–En un extenso comunicado emitido este sábado en la noche, el Ministerio de Defensa justificó el bombardeo ejecutado contra la estructura criminal de alias Iván Mordisco en el Guaviare en el que murieron 7 menores de edad y afirmó que «la operación militar fue planeada y ejecutada con riguroso apego al Derecho Internacional Humanitario (DIH), respeto por los derechos humanos y la legislación nacional, incorporando todas las precauciones factibles para reducir riesgos a la población civil y a las personas protegidas».

Además, afirmó que la acción armada se fundamentó en información de inteligencia que advertía sobre un riesgo extremo para la población civil y para los uniformados y se ejecutó para proteger a los 20 militares que se encontraban en desventaja táctica y muy próximos a la amenaza letal.

Advirtió que de no haber sido por la rápida y oportuna intervención, hoy tal vez el país entero —y las familias de estos valientes militares— estaríamos lamentando un atentado terrorista contra las tropas que, día y noche, trabajan por la seguridad y el bienestar del departamento del Guaviare.

Tras expresar su solidaridad a las familias de los menores fallecidos, el Ministerio de Defensa «reafirma su determinación de continuar actuando dentro de los límites del DIH y en respeto a los derechos humanos, con respeto absoluto por la vida, para proteger a la población de las amenazas que representan los grupos armados ilegales».

El texto integral del comunicado es el siguiente:

El Ministerio de Defensa Nacional reafirma su compromiso absoluto con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como de toda la población civil en el territorio nacional. Este compromiso orienta la planeación, ejecución y evaluación de cada operación desarrollada por la Fuerza Pública a lo largo y ancho de la geografía nacional.

EI pasado 10 de noviembre, la Fuerza Pública adelantó una operación militar en contra de la estructura criminal GAO-r Facción ‘Mordisco’. Esta acción permitió la afectación de 26 integrantes de dicha organización, responsable de ataques extremadamente violentos y sistemáticos contra la población y las autoridades.

Una vez conocidos los resultados del Instituto Nacional de Medicina Legal sobre la identidad de los 20 fallecidos de esa estructura criminal en la operación, lamentamos profundamente que dentro de ellos, fueran identificados 7 adolescentes reclutados y utilizados como combatientes ilegales en funciones continuas de combate.

Por otra parte, gracias a la inserción de las tropas, se logró la recuperación con vida de 3 adolescentes más, quienes integraban el grupo criminal. Así mismo, se brindaron los primeros auxilios a un herido y se evacuó a 2 sometidos de dicha estructura ilegal, en estricto cumplimiento del principio de humanidad.

La operación militar fue planeada y ejecutada con riguroso apego al Derecho Internacional Humanitario (DIH), respeto por los derechos humanos y la legislación nacional, incorporando todas las precauciones factibles para reducir riesgos a la población civil y a las personas protegidas.

En aplicación cuidadosa de los principios de precaución, proporcionalidad, distinción, humanidad y necesidad militar del DIH, se valoraron todos los métodos, medios y capacidades disponibles de la Fuerza Pública para neutralizar esta inminente y grave amenaza, compuesta por más de un centenar de personas armadas con alto poder de combate.

La decisión de proceder con un apoyo aéreo cercano a la tropa, que incluyó el empleo de bombardeo, para proteger a los 20 militares que se encontraban en desventaja táctica y muy próximos a la amenaza letal, se fundamentó en información de inteligencia que advertía sobre un riesgo extremo para la población civil y para los uniformados.

Ante la inminencia y severidad de la amenaza, la intervención resultó necesaria, proporcionada y orientada a la protección de vidas humanas, en cumplimiento del deber constitucional de garantizar la seguridad de las comunidades y de los miembros de la Fuerza Pública.

De no haber sido por la rápida y oportuna intervención, hoy tal vez el país entero — y las familias de estos valientes militares — estaríamos lamentando un atentado terrorista contra las tropas que, día y noche, trabajan por la seguridad y el bienestar del departamento del Guaviare. Gracias a esta decisión, nuestros militares y policías sienten además, que el Estado colombiano los respalda y apoya cuando sus vidas están en grave riesgo.

La población, por su parte, sabe que las instituciones protegen a los colombianos y que las amenazas extremas serán neutralizadas y desmanteladas.

La peligrosidad de esta estructura criminal y la magnitud de la amenaza neutralizada se evidencia en el abundante material de guerra incautado en el lugar de los hechos, que incluye: 6 ametralladoras, 24 fusiles, 3 morteros, cerca de 30.000 municiones, 51 minas antipersonal y otro material de guerra.

Es importante recordar que esta facción criminal, perseguida por la Fuerza Pública en cumplimiento de la misión constitucional, es responsable de múltiples y graves violaciones al DIH y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el oriente y suroriente del país.

La operación fue focalizada principalmente contra los siguientes cabecillas, quienes tienen un extenso historial criminal y cuya ubicación se logró después de meses de labores de inteligencia:

-Alias ‘Pescado’, hombre de confianza de ‘Mordisco’ y cabecilla principal de la Estructura Criminal Martín Villa, responsable de terrorismo y ataques a la población en Arauca, y de proyectar y ampliar las mismas en Meta, Guaviare y Vichada.

-Alias ‘Jimmy Martínez’, cabecilla principal de la Estructura Criminal Primera, señalado de ataques sistemáticos contra la población civil, ataques con drones a la vivienda del alcalde de Calamar y la desaparición y posterior asesinato de ocho líderes religiosos.

Las disidencias de alias ‘Mordisco’ financian su accionar mediante narcotráfico, explotación ilícita de yacimientos mineros, secuestro y extorsión. Además, han recurrido sistemáticamente al reclutamiento forzado de menores, conducta considerada como un crimen de guerra y de lesa humanidad, imprescriptible y generadora de responsabilidad penal internacional.

Reiteramos que la responsabilidad de exponer a los menores al riesgo de las hostilidades recae única y exclusivamente en los grupos armados ilegales que los reclutan, utilizan y obligan a desempeñar roles de combate, en abierta violación del DIH y del interés superior de la niñez.

La Fuerza Pública continuará adelantando acciones para impedir que más niños, niñas y adolescentes sean instrumentalizados por estas organizaciones ilegales.

En lo corrido de este año, gracias al trabajo institucional, se ha logrado una reducción del 34 % en las denuncias por reclutamiento forzado.

Así mismo durante este Gobierno, la Fuerza Pública ha rescatado de la guerra a 2.411 niños, niñas y adolescentes, resultado de 1.518 recuperaciones en operaciones militares y 893 desvinculaciones adicionales como parte del restablecimiento de sus derechos.

El Ministerio de Defensa expresa su solidaridad a las familias de los menores fallecidos y reafirma su determinación de continuar actuando dentro de los límites del DIH y en respeto a los derechos humanos, con respeto absoluto por la vida, para proteger a la población de las amenazas que representan los grupos armados ilegales. Así mismo, invita a todas las instituciones del Estado y a la ciudadanía a fortalecer los mecanismos de prevención, denuncia y atención del delito de reclutamiento forzado.