–Al comparecer a la audiencia técnica y judicial convocada por la Corte Constitucional por el presunto desacato a la orden de ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, , afirmó que el sistema de salud colombiano no enfrenta una crisis por falta de recursos, sino por problemas estructurales en el uso del dinero y la pésima administración del modelo de intermediación actual.

«No es cierto que exista una insuficiencia de la UPC. Este Gobierno ha hecho un aumento histórico en este rubro», afirmó al tiempo que presentó evidencia técnica que respalda el crecimiento sostenido de la financiación del sistema en los últimos años.

Entre 2022 y 2026, la UPC reconocida pasó de $75,4 billones a $96,4 billones, 10 que representa un crecimiento real del 28%, equivalente a más de $21 billones adicionales en tan solo cuatro años. Este incremento se suma al aumento del 51,4% en el presupuesto del sector salud, que equivale a cerca de $25 billones adicionales, consolidando el mayor esfuerzo fiscal del Estado colombiano en materia de salud en décadas recientes.

Pese a este incremento histórico de los recursos, el ministro advirtió que los problemas del sistema persisten y se profundizan debido a constantes falencias en el modelo actual de intermediación. Las deudas de las EPS con clínicas,
hospitales, trabajadores de la salud y proveedores continúan en aumento, mientras que respetados organismos de control han identificado más de $15 billones de pesos sin trazabilidad clara dentro del sistema.

En ese sentido, Jaramillo cuestionó que el debate público se haya concentrado exclusivamente en la supuesta insuficiencia de la UPC, sin examinar de fondo lo que ocurre con los recursos una vez ingresan al sistema. «Si hay más recursos que nunca y el sistema sigue fallando, la pregunta no es cuánto falta, sino quién está fallando en su administración», afirmó.

Durante su intervención, el ministro también refutó uno de los principales argumentos utilizados por algunos sectores para justificar la necesidad de mayores recursos: el uso de indicadores de siniestralidad financiera.

«La siniestralidad financiera no mide la suficiencia de la UPC, mide la eficiencia de las EPS», explicó, subrayando que las pérdidas financieras de estas entidades no pueden atribuirse automáticamente a un déficit en la prima, sino que deben analizarse en función de su gestión del riesgo, sus costos y sus decisiones administrativas.

El jefe de cartera insistió en que continuar aumentando los recursos sin corregir las fallas estructurales del sistema sería ineficiente desde el punto de vista fiscal.

«Sería como llenar un saco roto», advirtió, al referirse a la necesidad de intervenir las causas profundas del desequilibrio.

Jaramillo rechazó que se le atribuyan responsabilidades individuales por fallas históricas. “Hoy me quieren hacer responder por una situación que no me corresponde, construida por los mismos actores que durante años han manejado el sistema”, señaló e insistió en que el debate no debe centrarse únicamente en si los recursos alcanzan, sino en cómo se administran y por qué no están llegando de manera oportuna a hospitales, clínicas y trabajadores de la salud.

“El énfasis debe estar en las fallas del modelo de intermediación y en el manejo del aseguramiento”, sostuvo el ministro, al advertir que esto sigue afectando la calidad y oportunidad en la atención.

También destacó que, según la Fiscalía, no hay evidencia que permita concluir que la UPC sea insuficiente. “Esto no puede interpretarse como falta de recursos”, reiteró.

Finalmente, el ministro aseguró que los recursos del sistema han crecido en términos reales y que el reto está en su uso eficiente. “Los capitales son suficientes para garantizar el derecho a la salud”, concluyó.

Por lo anterior, el ministro hizo un llamado a que la Corte Constitucional amplíe el análisis más allá del valor de la UPC y examine el papel de la intermediación en el sistema de salud. Señaló que es en este nivel donde se concentran
distorsiones como la asimetría de la información, la integración vertical, la ineficiencia en la gestión del riesgo y comprobadas desviaciones de recursos.

«El país no puede seguir discutiendo únicamente cuánto dinero se asigna al sistema, sino cómo se administra, quién lo gestiona y por qué no está llegando de manera oportuna y efectiva a los pacientes», concluyó.

El Ministerio de Salud y Protección Social reiteró su compromiso con la defensa del derecho fundamental a la salud, el uso transparente y eficiente de los recursos públicos y la transformación estructural del sistema. Dijo que el Gobierno continuará avanzando en acciones necesarias para que los recursos lleguen directamente a la atención de las personas, a los territorios y al fortalecimiento de la red pública y privada, garantizando equidad, oportunidad y dignidad en la prestación de los servicios de salud en Colombia.