Nacional

Petro ordena el traslado a Bogotá de los cabecillas de bandas criminales que promovieron la «parranda vallenata» en la cárcel de Itagüí

–El presidente Gustavo Petro anunció el traslado de los cabecillas de bandas criminales de Medellín y del Valle de Aburrá que participaron en la «parranda vallenata» dentro de la cárcel de Itagüí el pasado miércoles.

“Los señores que hicieron la ‘fiestica’ salen de la cárcel y entran a otra trasladados a Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema”, notificó el jefe del Estado durante el Consejo de Ministros realizado en Ipiales, Nariño.

En la misma sesión del gabinete, el jefe del Estado amenazó con hacer llevar presos a los alcaldes por el problema del Catastro.

Asocapitales reaccionó al anuncio del jefe del Estado. «Es inaceptable que desde la más alta investidura del Estado se emitan declaraciones que pongan en duda la permanencia de alcaldes y alcaldesas elegidos por voto popular», precisó la agremiación de los mandatarios.

Asocapitales le pidió al jefe del Estado «respeto por la Constitución Política, la autonomía territorial y las garantías democráticas». Añadió que «en Colombia, los mandatarios locales no pueden ser objeto de presiones ni de insinuaciones que desconozcan la voluntad ciudadana expresada en las urnas. La institucionalidad también se debilita con palabras. Y desde el poder, cada palabra cuenta. Defender la democracia implica cumplir y hacer cumplir las reglas, sin excepciones».

Los gobernadores, a través de la Federación Nacional de Departamentos, también se pronunciaron:

«Desde las regiones y la FND expresamos nuestra solidaridad con los alcaldes del país, autoridades legítimamente elegidas por los ciudadanos para gobernar sus territorios en el marco de la Constitución y la ley.

La Constitución Política de Colombia es clara al establecer la autonomía de las entidades territoriales y que los alcaldes son jefes de la administración local elegidos por voto popular, lo anterior sin subordinación jerárquica al Gobierno nacional.

En este sentido, cualquier afirmación que sugiera la facultad de ordenar la salida inmediata de alcaldes de sus cargos carece de sustento jurídico y desconoce que su permanencia está sujeta exclusivamente a los procedimientos y autoridades definidos por la ley.

Resulta particularmente relevante recordar que incluso decisiones adoptadas por órganos de control frente a autoridades elegidas por voto popular han sido reversadas, en garantía de la protección de los derechos políticos y la autonomía territorial, pilares de la institucionalidad democrática.

Respetuosamente, hacemos un llamado a la responsabilidad institucional en el uso del lenguaje público, evitando generar desinformación o interpretaciones que puedan afectar la confianza en las instituciones y el equilibrio democrático.

La coordinación entre Nación y territorios es fundamental, pero siempre en el respeto de la autonomía, la legalidad y el orden constitucional que nos rige.

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