–La Cancillería de Colombia envió un parte de tranquilidad frente a la demanda promovida por la Procuraduría General de la Nación contra los convenios de cooperación con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para la elaboración y expedición de pasaportes.

«No hay, ni habrá desabastecimiento de libretas de pasaportes y por ello damos un parte de tranquilidad a la opinión pública, independientemente de las acciones judiciales que se promuevan», precisa el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Al respecto, explica que a la fecha, no existe ningún fallo en contra de la Cancillería colombiana que imposibilite seguir adelante con el proceso de producción de nuevos pasaportes para Colombia.

«La existencia de un medio de control, en este caso una demanda, no impide en modo alguno que sigan en ejecución los proyectos, planes y programas relacionados con la expedición del nuevo modelo de pasaportes por parte de la Cancillería», subraya.

Además indica que a la fecha, la Imprenta Nacional y la Cancillería adelantan, sin contratiempos, todos los actos que fueron objeto de convenio interadministrativo para implementar el nuevo modelo de pasaportes.

Agrega que en el momento en que se sea notificada la demanda por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se surtirá la defensa respectiva por parte de la Cancillería a través de su División Jurídica de Instancia.

Establece que la comunicación de la Procuraduría obedece a la orden legal de hacer conocer al Ministerio de Relaciones Exteriores la existencia de una controversia jurídica que se desatará en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en dos instancias: el Tribunal Administrativa de Cundinamarca y el Honorable Consejo del Estado.

Advierte que a la fecha, la Cancillería no ha sido notificada de auto admisorio de demanda alguno por parte del Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad judicial competente que admitirá o no el medio de control invocado por la Procuraduría General de la Nación.

Igualmente señala que el proceso contencioso contractual que se anuncia por la Procuraduría apenas inicia y puntualiza que la Cancillería tendrá todas las opciones para presentar argumentos defensivos y demostrar que la actuación contractual se realizó conforme a la Ley.

Reitera que este proceso apenas empieza y tiene dos instancias: «el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Honorable Consejo de Estado según el caso, y en cualquier situación tendrá que dirimirse por los jueces de la República, después del análisis probatorio, la contradicción de las pruebas y la presentación por parte de la Cancillería, y de todas las entidades demandadas, de los elementos de hecho y derecho para declarar que la contratación se ajustó a la Ley».

Así mismo se declara respetuosa de la decisión de la Procuraduría General de la Nación de presentar la acción contractual de acuerdo con sus funciones; sin embargo, destaca, «estaremos siempre atentos a la defensa de los intereses de la Cancillería ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para demostrar la legalidad de los procesos llevados a cabo».

Además, la Cancillería afirma que garantiza su capacidad para satisfacer la expedición de pasaportes de los colombianos. «La institución tiene previstas todas las contingencias y ha venido prestando de manera ordinaria y continua la prestación del servicio de pasaportes a través del Contrato Unión Temporal Documentos de Viaje 2026, el cual se encuentra en plena vigencia», complementa.

Finalmente anota que esta noticia de la Procuraduría representa solamente el inicio de un proceso contencioso que no puede generar pánico en la población colombiana, teniendo en cuenta que es una controversia jurídica que apenas comienza y cuya decisión estará en manos de la justicia colombiana, previo al agotamiento de las etapas procesales.

La Procuraduría General de la Nación instauró una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra los convenios firmados entre la Imprenta Nacional y la Casa da Moeda de Portugal, por $1,3 billones, por considerar que los principios de contratación pública fueron vulnerados.

Por ello, pide que se declare la nulidad del contrato estatal y se ordene a la empresa contratista de Portugal devolver en su integridad, las sumas de dinero que haya recibido como contraprestación por la ejecución del convenio, dado que la nulidad absoluta del mismo implica volver las cosas al estado anterior en la medida de lo posible».

También exige que se le ordene a la Casa da Moneda de Portugal liquidar y pagar en favor del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional, intereses moratorios a la tasa más alta autorizada por la ley sobre todas las sumas liquidadas, hasta que se produzca el pago efectivo de tal valor.