–La Defensoría del Pueblo urgió al Gobierno Nacional solucionar la grave situación de desabastecimiento de medicamentos que enfrentan los usuarios o afiliados a las EPS. Según un estudio hecho en todas las regiones, a través de una encuesta, la Defensoría estableció que alrededor del 48% de las personas reportó no haber recibido los medicamentos que necesitan para sus tratamientos.

«Son enormes los obstáculos que impiden la garantía del goce efectivo al derecho fundamental a la salud», señaló el organismo de control humanitario al presentar el balance del seguimiento hecho a la entrega de medicinas a usuarios del Sistema de Salud.

“Las encuestas que la Defensoría aplica en los puntos de dispensación sugieren que entre el 60 y el 80 por ciento de las personas no reciben sus medicamentos o se los entregan de manera parcial. Las personas deben comprar, poco a poco, sus medicamentos en las droguerías de barrio a precios más altos”, expresó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

“Se destacan problemas de disponibilidad en medicamentos para diabetes, salud mental y problemas cardiovasculares, patologías que coinciden con las preocupaciones de ingresos hospitalarios por descompensación (…) la falta de acceso de medicamentos genera un deterioro a la salud en cuanto a la enfermedad”, señaló.

La funcionario advirtió que este problema se agrava con la desigualdad socioeconómica y territorial que hay en el país.

“Porque una persona en Bogotá, en estrato cuatro, cinco o seis, va a tener mayor posibilidad de suplir la carencia del medicamento que una persona de un estrato bajo o que esté en una zona rural dispersa o en un territorio étnico”, precisó.

Según la encuesta, el 40% de los pacientes que reportó la no entrega de medicamentos esta afiliado a la Nueva EPS. Le siguen Sanitas, con 15%; Salud Total, con 10%, y Cajacopi, con 5%. Estas cuatro EPS acumulan el 70% del total de pacientes y usuarios(as) encuestados.

A los encuestados se les preguntó también cómo pensaban solventar la falta de sus medicinas. El 56% manifestó que las compraría de manera particular, un 13% reduciría la dosis y un 18% indicó que no tenía alternativa que esperar a que la EPS se lo entregue o suspender sus tratamientos.

La Defensora del Pueblo resaltó que de los 3.000 casos a los que se le ha hecho seguimiento por falta de acceso a medicamentos, cerca de la mitad no había solucionado el problema cuatro meses después del reporte inicial.

«Las personas deben pagar de su bolsillo y/o tasar sus medicamentos para no quedar sin tratamiento, una situación grave considerando las enormes desigualdades del país», precisó Iris Marín.

La Defensora del Pueblo subrayó que las principales consecuencias de la falta de acceso a medicamentos redundan en la descompensación clínica y el agravamiento de patologías, la judicialización y sobrecarga del sistema legal, el impacto económico sobre las y los usuarios, el colapso de los servicios hospitalarios y la pérdida de confianza institucional y malestar social.

Añadió que las veedurías, personerías y organizaciones de la sociedad civil han enriquecido el seguimiento de esta problemática desde una perspectiva social y humana a la compleja situación que viven las personas para acceder a los servicios de salud y, especialmente, a los medicamentos.

Destacó que con la Superintendencia Nacional de Salud, la Defensoría ha logrado una coordinación armónica, con la presencia del Ministerio de Salud y Protección Social y de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), en los PMU dispuestos en las regiones. Las entidades promotoras de salud (EPS), pese a los retrasos y la difícil situación, han asumido compromisos y soluciones, puntualizó.

En el encuentro donde fue presentado el balance, y al que asistieron distintos actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia, SGSSS, se fijaron los siguientes compromisos:

-Participación de la Fiduprevisora en las mesas interinstitucionales en los territorios, para mitigar la problemática.
-Atención a las solicitudes y quejas presentadas por los veteranos de las Fuerzas Militares.
-Que las EPS citen a los entes de control como observadores/garantes a las mesas de negociación y conciliación con gestores farmacéuticos.
-Compromiso de monitoreo particular en zonas de difícil acceso.
-Hacer monitoreo especial a Famisanar en lo relacionado con el cambio de gestores farmacéuticos, para evitar congestiones. Se propuso pasar del 50% de pendientes al 10% en este mes.
-Hacer seguimiento a Cajacopi sobre la gestión que realiza en el norte de país.
-Hacer un seguimiento específico a las entidades promotoras de salud indígenas (EPSI).

La Defensora del Pueblo indicó: “Necesitamos ir un paso más allá en la construcción de soluciones que realmente nos permitan, con base en el esfuerzo tan importante que hemos hecho, impulsar la acción institucional y así darle solución a este problema tan crítico que está afectando la dignidad humana en nuestro país”.

La Defensora hizo un llamado a avanzar en soluciones que permitan avanzar en las dificultades y la vulneración de derechos que enfrentan las comunidades. Reiteró que la crisis de la salud es estructural, pero agregó que se necesitan soluciones inmediatas. Por eso hemos desplegado una estrategia en la que se priorizaron 15 territorios para hacer seguimiento ante la crisis del sistema de salud, indicó.