Los alcaldes de municipios del Caribe afectados por el frente frío hicieron un llamado unánime a la Corte Constitucional para que evalúe con criterio técnico los decretos de Emergencia Económica, Social y Ecológica expedidos por el presidente Gustavo Petro, al considerarlos clave para la recuperación de sus territorios.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, respaldó la solicitud de los mandatarios locales y advirtió que una eventual caída de los decretos impactaría de manera grave la capacidad institucional y las inversiones requeridas para atender la crisis humanitaria que afecta a más de 120.000 familias en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Chocó, Bolívar, Cesar y Magdalena.

El pronunciamiento se dio en medio de la construcción del Plan de Recuperación Temprana, liderado por la UNGRD, que orientará la inversión de $8,7 billones destinados a superar la emergencia y sentar las bases de una recuperación sostenible en las zonas afectadas.

Esta fase está proyectada para ejecutarse en un periodo de hasta dos años y busca garantizar derechos fundamentales a la población damnificada, como vivienda digna, acceso a agua potable, salud, educación, seguridad alimentaria, así como la rehabilitación de infraestructura, obras de mitigación del riesgo y recuperación de suelos.

Carrillo aseguró que los decretos cuentan con el sustento técnico necesario y responden a un fenómeno climático imprevisible y sobreviniente. “La única razón por la que la Corte Constitucional podría tumbar el decreto de emergencia económica sería política y no basada en argumentos técnicos”, afirmó.