–(Foto Inpec-cárcel de mediana seguridad de Barranquilla). El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga respondió al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien aseguró que el Gobierno Nacional en lugar de enviar refuerzos a la fuerza pública de su ciudad, trasladó a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a «cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente».

En su respuesta, el jefe de la cartera de Justicia hace duros cuestionamientos al alcalde de la capital del Atlántico, pero anuncia que “por ahora, el traslado de estos cabecillas está suspendido».

El minjusticia pide a Char no tergiversar: «Aquí no hay “premios”, hay resultados frente a una crisis que su administración no logró contener. El Gobierno nacional asumió decisiones difíciles para frenar el desangre y logró que, a través de diálogos de paz, ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ acordaran una tregua, lo que permitió reducir un 57% los homicidios y un 84% la extorsión a finales de 2025, según el Ministerio de Defensa, sumado a una ofensiva policial sostenida.

Además indica que «el desangre entre bandas en Barranquilla se salió de su control, y las cifras lo demuestran: cuando usted asumió, el 2024 cerró como el más violento en 20 años, con 487 homicidios, y la extorsión ya venía disparada 458% entre 2021 y 2023. Las cifras de la Policía no son opinión, y su discurso no las cambia».

Idárraga afirma que «el Gobierno nacional asumió los problemas que usted no ha podido controlar incluso con millonarios recursos. Por favor respóndale a los barranquilleros: ¿Qué pasó con los 78.000 millones de pesos del impuesto a la seguridad que pagan los atlanticenses y que controla.

Destaca que es casi la mitad del recaudo del departamento, y con esa plata, la ciudad llegó a sus peores cifras de violencia en 20 años. La pregunta es simple y no admite discursos ¿Cómo le responde a «las madres que han perdido a sus hijos»?, pregunta.

En todo caso, subraya, la lucha contra la criminalidad exige institucionalidad unida, con responsabilidades claras y de frente a la ciudadanía. Por ahora, el traslado de estos cabecillas está suspendido. El pueblo barranquillero merece antes una coordinación institucional entre el INPEC, la Policía Nacional y las autoridades locales: Alcaldía de Barranquilla, autoridades del Atlántico, para garantizar vigilancia estricta y control permanente.

Finalment el ministro indica que el Gobierno nacional mantiene una búsqueda de paz con resultados. «Esa tregua no es un cheque en blanco: los cabecillas deberán entregar resultados concretos y verificables en el desescalamiento de la violencia. La prioridad es una sola: proteger a la ciudadanía, una búsqueda de paz con resultados y cero contemplaciones con quienes sigan sembrando miedo en Barranquilla», concluye.