–La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra Óscar Galvis, interventor de la Nueva EPS, por la muerte del niño Kevin Arley Acosta, luego de confirmar que la falta de suministro oportuno de un medicamento para la hemofilia, indispensable para la supervivencia incidió en el deterioro de su estado de salud? y posterior fallecimiento el pasado 13 de febrero.

Además, el ministerio público notificó que pedirá a la Fiscalía General de la Nación que se investigue penalmente a las personas que hayan tenido alguna responsabilidad en el lamentable fallecimiento del menor.

El informe revelado por la Procuraduría sobre las circunstancias del fallecimiento del menor determinó que la falta de suministro del medicamento conocido como Emicizumab habría puesto al niño en una situación clínica crítica.

Kevin Arley estuvo prácticamente dos meses sin recibir el medicamento, pues Medicarte, la IPS que lo atendía, había suspendido la entrega del medicamento a sus pacientes por falta de pago de la Nueva EPS.

La IPS Integral, que debía recibir a los pacientes de Medicarte, no pudo asumir ese compromiso porque la Nueva EPS tampoco le giraba recursos.

Cuando Kevin falleció, no estaba asignado a una IPS.

La Procuraduría también conoció que otros 2.000 pacientes adscritos, primero a Medicarte y después a Integral, podrían estar en alto riesgo, pues no tienen atención médica asegurada.

Copia del informe será compulsada a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a las personas que hayan tenido alguna responsabilidad en el lamentable fallecimiento del menor.

En el informe el ministerio público precisa que la IPS MEDICARTE prestó servicios de salud a usuarios afiliados a NUEVA EPS dentro del marco del contrato de prestación de servicios de salud 02-01-08- 00664- 2016, el cual se mantuvo vigente hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), fecha en la cual se produjo la terminación definitiva de la relación contractual entre las partes. Puntualmente, reportó haber estado a cargo de la atención del niño KEVIN ARLEY ACOSTA PICO entre el 22/11/24 y el 31/12/25, que como se señaló, corresponde a la fecha de terminación del contrato.

Con base en los hechos analizados, solicita adelantar las actuaciones disciplinarias pertinentes para determinar la eventual responsabilidad de la Nueva EPS por la omisión administrativa grave al incumplir el suministro oportuno del
medicamento Factor VII, indispensable para la supervivencia del menor KEVIN ARLEY ACOSTA PICO y particularmente la vulneración a los principios de continuidad, integralidad y oportunidad en la prestación del servicio de salud, afectando directamente la atención del menor KEVIN ACOSTA y generando un riesgo vital que, lamentablemente, se materializó en su fallecimiento.

Adicionalmente, la EPS puedo haber incurrido en deficiencias en la gestión administrativa, al no remitir oportunamente las historias clínicas, no garantizar la articulación efectiva con prestadores de salud, ni asegurar la continuidad del
tratamiento, lo que pudo incidir en una atención inadecuada e inoportuna del menor.

• De manera conjunta, debe establecerse si las fallas de la EPS fueron determinantes en el desenlace fatal, configurando una eventual responsabilidad disciplinaria por incumplimiento de sus deberes legales y contractuales en la garantía del acceso efectivo a los servicios de salud.

• Así las cosas, la NUEVA EPS, habría incumplido sus obligaciones de garantizar la atención médica a sus afiliados, en este caso, población sujeta de especial protección constitucional, al tratarse de un menor de edad, que padecía una
enfermedad congénita, incurable, cuya vida dependía del suministro ininterrumpido del medicamento.

• La NUEVA EPS, es la aseguradora más grande del país, con 11,7 millones de afiliados, el 57% de los cuales pertenece al régimen subsidiado y el 43% al régimen contributivo.

• La Nueva EPS tiene asegurados al 22% del total de afiliados en salud del país, con lo cual, las variaciones o alteraciones en su operación impactan de manera importante el derecho a la salud de sus afiliados y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPSpúblicas y privadas que prestan los servicios médico-asistenciales y en general a toda la cadena de proveedores del sistema.

• El riesgo sistémico que genera la operación de la Nueva EPS respecto de la garantía del derecho fundamental a la salud y de la sostenibilidad financiera del sistema de salud.

La situación post intervención de la Nueva EPS, la más grande EPS del país, configura un riesgo incalculable respecto de la garantía del derecho fundamental a la salud del total de la población, en consideración a los efectos deletéreos sobre (i) El estado de salud de sus más de 11 millones de afiliados y en especial de su 57% más vulnerable, correspondiente a la población afiliada perteneciente al régimen subsidiado y de los afiliados sujetos de especial protección constitucional en razón a que padecen enfermedades raras, huérfanas, catastróficas y crónicas; y (ii) La sostenibilidad financiera de todo el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en atención a los impactos de los pasivos sobre las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.

En consideración de lo expuesto, se traslada por competencia al operador disciplinario para que evalúe la posible concurrencia de responsabilidades de los Agentes Interventores de la Nueva EPS, de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y/o de otros actores públicos y privados integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en relación con el deterioro de las condiciones de acceso a los servicios de salud y de la sostenibilidad
financiera posteriores al proceso de intervención forzosa administrativa de la Nueva EPS y su incidencia en la vulneración de los derechos fundamentales a la salud y a la vida del menor KEVIN ARLEY ACOSTA PICO, hecho que condujo a su fallecimiento, tal como se expuso precedentemente y consta en los documentos recaudados por la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles del Trabajo y la Seguridad Social que se anexan al presente informe, así como evaluar el eventual traslado de las actuaciones a la Fiscalía General de la Nación.