–En la instalación del foro “30 años de la Ley 142: Desigualdades en Agua y Saneamiento en las Regiones”, el vicecontralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga advirtió que las brechas territoriales, la baja calidad del agua suministrada y la reducción del presupuesto de inversión para el 2026, amenazan con profundizar en el país el gran problema de acceso equitativo a los servicios públicos esenciales.

«Todavía hay más de 190 municipios del país que prestan el servicio de acueducto menos de 12 horas al día», señaló el organismo de control, el cual subrayó que no es posible garantizar el derecho a la vida, a la salud o a una vivienda digna sin agua potable y saneamiento básico, cuando existen diferencias entre lo urbano y lo rural.

«Esas falencias se convierten en factores discriminatorios contra quienes habitan los territorios más apartados, añadió.

Según la Contraloría, el presupuesto de 2026 reduce en un 53% los recursos destinados para Agua, Saneamiento y Gestión Integral de Residuos, pasando de 1.5 billones en 2025 a 0.7 billones en 2026 y más de 5 millones de personas aún carecen de agua potable, cerca de 12,5 millones no cuentan con alcantarillado sanitario y 8,6 millones carecen del servicio de recolección de basuras.

Entre 1993 y 2024, la cobertura de acueducto urbano aumentó apenas un 3,2%, en alcantarillado un 11,8% y en recolección de basuras un 16,1%.

La primera gran deficiencia que ha identificado la Contraloría General es la inequidad territorial: en 2024, la brecha urbano-rural en acueducto fue del 36%, en alcantarillado del 78,4% y en aseo del 67,5%” y aseguró que la Amazonía sigue rezagada con apenas un 46,8% de cobertura en acueducto, frente al 93,6% en la Región Andina.

El órgano de control advirtió que el Presupuesto General de la Nación 2026 contiene una reducción del 53 % en los recursos de inversión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio destinados a agua, saneamiento y gestión integral de residuos. El monto pasará de 1,5 billones de pesos en 2025 a solo 0,7 billones en 2026, lo que representa una disminución cercana a 800 mil millones de pesos.

A esta reducción se suma la baja ejecución presupuestal. Con corte al 18 de septiembre de 2025, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio solo había ejecutado el 23% de su inversión, y para el componente de agua, saneamiento y basura cero, el 22%.

De mantenerse esta tendencia, se verá comprometida la capacidad institucional para garantizar cobertura, continuidad y calidad en los servicios públicos de este sector, afectando los avances logrados y profundizando las brechas regionales.

La Contraloría General de la República ha ejecutado un seguimiento riguroso a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), los Planes Departamentales de Agua (PDA) y el Sistema General de Regalías (SGR). De 684 plantas de tratamiento de aguas residuales evaluadas, solo el 39% opera efectivamente, mientras el resto presenta fallas estructurales o abandono, lo que conduce al vertimiento de aguas contaminadas en ríos y mares.

Entre 2020 y el primer semestre de 2025, se realizaron 40 auditorías al SGP con 137 hallazgos fiscales por $75.515 millones, y 71 auditorías a los PDA con 231 hallazgos fiscales por $197.053 millones.

En cuanto a los recursos provenientes de regalías se han vigilado 174 proyectos valorados en $1,1 billones, de los cuales se identificaron hallazgos con incidencia fiscal por $170.664 millones. En total, los ejercicios de control fiscal a estas tres fuentes de financiamiento suman hallazgos fiscales por más de $443.232 millones.

Finalmente, la Contraloría destacó que seguirá cumpliendo su mandato de vigilar los recursos públicos, para corregir, anticipar riesgos y garantizar que las políticas públicas lleguen a quienes más lo necesitan.