–La Defensoría del Pueblo urgió este lunes una reforma estructural del sistema de salud en Colombia que supere medidas temporales, basada en una nueva gobernanza con transparencia en los recursos, enfoque territorial, participación ciudadana vinculante, rendición de cuentas y responsabilidades claras, especialmente para el sector privado.

En el evento académico ‘Sostenibilidad financiera de los sistemas de salud: acceso y exceso’, convocado por la Defensoría del Pueblo, la jefe del organismo de control humanitario, Iris Marín, advirtió que las deudas entre EPS, IPS y proveedores se han convertido en uno de los principales focos de preocupación del sector salud en Colombia.

Afirmó que a corte del 2025, el monto total osciló entre $24 y $33 billones, dependiendo de la fuente, lo que evidencia una profunda falta de transparencia y consistencia en la información financiera.

Del total estimado, cerca del 73 % corresponde a deudas con IPS y prestadores privados, mientras que el 27 % restante afecta a las IPS públicas. A esto se suman aproximadamente $3 billones adeudados a operadores logísticos y gestores farmacéuticos.

Destacó que, según datos de la Contraloría General de la República, la deuda está altamente concentrada. Nueva EPS acumula más de $9 billones (28 % del total), y cerca del 74 % de las deudas corresponde a EPS intervenidas. La falta de claridad en las cuentas genera efectos críticos, como el deterioro de la liquidez y operación del sistema, dificultad para la planeación de largo plazo, limitaciones en la regulación y formulación de políticas públicas, mayor incertidumbre y tensiones entre actores y debilitamiento de la legitimidad del sistema y del derecho a la salud, subrayó.

Subrayó que hay alerta sobre el aumento del gasto de bolsillo de los hogares, que se ha incrementado en los últimos años: pasó del 15,8 % en 2019 al 17,2 % en 2024. El gasto de bolsillo es el dinero que pagaron las y los usuarios por demoras o negaciones en la atención, cobros indebidos por servicios ya autorizados, tratamientos y trámites que obliguen a acudir a servicios particulares.

El gasto de los hogares se registra, en parte, a que, debido al atasco de recursos, los proveedores privados han cambiado las condiciones financieras de la operación, condicionando la entrega a pagos anticipados y/o reduciendo las cantidades cedidas en cada despacho.

Esta situación, además, cuenta con marcadas diferencias territoriales. En 2024, departamentos como Guaviare (35,6 %) y Arauca (35,12 %) presentan los niveles más altos de gasto de bolsillo, por encima del máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar el empobrecimiento de los hogares (OMS, 2022). Otras regiones (Dane, 2024) se acercan a este límite, por ejemplo, Putumayo (26,69 %), Tolima (25,68 %) y Huila (25,09 %).

La defensora del Pueblo señaló que el sistema de salud muestra un alto nivel de financiamiento, con más del 65 % de los recursos provenientes de fuentes públicas y cerca del 86 % del gasto concentrado en el aseguramiento a través de la UPC. No obstante, persisten inequidades en su distribución: el 51% de los recursos se asigna al régimen contributivo, que cubre a menos población, mientras el subsidiado recibe el 49 %. Además, el gasto en el Plan de Beneficios en Salud continúa en aumento y en 2025 superó los $88 billones, concentrando la mayor parte de los recursos del sistema.

“En 2025, el país destinó cerca de $100 billones al sistema de salud, equivalente al 8,2 % del PIB, una de las proporciones más altas de la región que no se tradujo plenamente en acceso efectivo ni en calidad en la atención”, manifestó la Defensora del Pueblo.

“Más allá de medidas coyunturales, es imprescindible avanzar hacia una reforma estructural del sistema de salud. Esta transformación debe centrarse en una nueva gobernanza que garantice transparencia total en el manejo de los recursos, con un enfoque territorial que responda a las realidades locales. También es fundamental asegurar una participación ciudadana efectiva, vinculante y con capacidad decisoria, así como una rendición de cuentas clara por parte de todos los actores del sistema, en especial del sector privado”, aseguró la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

Las medidas han sido fragmentadas y de corto alcance: conceptos sobre uso de la UPC (Unidad de pago por Capitación) para pagar deudas pasadas, auditorías forenses sin resultados concluyentes, estados contables pendientes, especialmente en Nueva EPS, embargos de cuentas maestras que agravan la crisis.

Dijo que el uso de la UPC para cubrir deudas anteriores se plantea como una solución parcial, que solo sería viable dentro de acuerdos sectoriales amplios que eviten profundizar la crisis.

Indicó que la Defensoría ha promovido acciones para aliviar la crisis de liquidez, como la intervención ante la Corte Constitucional para buscar nuevas fuentes de financiamiento y reducir brechas en la UPC; ha apoyado acciones judiciales para levantar embargos de cuentas maestras y ha hecho llamados a estabilizar el flujo de pagos en la cadena de atención.

“La nueva gobernanza debe incluir mecanismos que reduzcan la incertidumbre en el sector desde el ente rector y, al mismo tiempo, dejar claramente definidas las responsabilidades y obligaciones de los actores privados en la garantía del derecho fundamental a la salud”, enfatizó la Defensora del Pueblo.

En el evento participaron el relator especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Javier Palummo Lantes; el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez; representantes de la academia, expertos nacionales e internacionales, defensores regionales y organizaciones sociales.

Este espacio de diálogo se articuló con las ‘Decisiones Impostergables’ de la entidad, estrategia con la que propone una reforma integral del sistema de salud con enfoque en sostenibilidad, equidad y transparencia.