–(Imagen @colombia_hist). Tras 40 años de dolor, memoria y lucha por los derechos de las personas afectadas, Armero y sus víctimas no pueden ser olvidados, afirma la Defensoría del Pueblo en un informe en el cual plantea la necesidad de comprender los desastres como procesos sociales e históricos que demandan responsabilidad estatal, compromiso institucional y apropiación comunitaria.

Una apuesta institucional por reconocer los procesos históricos que han marcado la vida de las comunidades, alzar la voz de las víctimas y honrar su memoria a partir de las lecciones del pasado, es el mensaje principal del informe ‘Armero: ¿40 años de vulneración de derechos? Memoria y lecciones para la gestión del riesgo de desastres en Colombia’ que la Defensoría del Pueblo presenta al país.

#Armero hace un poco más de 40 años era una de las ciudades más esplendorosas y ricas del Tolima.

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“La experiencia de Armero representa un llamado ético, jurídico y político a situar la protección de los derechos humanos en el centro de toda política pública frente a los desastres en Colombia”, aseguró la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante la presentación del informe en Honda, Tolima, ubicado a pocos kilómetros de lo que fue Armero.

El documento defensorial, dirigido a entidades del Estado, organizaciones sociales y académicas y ciudadanía en general, plantea la necesidad de comprender los desastres como procesos sociales e históricos que demandan responsabilidad estatal, compromiso institucional y apropiación comunitaria.

No obstante, la intención del informe va más allá: la gestión del riesgo de desastres no puede reducirse a una lógica técnico-operativa, sino que debe consolidarse como una política pública estructural, basada en el respeto y protección de los derechos humanos y de la naturaleza.

También es clave que estos entes incorporen el derecho a la memoria como medida de reparación, prevengan daños previsibles mediante instrumentos de planeación territorial, construyan institucionalidad sólida a nivel local, además de que formulen políticas inclusivas, diferenciales y garantes de la dignidad humana.

Desde la Antigua Estación del Tren, en Honda (Tolima), la Defensora del Pueblo, @MarnIris, presenta el informe de investigación “Armero: ¿40 años de vulneración de derechos? Memoria y lecciones para la gestión de los riesgos de desastres en Colombia”.

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La destrucción de Armero (Tolima), ocurrida el 13 de noviembre de 1985 a causa de la avalancha provocada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz, marcó un punto de inflexión en la historia nacional. Este hecho se convirtió en un hito que transformó el debate sobre las responsabilidades del Estado, y constituyó el punto de partida de la política de gestión del riesgo de desastres en Colombia.

Cuatro décadas después, existe consenso en que las consecuencias de aquel evento no se limitaron al momento de su ocurrencia. Sus efectos han sido múltiples, prolongados y profundos, tanto para quienes sobrevivieron y sus descendientes como para la sociedad colombiana en su conjunto. Y es que la tragedia dejó alrededor de 25.000 personas fallecidas, más de 8.000 sobrevivientes desplazados y cerca de 500 niñas y niños perdidos y separados de sus familias.

“Las omisiones en la prevención del riesgo volcánico, la falta de reparación y la débil respuesta institucional configuraron violaciones sostenidas a derechos humanos y fundamentales, como a la vida, la salud, la vivienda, la propiedad, la identidad, la unidad familiar, los derechos de niñas, niños y adolescentes, la información pública y el ordenamiento territorial”, manifestó la Defensora del Pueblo.

El desastre no ha concluido

Muchos sobrevivientes son hoy personas mayores a las que, a raíz de la tragedia de hace 40 años, no les han restituido algunos de sus derechos fundamentales y colectivos, además enfrentan dificultades en temas como pensión, vivienda y acceso a servicios básicos.

A las pérdidas materiales, con más de 10.000 predios destruidos y el colapso total de una economía agrícola y comercial próspera, se suman secuelas que aún perduran: afectaciones en salud mental, desarraigo, ruptura del tejido social, discapacidades, pérdida de la memoria cultural y condiciones de vulnerabilidad.

Acciones del Estado son innegables, pero insuficientes

Como acciones positivas deben ser mencionados los avances normativos y de política pública, como la creación del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (hoy Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SNGRD).

Sin embargo, la respuesta a la población afectada y sobreviviente ha sido fragmentada, discontinua y sin articulación territorial, lo que ha limitado la eficacia del Estado para cumplir con su deber de garantizar, proteger y restituir sus derechos.

Desaparición de Armero transformó la vida de las y los sobrevivientes en lo material, económico, cultural y social
Las y los sobrevivientes pasaron de actividades agrícolas e industriales a economías de subsistencia y empleos informales (37%), en un proceso de reconfiguración forzada de sus dinámicas sociales y económicas.

En lo cultural, la pérdida del territorio fracturó la identidad armerita y debilitó las redes comunitarias que sostenían la memoria colectiva. Aún hoy, persiste la tensión entre reconstruir la identidad y la invisibilización en los municipios que acogieron a las y los sobrevivientes.

“Garantizar estos derechos implica pasar de las normas a la acción: fortalecer la prevención, asegurar la reparación integral y la memoria, garantizar la salud física y mental, la vivienda digna, la restitución patrimonial y la información transparente, y consolidar una gestión del riesgo con enfoque humano, participativo y de no repetición”, afirmó la Defensora Iris Marín Ortiz.

Recomendaciones de la Defensoría

Es importante fortalecer la garantía de derechos en el contexto de la gestión del riesgo de desastres, reconocer la persistencia del daño y orientar la política pública hacia un enfoque estructural, diferencial y de derechos humanos, en consonancia con los mandatos constitucionales y las obligaciones internacionales.

Para quienes fueron despojados de sus propiedades, el acceso a tierras debe ser concebido como medida de restitución, no únicamente como política de subsidios. Se debe garantizar el acceso a salud de la población afectada, priorizando la atención psicosocial integral.

Se debe realizar es un censo o registro actualizado de sobrevivientes y sus condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, se debe dar garantía de no revictimización de las personas sobrevivientes, expedir una declaratoria real y efectiva del volcán Nevado del Ruiz ante la UNESCO como patrimonio natural de la nación, crear el Centro de Memoria Histórica de Armero, ordenado por la Ley 1632 de 2013 y reafirmado en la Ley 2505 de 2025. Finalmente establecer una estrategia nacional de investigación, educación y memoria con enfoque preventivo.

"El desastre no se debe repetir ni replicar, no estamos condenados a vivir estas situaciones y podemos, con una acción institucional sólida, abordarlas de manera distinta", dijo la Defensora.

El informe recoge una serie de recomendaciones para distintas entidades. Estas son… pic.twitter.com/qzQWxDU80i

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El ICBF y Medicina Legal deben impulsar el programa de búsqueda e identificación de niños, niñas y adolescentes perdidos en el desastre, utilizando herramientas tecnológicas y pruebas genéticas.

“A pesar de todo ello, surge una luz en el camino. La respuesta está en la política de gestión del riesgo de desastres, sus instrumentos e instituciones, y esencialmente en quienes la orientan y aplican, por ser una estrategia de desarrollo sostenible cuyo propósito es la seguridad y bienestar de la población. Hay una oportunidad innegable de cambiar la historia, de ser justos, de impulsar la igualdad y de proteger los derechos de las personas afectadas”, puntualizó la Defensora del Pueblo.

En el marco de la conmemoración de los 40 años de la tragedia de Armero, la entidad de los derechos humanos rinde homenaje a mujeres y hombres que encarnan la fuerza, la memoria y la dignidad del pueblo armerita en un acto que tendrá lugar en Armero Antiguo.

Este reconocimiento no fue decidido por instituciones ni jurados externos: fueron los propios armeritas quienes eligieron a quienes hoy exaltamos. Ellos y ellas representan la voz colectiva de una comunidad que no se rinde, que resiste y que mantiene viva la memoria de Armero.

Cada homenajeado y cada armerita simboliza una causa, un legado y un derecho: puede ser el derecho a la memoria, el derecho a la verdad, el derecho a la identidad, el derecho a la salud, el derecho a la propiedad y el derecho a vivir con dignidad.

Más que un homenaje individual, este acto es un reconocimiento colectivo. Se honra a los miles que ya no están y a los miles que hoy quedan, como sobrevivientes de la tragedia y defensores de la vida.

Es un reconocimiento para todos los armeritas, en Colombia y en el mundo, que día a día mantienen vivo el recuerdo, a través de la palabra, el arte, la enseñanza y el servicio a su comunidad.

La Defensoría del Pueblo exalta su liderazgo como una forma viva de la defensa de los derechos. Cuarenta años después de aquel 13 de noviembre de 1985, Armero sigue hablándole al país.

Las personas exaltadas

Esperanza Tovar Cala

Defensora de derechos patrimoniales y memoria del territorio

Abogada armerita y lideresa comunitaria comprometida con la exigibilidad de derechos individuales y colectivos de las personas sobrevivientes. Desde FEDEARMERO ha impulsado la defensa del territorio como parte de la reparación integral, así como ejercicios de memoria pública, organización y participación comunitaria que buscan garantizar el derecho al arraigo, la verdad histórica y la no repetición. Su liderazgo ha contribuido a mantener viva la lucha por el cumplimiento de la Ley 1632 de 2013 “Ley de Honores a Armero”.

Francisco José González Cortés

Director de la Fundación Armando Armero

Escritor, gestor cultural y defensor de los derechos a la memoria, la identidad y la verdad histórica de la comunidad armerita. Ha liderado por más de una década la reconstrucción del territorio simbólico de Armero mediante proyectos como “Niños Perdidos de Armero”, que han contribuido al reencuentro familiar y a la dignificación de las víctimas de la tragedia de 1985. Su labor ha sido reconocida nacional e internacionalmente por promover la justicia memorial, el patrimonio cultural y el Buen Futuro como principio de garantía de derechos.

Carmen Julia Moreno

Pionera de la salud mental comunitaria y acompañamiento humanitario

Enfermera y lideresa comunitaria con más de cuatro décadas de entrega al cuidado en salud y al acompañamiento de personas sobrevivientes. Tras el desastre, transformó el dolor colectivo en una vocación de servicio basada en la empatía, la escucha y la dignidad humana. Ha promovido espacios de organización de usuarios y procesos comunitarios para garantizar el derecho a la salud mental y el bienestar social en contextos de vulnerabilidad prolongada.

Manuel García López

Profesor emérito de la Universidad Nacional y fundador de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería

Oriundo de Armero, es un profundo conocedor del territorio armerita y de toda la región. Es Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia, Magister en Ingeniería Civil de la Universidad de Purdue (USA), con especializaciones en Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones y en Mecánica de Rocas. Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Colombia, Cofundador y Profesor Titular de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería, Director Técnico de Ingeniería y Geotecnia SAS y mentor de incontables generaciones de geotecnistas. Cuenta con más de 30 reconocimientos de instituciones tanto nacionales como internacionales. Se destaca, además de su don de gentes, por su incansable labor en geotecnia, en particular con todo lo relacionado con la estabilidad de taludes y laderas y seguridad de proyectos lineales.

Edilma Loaiza

Defensora de derechos de personas con discapacidad sobrevivientes del desastre

Sobreviviente armerita y lideresa comunitaria que ha dedicado su trayectoria a la defensa de los derechos, autonomía y dignidad de las personas con discapacidad. Ha impulsado acciones para visibilizar sus necesidades, exigir respuestas institucionales y fortalecer la resiliencia individual y colectiva, contribuyendo a una sociedad más justa e incluyente para quienes enfrentan barreras físicas, sociales y culturales derivadas del desastre.

A ellos y ellas, el reconocimiento de todos los colombianos por seguir manteniendo la memoria e identidad armerita, tras una tragedia que nos deja lecciones y enseñanzas para el presente y el futuro en la gestión del riesgo de desastres en el país.