–La Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a las autoridades nacionales y territoriales a implementar acciones preventivas oportunas que garanticen el ejercicio libre de los derechos a elegir y ser elegido, la protección de los derechos humanos y la estabilidad democrática durante todas las etapas del calendario electoral.

La Defensoría advirtió que entre el 1 de enero y el 28 de febrero del 2026, identificó 35 eventos en Bogotá y 21 municipios de 12 departamentos del país, a partir del análisis preventivo adelantado por su Observatorio de Conflictividad Social.

En Atlántico, Boyacá, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca, los hechos registrados han estado asociados principalmente a acciones contra la oposición política (34 %), a situaciones que evidencian la polarización política con tensiones sociales entre quienes tienen posturas políticas diferentes (23 %), a inscripciones de listas de candidatos (17 %), a situaciones que restringen el derecho a elegir y ser elegido (14 %), entre otros temas con una menor proporción.

En cuanto a las formas de manifestación, la mayoría de los eventos se desarrollaron mediante plantones y concentraciones (46 %), afectaciones a vallas electorales (14 %), disturbios o acciones violentas en manifestaciones públicas (11 %), afectaciones a sedes de campaña (9 %), marchas y movilizaciones (6 %), sabotajes en actos de campaña (6 %) y otros mecanismos (6 %).

Afirma que, si bien la generalidad de las manifestaciones se ha caracterizado por su naturaleza pacífica, se destacan algunos hechos en distintos territorios que incluyeron agresiones, daños a sedes de campaña, confrontaciones violentas entre simpatizantes y denuncias de actos de intolerancia política. Estos hechos reflejan un escenario de tensión latente que, ante eventuales fallas logísticas, limitaciones en el acceso al voto, decisiones operativas percibidas como restrictivas o controversias durante el escrutinio y la divulgación de resultados, podría derivar en escalamiento de la conflictividad social.

Adicionalmente, el monitoreo permitió identificar factores que pueden generar conflictos de índole electoral en los comicios del próximo 8 de marzo. Entre ellos se destacan: pronunciamientos públicos sobre un eventual fraude electoral, controversias y decisiones judiciales relacionadas con candidaturas, nuevas demandas que cuestionen la contabilización de votos en determinadas circunscripciones electorales, tensiones durante actividades proselitistas en distintos territorios, incidentes de seguridad en eventos políticos y convocatorias a movilizaciones sociales o manifestaciones pacíficas en fechas cercanas a las elecciones, que podrían afectar la movilidad de las y los ciudadanos y de las autoridades electorales o del material electoral que podrían incidir el normal desarrollo de la jornada.

La Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación por los recientes hechos de violencia contra campañas al Congreso de la República ocurridos en distintas regiones del país, a tan solo tres días de la jornada electoral.

En las últimas horas se han registrado al menos cuatro hechos de violencia electoral:

-En Sucre, hombres armados dispararon contra la camioneta en la que se movilizaba Gerardo Luis Ruiz, candidato a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP) de Montes de María, avalado por la organización de víctimas Narrar para Vivir.
-En Atlántico, también fue atacado con arma de fuego el vehículo de la aspirante a la Cámara María Bolívar, de la Alianza Social Independiente.
-En Santander, en el municipio de Piedecuesta, fue incinerado el vehículo utilizado para actividades de campaña por el candidato Mauricio Matri, candidato a la Cámara por el Centro Democrático.
-En Arauca, en el municipio de Puerto Rondón, fue asesinada una persona vinculada a la campaña del candidato a la Cámara por el Centro Democrático, Manuel Pérez.
-Estos hechos reflejan una preocupante situación de violencia contra actores del proceso democrático. En un periodo de apenas 24 horas se han registrado un homicidio vinculado a una campaña política, dos ataques armados contra vehículos de candidatos y un ataque contra bienes utilizados en actividades electorales.

La Defensoría del Pueblo recuerda que ha advertido de manera reiterada, a través de la Alerta Temprana Electoral y su seguimiento, sobre los riesgos que enfrentan líderes y lideresas políticas, candidatas y candidatos, equipos de campaña y ciudadanía en distintas regiones del país. Particularmente en zonas PDET de las curules de paz, lo cual significa un incumplimiento al Acuerdo Final de Paz. Lo ocurrido en las últimas horas evidencia que ese riesgo pasó de ser una advertencia a materializarse en hechos concretos de violencia.

La violencia contra quienes participan en la contienda electoral afecta directamente los derechos políticos y debilita la democracia.

La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente al Gobierno nacional, a las autoridades territoriales, a la Fuerza Pública y a la Unidad Nacional de Protección para que adopten medidas inmediatas que garanticen la seguridad de los candidatos, sus equipos de campaña y las comunidades en estos días previos a la jornada electoral.

Asimismo, reitera su llamado a los grupos armados ilegales para que respeten el proceso democrático y se abstengan de cualquier acción que ponga en riesgo la vida, la integridad y los derechos políticos de quienes participan en estas elecciones.

La Defensoría del Pueblo continuará monitoreando la situación electoral en todo el país y activando los mecanismos institucionales necesarios para prevenir la violencia política y proteger el ejercicio de la democracia.

Recomendaciones de la Defensoría

La Defensoría les recomienda al Ministerio del Interior, a través del Viceministerio de Diálogo Social y los Derechos Humanos, y la Registraduría Nacional fortalecer las acciones de prevención y transformación de conflictos con incidencia electoral, priorizando mecanismos de diálogo, mediación y articulación interinstitucional que permitan atender oportunamente las inconformidades que puedan surgir durante el desarrollo de las elecciones y en la etapa poselectoral.

En este sentido, resulta fundamental promover canales de comunicación efectivos entre autoridades electorales, gobiernos territoriales, organizaciones sociales y actores políticos, con el fin de tramitar de manera temprana las tensiones que puedan presentarse en los territorios y así evitar escenarios de escalamiento de la conflictividad social.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo les hace un llamado a los partidos políticos, a las candidaturas y a la ciudadanía para que cualquier inconformidad relacionada con el proceso electoral sea tramitada exclusivamente a través de los mecanismos institucionales y legales establecidos, en un marco de respeto por la diferencia política y la convivencia democrática.

Igualmente, recomienda incorporar un enfoque de género en las medidas de prevención para evitar que la violencia política basada en género profundice la conflictividad electoral. Todas las acciones tienen como propósito fundamental garantizar los derechos políticos a elegir y ser elegido, la protección de los derechos humanos y la estabilidad democrática durante todas las etapas del calendario electoral.