La Superintendencia Nacional de Salud propuso este martes una medida disruptiva para proteger a los pacientes colombianos, sugiriendo que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) gire directamente recursos económicos a las familias afectadas por el incumplimiento en la entrega de fármacos. Esta iniciativa surge como una respuesta institucional ante las crecientes barreras de acceso que enfrentan los ciudadanos, buscando que el sistema compense de manera inmediata la vulneración del derecho a la salud cuando las EPS o gestores farmacéuticos fallen en su obligación logística.

El superintendente Luis Carlos Leal explicó que la intención es crear un mecanismo de «giro compensatorio». Bajo este modelo, si una entidad no entrega los medicamentos prescritos en los tiempos legales, el Estado utilizaría los recursos destinados a dicha entidad para reembolsar o indemnizar al usuario, garantizando que este tenga solvencia para adquirirlos por cuenta propia. Según el funcionario, esta medida no solo aliviaría el bolsillo de los colombianos, sino que ejercería una presión financiera directa sobre las administradoras para mejorar sus procesos de distribución.

La propuesta se da en un contexto de alta tensión sectorial, donde las quejas por la falta de disponibilidad de insumos médicos han liderado las estadísticas de peticiones, quejas y reclamos (PQR) en los últimos meses. La Supersalud enfatizó que el flujo de recursos debe priorizar siempre el bienestar del paciente y no la rentabilidad de intermediarios que, en ocasiones, presentan deudas o fallos operativos que terminan afectando tratamientos de enfermedades crónicas o de alto costo.

No obstante, la implementación de esta medida requeriría de un ajuste normativo y una coordinación técnica precisa con la ADRES para determinar los montos y procedimientos de verificación. Mientras se define la viabilidad legal de este «giro a familias», la entidad de control aseguró que mantendrá la vigilancia estricta sobre los presuntos responsables de las interrupciones en el suministro, recordando que la salud es un derecho fundamental irrenunciable que no puede estar sujeto a las fallas administrativas del sistema.