Fiscalía revela que Sandra Ortiz ofreció información confusa y contradictoria sobre caso de corrupción de la UNGRD
–La Fiscalía General de la Nación anunció este miércoles que adelanta múltiples actividades investigativas para avanzar en la identificación y judicialización de los responsables del mega escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD),a través del direccionamiento de la contratación y apropiación de recursos públicos
En el comunicado, el organismo investigador indica que, en desarrollo de esta actividad, la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ha sostenido acercamientos con la exconsejera para las regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, en aras de concretar una posible negociación judicial y obtener nuevos elementos materiales probatorios que permitan consolidar uno de los frentes investigativos.
Durante los encuentros, precisa, la defensa de la procesada ha solicitado inmunidad penal total a través de la celebración de un principio de oportunidad.
Sin embargo, la pretensión fue rechazado por el equipo de fiscales frente a la gravedad de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público por los cuales fue imputada y está próxima a ser acusada.
El rechazo se produjo por considerar «que la colaboración que ofrece a la justicia se funda en información confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas que corroboren sus afirmaciones, que por esa misma razón no superaría la valoración y el control judicial».
Ante esta situación, la exfuncionaria manifestó que revelaría públicamente los términos de los acercamientos y los detalles que dice conocer sobre el entramado de corrupción, lo cual hace bajo su responsabilidad y sin que ello comprometa a la Fiscalía en el marco de la justicia premial.
La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, señalada de haber sido la «mensajera» para supuestamente entregar 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, fue imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.

