–El Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación del Espacio de Conversación Sociojurídico entre el Gobierno nacional y el autodenominado ejército gaitanista del clan del golfo, presentó su primer informe bimestral correspondiente al periodo del 18 de diciembre de 2025 al 18 de febrero de 2026.

El informe recoge los avances de la fase de alistamiento institucional del proceso, orientada al fortalecimiento de equipos territoriales, la organización de capacidades institucionales y la preparación de acciones en los cinco municipios piloto definidos en la Declaración del proceso del 18 de septiembre de 2025, para la Desmovilización del autodenominado ejército gaitanista y la construcción de paz en los territorios: Acandí, Unguía, Riosucio y Nuevo Belén de Bajirá en Chocó, y Mutatá en Antioquia.

El Mecanismo Tripartito de Seguimiento está compuesto por el Gobierno nacional, el EGC y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) como instancia internacional con funciones de Secretaría Técnica.

Durante el periodo del informe todos los compromisos revisados registraron avances parciales, destacando entre los principales la instalación del Mecanismo Tripartito, la formulación de su Marco Operativo y el diseño de los instrumentos para la presentación, análisis y gestión de casos.

De igual forma, se instalaron los Grupos de Trabajo Municipales en los cinco municipios priorizados, con participación de delegados del Gobierno nacional y del EGC, como instancias clave para la articulación institucional y el impulso al cumplimiento de los compromisos.

En relación con la protección de niñas, niños y adolescentes, el informe señala que, según lo reportado por el EGC, tras la realización de un censo interno no se identificó la presencia de menores de edad en sus filas.

A la vez, se destaca que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) sostiene y fortalece su oferta institucional en los municipios priorizados, con miras a la superación del déficit de derechos y el desarrollo de entornos seguros.

El monitoreo también evidenció avances diferenciados en el programa piloto de pedagogía para la sustitución de cultivos de uso ilícito, siendo Nuevo Belén de Bajirá el municipio con mayor avance.

No obstante, en los cinco municipios se identificaron necesidades asociadas a fortalecer los niveles de confianza comunitaria, la coordinación interinstitucional, brindar garantías de seguridad, la incorporación efectiva del enfoque étnico, así como la mejora de la infraestructura para la movilidad y el comercio.

En los componentes de justicia, convivencia y seguridad, el informe identifica oportunidades para fortalecer el acceso a la justicia mediante la consolidación de las Casas de Justicia, el aumento de capacidades institucionales y la apropiación comunitaria del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

En los componentes de justicia, convivencia y seguridad, el informe identifica oportunidades para fortalecer el acceso a la justicia mediante la consolidación de las Casas de Justicia, el aumento de capacidades institucionales y la apropiación comunitaria del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

En cuanto a la Acción Integral contra Minas Antipersonal, el MTSMV constató, en el período reportado, el cumplimiento del compromiso de no interferencia, sin reportes de incidentes atribuibles al (a)EGC.

El informe también destaca la designación, por parte de la Fiscalía General de la Nación, de un fiscal especializado para el seguimiento de denuncias relacionadas con posibles violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Finalmente, el Mecanismo identifica retos clave para la siguiente etapa del proceso, entre ellos la necesidad de profundizar la pedagogía, el fortalecimiento de la presencia institucional efectiva en los territorios, la ampliación de la participación de la sociedad civil, la consolidación de los Grupos de Trabajo Municipales y la articulación interinstitucional entre todos los niveles: nacional, departamental y municipal.

Este proceso cuenta con el apoyo de España, Noruega, Qatar y Suiza en calidad de países mediadores, así como con el acompañamiento del Consejo Mundial de Iglesias y la Conferencia Episcopal de Colombia.