistemáticamente violaciones a los derechos humanos; hasta la indiferencia cómplice que ha apadrinado el silencio, la mentira y el olvido.

Los crímenes perpetrados durante más de 35 operaciones militares entre el 2002 y 2003, incluidas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, no pueden ser borrados de la memoria, razón por la que insistimos, hoy más que siempre, en que se reconozca esta responsabilidad y que la justicia y la verdad sigan encontrando camino en la historia.

Por todo lo anterior, reconociendo el rol fundamental de las familias y especialmente de las mujeres buscadoras y defensoras de la vida y la memoria, reafirmamos nuestras demandas al Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia, instituciones a las cuales les hemos exigido el cierre definitivo de La Escombrera como centro de actividad económica de la empresa EI Cóndor; consideramos que la continuidad de labores en este lugar simboliza la perpetuación del sufrimiento y de la desestimación del dolor, la incertidumbre y la espera a la que nos hemos visto sometidas las víctimas.

Además, no puede omitirse la información que dicha empresa pueda tener sobre la comisión de los hechos victimizantes, menos ahora que son evidentes los hallazgos.

La Escombrera ha sido titulada en distintos portales y medios como la fosa común urbana más grande del mundo.

Nos pronunciamos ante la evidente urgencia porque La Escombrera sea reconocida como un lugar de memoria, en el que se clarifiquen las graves violaciones a los derechos humanos y la perpetración de crímenes de Estado; además de honrar y enaltecer la vida y la memoria de las 502 personas que fueron desaparecidas en la Comuna 13 de Medellín, de manera que, en contrapeso a la mercantilización de la memoria, a la comercialización de la cultura violenta y armada, sea un recordatorio de la importancia y exigencia de las garantías de no repetición.

Finalmente, en continuidad con la intervención, y teniendo presente el encuentro de este jueves 26 de diciembre entre las mujeres, las familias, las víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos con representantes de instituciones como la JEP, la UBPD, Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo, esperamos que esta reunión de partes trascienda la línea protocolaria y mediática, y profundice en el compromiso y la deuda histórica que tiene el Estado en cabeza de la institucionalidad con la verdad, la justicia y la reparación, de manera especial y particular con las mujeres que fehacientemente hemos permanecido en la búsqueda de nuestros seres queridos/as y en solidaridad con quienes han encarnado su propia experiencia; siendo nosotras mismas la materialización auténtica de la consigna hecha metáfora: el sol que renace ante la impunidad.