–Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025, la violencia obligó a 87 mil 898 personas a abandonar sus hogares en desplazamientos masivos, mientras que otras 71 mil 219 quedaron atrapadas en sus territorios por cuenta del confinamiento impuesto por grupos armados ilegales, informó la Defensoría del Pueblo, la cual advirtió que estas cifras reflejan la profunda crisis humanitaria que atraviesa el país.

El informe revela que solo en el mes de agosto se registraron 16 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 2.934 personas, y 10 eventos de confinamiento que restringieron la movilidad de 6.174 personas. De hecho, agosto se consolidó como el mes con el mayor número de desplazamientos masivos en lo que va del año, una tendencia preocupante que evidencia la intensificación del conflicto en varias regiones del territorio nacional. A esto se suman 173 situaciones de riesgo de desplazamiento y/o confinamiento identificadas a lo largo del año.

El análisis territorial muestra que la crisis humanitaria se concentra en departamentos específicos. Norte de Santander es la región con el mayor número de personas desplazadas, con 73.300 víctimas, principalmente a causa de la agudización de la violencia en el Catatumbo. Esta situación ha impactado de manera desproporcionada a mujeres, niñas, niños, adolescentes, lideresas y líderes sociales, y comunidades indígenas. Por otro lado, Chocó es el departamento con la cifra más alta de personas confinadas (15.320), donde las restricciones a la movilidad impuestas por actores armados limitan gravemente el acceso a alimentos, educación y servicios básicos.

El boletín también aborda otras dinámicas de movilidad humana. Entre enero y el 15 de agosto de 2025, se registró el tránsito irregular de 106.590 personas migrantes por el país, en su mayoría provenientes de Venezuela. Además, se ha identificado un «flujo migratorio inverso» de más de 15.000 personas que han ingresado a Colombia retornando desde el norte, enfrentando múltiples abusos en su trayecto. Asimismo, la Defensoría del Pueblo ha acompañado a más de 4.000 connacionales deportados desde Estados Unidos en lo que va del año, garantizando una recepción digna y la protección de sus derechos.

Ante este complejo panorama, la Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a las autoridades nacionales y territoriales para tomar acciones urgentes. El informe incluye una serie de recomendaciones, entre las que se destacan:

• Activar corredores humanitarios, reiterando su importancia, en territorios con condiciones de}seguridad difíciles, con el fin de facilitar la entrega oportuna de ayudas humanitarias. Para ello,}es indispensable una articulación interinstitucional efectiva, que garantice una respuesta integral}y coordinada entre las entidades competentes.

En caso de que no existan condiciones mínimas de seguridad, se debe articular con}organizaciones y agentes humanitarios que puedan prestar sus servicios, permitiendo así una}atención adecuada, protección y respuesta a las comunidades afectadas.

• Dadas las dificultades recurrentes para obtener censos precisos en contextos de eventos de confinamiento, aplicar lo establecido en el artículo 2.2.6.7.3.2.2. del Decreto 1084 de 2015, con el propósito de flexibilizar y agilizar la respuesta humanitaria. Esta norma permite el uso de listados censales, elaborados por autoridades comunitarias o el Ministerio Público, siempre que cuenten con la validación correspondiente por parte de la autoridad territorial, como
mecanismo alternativo para la identificación y registro de la población afectada.

• Ante las afectaciones al derecho a la educación causadas por el desplazamiento y el confinamiento, fortalecer la implementación de la Ruta GIRE (Gestión Integral del Riesgo Escolar), bajo la coordinación de las secretarías de Educación departamentales y municipales.

Es necesario brindar mayor asistencia técnica para la elaboración o ajuste de los planes de gestión del riesgo escolar en cada institución educativa, asegurando una respuesta adecuada y contextualizada frente a las emergencias derivadas del conflicto armado.

• Impulsar una respuesta más robusta en materia de acompañamiento psicosocial a las familias afectadas por situaciones de emergencia, especialmente a aquellas que han vivido desplazamiento o confinamiento. Esta atención debe ser integral, culturalmente pertinente y sostenida en el tiempo.

• En municipios con eventos recurrentes de desplazamiento y confinamiento, fortalecer los planes de contingencia locales, incorporando estrategias específicas para la habilitación de albergues temporales. La ausencia de estos espacios obliga a las víctimas a recurrir a redes de apoyo comunitarias, que frecuentemente se ven desbordadas en su capacidad de acogida, afectando la atención digna y segura de las personas afectadas.