El embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, solicitó formalmente este viernes a través de sus redes sociales que los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes apliquen sanciones severas a los legisladores que no asisten a las plenarias en el Capitolio Nacional en Bogotá. La petición  surge como una crítica directa a la falta de quórum y al incumplimiento de los deberes constitucionales por parte de algunos parlamentarios, lo cual, según Benedetti, entorpece el trámite de las reformas fundamentales para el país.

El exsenador argumentó que la inasistencia injustificada no solo representa una falta de respeto hacia el electorado, sino que debería conllevar consecuencias económicas y administrativas inmediatas. Benedetti enfatizó que el reglamento del Congreso ya contempla medidas para estos casos, pero denunció una presunta laxitud en su aplicación por parte de las mesas directivas actuales. Su propuesta busca que se descuente el día de salario a los ausentes y se inicien procesos disciplinarios por el incumplimiento de sus funciones públicas.

Esta solicitud ha generado una ola de reacciones en el entorno político, donde algunos sectores la ven como una presión necesaria para dinamizar la agenda legislativa, mientras que otros cuestionan la autoridad moral del funcionario para emitir tales juicios. Ante las críticas, es imperativo recordar el principio de presunción de inocencia respecto a las supuestas faltas administrativas; serán los organismos de control y las propias comisiones éticas del Congreso quienes determinen, mediante el debido proceso, si las ausencias constituyen una violación al régimen de bancadas o un abandono del cargo.

El debate sobre el ausentismo parlamentario en Colombia no es nuevo, pero la intervención de Benedetti reactiva la discusión sobre la eficiencia del gasto público en el poder legislativo. Mientras se evalúa el alcance real de su petición, la ciudadanía y diversas organizaciones de veeduría ciudadana han manifestado su apoyo a que exista una mayor transparencia y rigor en el control de asistencia, exigiendo que cualquier presunta irregularidad sea investigada y sancionada conforme a la ley vigente para garantizar el correcto funcionamiento de la democracia.