–(Imagen ilustrativa). Siete personas, entre exfuncionarios y particulares, fueron judicializadas por supuestamente estar involucradas en un entramado de corrupción que direccionó y se apropió de la contratación destinada a la atención de la primera infancia y las mujeres gestantes de los grupos étnicos y las comunidades rurales en Riohacha y Manaure, departamento de La Guajira.

Los presuntos involucrados son los exfuncionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Gabriel Antonio Benítez Orcasita, Lorenza Martínez Valdeblanques y Jessica Karina Peñaranda Murgas; y los particulares Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira, Pedro Pablo Romero Pinilla y Rosidis Barliza Rivera.

Los hechos irregulares que se les atribuyen están relacionados con tres contratos suscritos por la seccional La Guajira del ICBF con una asociación privada entre febrero y diciembre de 2019, que tenían por objeto la atención de población vulnerable, incluyendo el componente de alimentación, con un enfoque diferencial.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que Benítez Orcasita, Martínez Valdeblanques y Peñaranda Murgas, en su calidad de supervisores de los contratos, habrían aprobado actas de revisión y 12 pagos con sobrecostos a favor de la empresa contratista, representada por Barliza Rivera.

Siete personas, entre exfuncionarios y particulares, fueron judicializadas por su presunta participación en las irregularidades detectadas en la ejecución de tres contratos suscritos por la seccional La Guajira del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con una… pic.twitter.com/zcBBSCu6NF

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 31, 2026

Los investigados en sus roles de supervisores, contratistas y proveedores habrían presentado información errónea en documentos públicos y privados sobre compras de alimentos que presentaban sobrecostos. Esta situación generó un detrimento patrimonial superior a los 860 millones de pesos. Por estos hechos, fueron imputados, de acuerdo con su posible participación individual, por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

Estas actuaciones estaban sustentadas en facturas y cuentas de cobro a nombre de Pérez Romero, Mengua Rivera y Romero Pinilla, quienes fungían como proveedores de productos perecederos, carnes y verduras. Los documentos registraban incrementos inusuales en el valor de los artículos y las raciones, y presuntamente fueron utilizados por Barlisa Rivera para inflar los informes financieros ante el ICBF y solicitar el desembolso de más dinero.

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De esta manera, a través del aumento en el costo del servicio de suministro de alimentación, se generó un detrimento patrimonial superior a los 860 millones de pesos.

Por todo lo anterior, una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional La Guajira les imputó, de acuerdo con su posible participación individual, los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.