–Evaluar la posibilidad de suspender la ejecución contractual con la que se busca adelantar el concurso de méritos público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a carrera, solicitó la Procuraduría General de la Nación a la Superintendencia de Notariado.

A través de una comunicación enviada con sentido de urgencia, el organismo control disciplinario sostuvo que a la fecha no ha recibido respuesta a las inquietudes planteadas el pasado 3 de septiembre de 2025, tras lo que verificó el proceso de selección en referencia y la documentación soporte que reposa en el SECOP II, a partir de lo cual planteó varias observaciones.

La entidad señaló que al no proceder recursos contras las decisiones preliminares del operador ni contra las definitivas del Consejo, consignadas en los acuerdos, los participantes quedan sin posibilidad alguna de ejercer su derecho fundamental a la defensa contra las que se tomen sobre las listas de admitidos, las calificaciones de prueba y las calificaciones de entrevista.

También indicó que, al ser el mismo Consejo Superior de Carrera Notarial el que establece qué pueden o no cuestionar los participantes respecto a las decisiones administrativas, posiblemente se vulnera el derecho al acceso a la administración de justicia y se les restringe cualquier posibilidad de debatir o controvertir lo que establezca el operador.

El Ministerio Público tuvo acceso a las convocatorias de algunas sesiones del CSCN y en ellas observó posibles violaciones al debido proceso e incumplimientos al principio de legalidad.

Sobre el cronograma adujo que ante la pérdida de vigencia del Acuerdo 001 de 2024, por la voluntad expresa consignada en el Acuerdo de 2025, perdieron vigencia también sus anexos, lo que hace que a la fecha no existan fechas oficiales para el concurso de méritos público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial.

La Procuraduría requirió información que incluye fechas, documentos, copias de varios actos de delegación, entre otros, la cual debe ser enviada en máximo dos días hábiles para su estudio y análisis; y, de manera simultánea, pidió publicar inmediatamente el requerimiento en el oficio remitido de manera inmediata en el enlace del procedimiento de selección en la plataforma SECOP II.

El pasado 3 de septiembre, el ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre, y el superintendente,
Roosvelt Rodríguez, solicitaron a la Fiscal General iniciar de manera prioritaria una investigación penal por los presuntos hechos de corrupción en el concurso notarial, denunciados por el presidente Gustavo Petro.

En oficios remitidos a la fiscal general, Luz Adriana Camargo y también al procurador general, Gregorio Eljach, el líder del sector Justicia y el jefe de la entidad encargada de la vigilancia y control del servicio público notarial, manifestaron su más profunda preocupación y absoluto rechazo a cualquier conducta que pueda atentar contra los principios de moralidad, transparencia y mérito que deben regir el acceso a la función pública y, de manera especial,
a la delicada función notarial que es depositaria de la fe pública.

“Las afirmaciones del señor Presidente, que sugieren la existencia de actuaciones destinadas a la venta de cupos para notarías con la posible implicación de funcionarios adscritos a nuestras entidades, constituyen un hecho de la máxima gravedad que exige una acción inmediata y coordinada del Estado para su total esclarecimiento”, señalan las
respectivas cartas.

El Ministro y el Superintendente de Notariado y Registro solicitaron al Procurador el inicio de las actuaciones de carácter disciplinario para indagar sobre estas denuncias y asumir el poder preferente de las mismas. Sin embargo, consideraron que la naturaleza de los hechos descritos, que podrían configurar delitos contra la administración pública, hacía imperativa la intervención de la Fiscalía.

Igualmente pidieron a la jefe del ente acusador, adelantar todas las actuaciones investigativas pertinentes para identificar, individualizar y judicializar a todos los posibles autores y partícipes de estos presuntos actos de corrupción, ya sean funcionarios públicos o particulares.