–(Imagen Acnur). La fragmentación e intensificación del conflicto armado han provocado un aumento significativo del confinamiento de comunidades, en el país alertaron la Defensoría del Pueblo y la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia (Acnur).

Entre enero y marzo del 2026, más de 39.000 personas tuvieron que confinarse para proteger su vida; al hacer la comparación con el mismo periodo del año anterior, el número de personas afectadas aumentó el 63 % y los eventos, un 23 %. Y en 2025, más de 128.000 personas resultaron afectadas, lo que representa un incremento superior al 19 % en comparación con 2024, cuando más de 107.000 personas tuvieron que confinarse, señaló la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

“Una proporción significativa de los eventos de confinamiento afecta a comunidades indígenas y afrodescendientes, cuyos territorios presentan mayores niveles de aislamiento, precariedad institucional y dependencia de la movilidad para la subsistencia, lo que agrava el riesgo humanitario y limita la pervivencia cultural”, agregó.

El año anterior, los departamentos con mayor afectación fueron Norte de Santander, Chocó, Antioquia, Bolívar, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. En lo que va del 2026, los más afectados son Cauca, Chocó, Caquetá, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Putumayo, Magdalena, Meta y Guanía.

Pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes continúan siendo los más impactados; sin embargo, hay un aumento progresivo de casos en comunidades étnicas, pues de los 26 eventos documentados en el primer trimestre del 2026, 17 las afectaron a ellas y 9 a comunidades campesinas.

En el contexto del conflicto armado, la presencia y accionar de grupos armados no estatales continúan generando restricciones a la movilidad y limitaciones severas en el acceso a derechos básicos. Estas situaciones pueden prolongarse durante semanas o incluso meses.

El confinamiento pone en riesgo la supervivencia de comunidades enteras, afecta su relación con el territorio, vulnera sus prácticas ancestrales y restringe el ejercicio de los derechos fundamentales a la salud, la educación, la alimentación y la vivienda.

A través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), la Defensoría del Pueblo ha advertido insistentemente en los riesgos del confinamiento, identificando patrones de control territorial, restricciones a la libre locomoción y afectaciones graves a la población civil. Igualmente, ha instado a las autoridades competentes a implementar medidas oportunas para prevenir la materialización de estos riesgos y proteger a las comunidades.

Para las comunidades afectadas, es primordial adelantar las acciones necesarias para la toma de la declaración y la posterior inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV), así como activar las rutas de atención, restablecimiento de derechos y reparación.

En Colombia, el confinamiento fue reconocido como hecho victimizante en 2016 en el Registro Único de Víctimas. Posteriormente, la Ley 2124 de 2024 —que reformó la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras— precisó su definición y alcance en el desarrollo del conflicto armado. Adicionalmente, el Gobierno nacional expidió el Decreto 525 de 2025, orientado a fortalecer la respuesta humanitaria integral, mejorar la articulación interinstitucional y garantizar la atención efectiva a las víctimas.

“Estamos frente a un tema que está aumentando, que necesita ser conceptualizado de manera más clara para poder tener acciones contundentes. Hoy vemos desafíos importantes en la prevención del confinamiento, en su atención integral, en repuestas oportunas, sostenidas, en la presencia institucional, en las comunidades confinadas, con el agravio de las limitaciones continuas del acceso humanitario”, afirmó el representante de Acnur en Colombia, Giovanni Lepri.

La experiencia del país frente a este fenómeno puede aportar a la construcción de principios y recomendaciones globales que orienten respuestas más eficaces.

“Si bien se registran esfuerzos por mantener la atención a la población confinada, la respuesta institucional continúa siendo insuficiente, fragmentada y en muchos casos tardía, particularmente en contextos rurales, que es donde más se presenta, y en emergencias recurrentes, lo cual retrasa el restablecimiento efectivo de los derechos”, manifestó la Defensora del Pueblo.

Lo que está ocurriendo se dio a conocer en la apertura de la exposición fotográfica Paraísos Confinados, de Acnur Colombia, la cual cuenta con el apoyo de la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea. A través de ella es presentada la realidad que padecen miles de personas y comunidades perjudicadas por la problemática en el territorio nacional.

“Cada fotografía que compone la exposición actúa como un espejo de la realidad, obligando al espectador a preguntarse por la dignidad de quienes viven estas crisis. Es un llamado a romper el silencio a través del reconocimiento de esta realidad tan difícil de ver”, puntualizó la Defensora Iris Marín Ortiz.

Está abierta al público en el Centro Cultural para la Educación en Derechos Humanos, de la Defensoría del Pueblo (calle 55 # 10-32), hasta el 16 de julio próximo. El horario es de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y su entrada es gratuita.