–En regiones como Catatumbo (Norte de Santander), La Macarena (Meta) y Mitú (Vaupés), familias campesinas, indígenas y afrodescendientes han padecido racionamientos de alimentos y medicinas durante el conflicto armado. Estas medidas, pensadas para limitarles el abastecimiento a los grupos ilegales, también afectan directamente a la población civil, incrementando en algunos casos los promedios nacionales de inseguridad alimentaria, es decir la dificultad diaria de acceder a comida suficiente, nutritiva y segura para vivir con salud.

Aunque la Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia (ENSIN 2015) ya mostraba una brecha de casi 12 puntos entre la inseguridad alimentaria rural (64,1 %) y la urbana (52,5 %), los confinamientos y bloqueos recientes en departamentos como Cauca, Nariño, Chocó y Guaviare confirman que la crisis alimentaria no quedó atrás. Hoy comunidades enteras siguen enfrentando restricciones al acceso de alimentos básicos, lo que agrava la desnutrición en zonas rurales.

Las cifras más recientes confirman que el problema persiste. En 2024, el DANE reportó que la inseguridad alimentaria moderada o grave afectó al 25,5 % de los hogares, lo que significa que millones de familias tuvieron que reducir la calidad o cantidad de su dieta, y en los casos más extremos llegaron a pasar hambre; además, esta tuvo un incremento preocupante en regiones del Pacífico.

En Colombia el conflicto armado y el hambre están profundamente interconectados, especialmente en zonas rurales. Las hostilidades interrumpen la producción agrícola, restringen la movilidad y el comercio, y provocan desplazamientos forzados que limitan el acceso a alimentos de miles de familias; también genera dependencia de la ayuda humanitaria.

El Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSSAN) de la de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) ha documentado cómo en territorios de conflicto las limitaciones al ingreso de alimentos y medicinas impactan en la dieta básica, reducen las reservas de los hogares y profundizan el impacto de enfermedades como paludismo, leishmaniasis y fiebre amarilla.

Sobre este tema, el nutricionista-dietista Cristian Murcia Peñuela, magíster en Seguridad Alimentaria y Nutricional, intervino en la charla “El hambre como estrategia de exterminio y genocidio”, realizada en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la UNAL en el marco de las cátedras “Caminos de resistencia de Palestina en el contexto actual”, en donde advirtió que el hambre como arma de guerra no es un fenómeno exclusivo de Colombia sino una práctica recurrente a lo largo de la historia.

El hambre, táctica de guerra en la historia y en el presente

En la Grecia antigua, Esparta bloqueó a Atenas para forzar su rendición. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi rodeó por completo la ciudad rusa de Leningrado (hoy San Petersburgo), impidiendo el ingreso de alimentos y medicinas. La población, sin posibilidad de abastecerse, sufrió miles de muertes por hambre y enfermedades asociadas con la desnutrición.

El caso de Gaza constituye un ejemplo contemporáneo de esta práctica. Según la FAO y el Comité Internacional de la Cruz Roja, la ayuda humanitaria que ingresa no cubre las necesidades nutricionales mínimas. Mientras una persona requiere en promedio entre 2.100 y 2.500 kilocalorías al día, los cargamentos autorizados son insuficientes en cantidad y calidad, lo que mantiene a la población en un estado permanente de vulnerabilidad alimentaria.

“El hambre no es un efecto colateral del conflicto sino una táctica deliberada que busca someter a la población civil y quebrar su resistencia. Allí donde se restringe el alimento, lo que se controla no es solo la dieta, sino la vida misma de las comunidades”, precisó el investigador. De hecho, según datos de Naciones Unidas el 70 % de las personas que padecen inseguridad alimentaria aguda viven en países afectados por conflictos, como por ejemplo Sudán, Siria y la República Democrática del Congo.

Aunque en Colombia las restricciones de alimentos se usaron como estrategia para debilitar a grupos armados en territorios rurales, en Gaza se configuran como una política sistemática contra toda una población civil. En ambos escenarios el control del acceso a los alimentos se convirtió en un mecanismo de sometimiento, aunque con alcances y magnitudes distintas.

Cuando la estrategia militar golpea la mesa de los hogares

Para sustentar lo anterior, el magíster Murcia retomó datos obtenidos en estudios realizados por el OBSSAN, los cuales evidenciaron el impacto del conflicto armado entre 2010 y 2015 en el país. Según el investigador, las restricciones de alimentos no fueron casos aislados.

En La Macarena se limitó el ingreso de arroz, granos y productos enlatados, al igual que de gasolina e insumos agropecuarios. En Catatumbo el Ejército controlaba estrictamente la cantidad de alimentos que ingresaban a las poblaciones, calculando incluso un promedio per cápita con base en el número de habitantes registrados.

“Estas medidas, diseñadas como parte del Plan Colombia y la política de seguridad democrática, buscaban debilitar a los grupos armados, pero terminaron afectando a las comunidades civiles”.

“Sí había una restricción específica: el Ejército limitaba el ingreso de alimentos y medicinas como parte de una estrategia de guerra, que aunque buscaba diezmar a las fuerzas irregulares, en la práctica condenó a la población civil que vivía en medio del conflicto”, anota el experto.

Los testimonios recopilados en terreno confirman que los habitantes de estas zonas debían modificar sus rutinas de abastecimiento para sobrevivir. Familias enteras fueron obligadas a limitar las remesas que llevaban de los cascos urbanos hacia sus veredas, lo que deterioró la dieta básica y redujo la posibilidad de mantener reservas alimentarias.

A ello se sumó la restricción de medicamentos en regiones con alta incidencia de paludismo, leishmaniasis y fiebre amarilla, lo que incrementó la vulnerabilidad sanitaria de la población rural.

El derecho a la alimentación y la deuda del Estado

El derecho humano a la alimentación, consagrado en la Constitución y en tratados internacionales, se entiende en tres dimensiones: seguridad, autonomía y soberanía alimentaria. La seguridad implica garantizar acceso suficiente y estable a los alimentos; la autonomía, respetar las prácticas culturales de comunidades organizadas colectivamente, como los resguardos indígenas o consejos afrodescendientes; y la soberanía, tomar decisiones estatales sobre producción, distribución e importación para asegurar el abastecimiento nacional.

Frente a estos principios, el nutricionista Murcia afirmó que “en Colombia este derecho no se ha cumplido plenamente; aunque existen políticas de seguridad alimentaria, las brechas territoriales muestran que el Estado no ha logrado garantizar condiciones mínimas para toda la población. La persistencia de la desnutrición en zonas rurales y la falta de información actualizada refuerzan la urgencia de una respuesta integral”.

La investigación académica ofrece herramientas para visibilizar este problema y plantea la obligación estatal de implementar medidas efectivas de prevención y atención. Encuestas de percepción, indicadores clínicos, análisis de patrones de consumo y comparaciones con estándares internacionales permiten fortalecer las políticas públicas. Son pasos esenciales para que el derecho a la alimentación deje de ser vulnerado en Colombia y en cualquier territorio en disputa. (Información Agencia de Noticias UNAL).