–(Imagen ilustrativa Fedegan). Movilizaciones y bloqueos viales se producirán este jueves en regiones de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Quindío, Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca, en desarrollo del paro promovido por organizaciones campesinas, colectivos ciudadanos y sectores de oposición en rechazo al incremento de los avalúos catastrales.

Concretamente, se trata de una protesta contra la resolución 2057 expedida por el Instituto Geográfico Agustin Codazzi el 30 de diciembre que ordena la actualización masiva y automática de los avalúos catastrales para predios rurales en 527 municipios del país para la vigencia de 2026.

La medida se fundamenta en el Artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023), el cual busca reducir la brecha entre el valor catastral y el valor comercial de los inmuebles.

Las organizaciones promotoras de la protesta exigen una revisión de la norma, argumentando que los nuevos valores superan la capacidad adquisitiva de los sectores productivos del campo.

A propósito del tema, el presidente de Fedegan, José Félix Lafourie, escribió una nota que tituló La “mala leche” de los avalúos rurales, en el cual hizo las siguientes precisiones:

Todo lo que se hace “de mala leche” … sale mal. Así le ocurrió al Gobierno con el ajuste de los avalúos rurales con rezagos de actualización mayores a cinco años a la fecha de expedición de la Ley del Plan, no solo porque, basada en el odio a los “grandes terratenientes”, termina afectando a los pequeños propietarios, sino por el afán de implementarla a partir de 2026, para lo cual el Instituto Geográfico Agustín Cosazzi- IGAC, expidió la Resolución 2057 del 30 de diciembre, vigente desde su publicación en el Diario Oficial, que se produce, con inesperada eficiencia, el 31 de diciembre.

Sin embargo, en su afán, al Gobierno se le pasó un detalle: la Resolución 1912/24 establece que los valores catastrales del ajuste automático entrarán en vigor “a partir del 1º de enero del año siguiente al de su incorporación en las bases catastrales”; algo que se empezó a producir en los municipios en 2026 con la determinación del ajuste a cada predio. Por tanto, esos valores catastrales solo serán vigentes a partir del 1º de enero de 2027 y no podrán afectar el predial de 2026.

La actualización “a quemarropa” de los avalúos rurales ha sido promovida por el IGAC como una medida excepcional, masiva y automática.

Sin duda es excepcional, por una sola vez. Así la vende el Gobierno, como una de sus “bondades”, pero esa excepcionalidad lo que pretende es reparar el incumplimiento sistemático de la obligación legal de actualizar avalúos cada cinco años, poniendo a los propietarios a “pagar los platos” que rompieron los gobiernos durante décadas.

De lo “masivo y automático” siempre desconfío, porque esconde grandes injusticias. El IGAC reconoce que se afectarán 1.639.140 predios en 533 municipios, pero también que el 98,6% tiene menos de 100 hectáreas, así que, mientras Petro afirma que la medida no es para los pobres, las cifras del IGAC lo contradicen, pues el Estado mismo considera menos de 100 hectáreas como pequeña propiedad, al punto que las normas prediales la favorecen con incrementos que no pueden superar el 50% de lo liquidado el año anterior.

Para el minifundio lechero de altiplano, que se mide en fanegadas (6.400 m2), la pequeña propiedad es más pequeña, pero en algunas zonas más valiosa. Un campesino con cinco fanegadas en el altiplano cundiboyacense, que soportan 10 animales y tampoco lo sacan de pobre, puede pasar, como por ensalmo, de pequeño a mediano productor, si su predio es afectado por incrementos promedio del avalúo superiores al 1.000% en Boyacá y Cundinamarca, con lo cual, entre otras cosas, perderá beneficios ante las entidades de crédito.

A las mayores limitaciones de acceso al crédito se suma el incremento del predial, que aun con las limitaciones a su aumento anual, afectará los ingresos de pequeños productores, pues sobre un avalúo que pretende actualizar décadas de descuido gubernamental, durante años pagarán aumentos no superiores al 50%, pero sobre una base cada vez mayor. Sumando el aumento vegetativo de los avalúos al ritmo del IPC, un campesino que pagó $1.000.000 en 2025, en apenas tres años pagaría más de $3.500.000.

Por fortuna, se malogró la intención de afectar la producción agropecuaria con la disculpa de fortalecer las finanzas municipales. Vendrá un nuevo gobierno que comprenda la realidad rural sin sesgos ideológicos, que modifique el despropósito de la actualización masiva y respete el artículo 9º de la Ley 101/93, para que los avalúos catastrales de predios destinados a la producción agropecuaria, como ordena la Ley, no tengan en cuenta “ninguna consideración distinta a la capacidad productiva y la rentabilidad de los predios”.

¡Así debe ser…, que así sea!