–La Defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un nuevo y vehemente llamado a los grupos armados ilegales que actúan en el Cauca para que detengan sus acciones criminales contra la población civil, tras expresar sur «profunda indignación por el atentado con carro bomba perpetrado contra las instalaciones de la Policía Nacional en la cabecera municipal de Suárez, Cauca».

La funcionaria advierte que el ataque afectó, no solo a la Policía Nacional, sino a personas civiles, así como a bienes de la misma naturaleza y que entre las personas heridas hay un niño.

«En este acto, que es una flagrante infracción al derecho internacional humanitario (DIH) y una grave violación a los derechos humanos, murió una persona civil y otra está desaparecida, producto de la onda expansiva; además, un uniformado quedó herido», precisó la Defensora.

Añadió que el hecho siembra temor e incertidumbre en los habitantes del municipio caucano, bastante afectado por el conflicto armado».

Actualmente, la Defensoría tiene 26 Alertas Tempranas activas para el departamento del Cauca, «con el fin de que sean emprendidas acciones de protección para la comunidad y disuasión del contexto de amenaza».

Recuerda que hace unos días, justamente, emitió el informe defensorial «Cauca: voces que resisten 2024-2025», en el que formuló 52 recomendaciones «y cuyo foco es un llamado a redefinir la presencia del Estado en todo el departamento desde la garantía efectiva de los derechos y no desde una lógica exclusivamente militar».

La Defensora del Pueblo «exige a los responsables del atentado que detengan su accionar criminal e instamos a todos los actores armados a respetar el DIH y a dejar por fuera de todas sus acciones a la población civil. La barbarie debe llegar a su fin».

A propósito de la situación de violencia en el Cauca, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia confirmó que durante lo corrido del 2025 se han registrado 42 ataques indiscriminados en doce municipios del Cauca y cuatro del Valle del Cauca, con un saldo de 27 muertos, de los cuales 12 han sido civiles, entre ellos dos líderes sociales.

También hizo alusión al ataque terrorista con carro bomba ocurrido en en el municipio de Suárez que dejó dos personas muertas y cuatro heridos, y advirtió que estos hechos general pánico en la población y causan graves daños a los bienes civiles.

“Reiteramos que los ataques indiscriminados están prohibidos. Llamamos a que se investigue, juzgue y sancione a los responsables”, precisó e hizo un llamado al Estado colombiano a fortalecer la seguridad, desmantelamiento y también las medidas de protección y prevención para garantizar los derechos humanos, “sobre todo en aquellos lugares donde hay presencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales”.

En el informe que citó la Defensora del Pueblo se focalizaron, a través de sus 26 Alertas activas, los siguientes municipios: Timbiquí, Toribío, Silvia, Suárez, Sucre, Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Popayán, Patía, Páez, Morales, Miranda, López de Micay, Jambaló, Guachené, Guapi, El Tambo, Corinto, Caloto, Caldono, Cajibío, Bolívar, Buenos Aires, Almaguer y Argelia.

Advirtió que los grupos armados al margen de la ley que delinquen en Cauca, cuyo fin es ejercer control territorial y social para fortalecer su presencia y economías ilegales, son la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) —con la que ha habido avances en un diálogo de paz—, la disidencia Nuevo Estado Mayor Central (Nuevo EMC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a través de sus distintos frentes y estructuras. A ello se suma la incursión en el departamento de carteles mexicanos, como Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa.

El contexto de violencia sistemática se da con la ocurrencia de homicidios selectivos, masacres, lesiones personales, entre otros hechos. Para 2024, en el departamento se registraron 827 asesinatos, 564 de ellos tuvieron lugar entre enero y agosto. Y en comparación con el mismo periodo del 2025, hubo 524. Entre 2024 y los primeros 9 meses del 2025, 18 masacres ocurrieron en el departamento, 13 en 2024 y 5 este año.

En relación con las desapariciones forzadas, fueron reportados 42 casos de desaparición forzada, 18 corresponden al año 2024 y 24 al año 2025, según datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). Popayán es el municipio donde más casos se registraron, con 31; le siguen Caldono con 7 y Miranda, Guapi, Corinto y Caloto con 1 cada uno.

Sobre el desplazamiento forzado, la Defensoría del Pueblo identificó que este fenómeno involucra actividades asociadas a cultivos de uso ilícito, disputas territoriales por el control de corredores ilegales, reclutamiento forzado, enfrentamientos armados, entre otros factores.

De 105 eventos de desplazamiento masivo en todo el país en 2024,16 se presentaron en el Cauca, afectando a más de 2.650 familias, lo que lo sitúa como uno de los territorios con mayor incidencia de este hecho. En lo que va del 2025, la entidad ha registrado 14 eventos de la misma naturaleza en el departamento, fenómeno que ha afectado a alrededor de 1.300 familias.

El confinamiento también causa preocupación, pues de 75 casos ocurridos en Colombia durante el 2024, 6 fueron en el Cauca (cerca de 1.400 familias afectadas). Y entre enero y septiembre de este año, iban 8 casos (más de 2.845 familias perjudicadas).

“El informe hace un llamado a redefinir la presencia del Estado en el Cauca desde la garantía efectiva de los derechos y no desde una lógica exclusivamente militar. Esto implica fortalecer la justicia, la educación, la salud, la autoridad civil y la infraestructura básica en las zonas rurales. Finalmente, recomendamos establecer un mecanismo permanente de monitoreo y en el que las entidades responsables entreguen reportes periódicos sobre el cumplimiento de las recomendaciones para, de esa manera, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas ante las comunidades”, concluyó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

En total, son 52 recomendaciones formuladas en Cauca: voces que resisten 2024-2025, dirigidas a los ministerios del Interior, de Agricultura, de Igualdad y Equidad, de Defensa, del Interior, de Justicia; a la Presidencia y Vicepresidencia de la Repu?blica; a la Agencia Nacional de Tierras, a la Agencia de Desarrollo Rural; al Departamento Nacional de Planeación, a la Unidad Nacional de Protección, a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización; a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, a la Unidad para las Víctimas, entre otros entes.