–El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, manifiesta su más categórico rechazo ante la pretensión inaceptable del grupo criminal autodenominado Eln. En igual sentido se pronunció la Defensora del Pueblo Iris Marín.

«El secuestro no es justicia, es un delito. Es un ataque a un país y un ultraje a la dignidad humana», afirma el Procurador, quien subraya que esta práctica «desconoce rotundamente el poder de juzgamiento a civiles por parte de criminales, terroristas, narcotraficantes, enemigos de la democracia y la paz».

Eljach insta al Gobierno Nacional a tomar las acciones pertinentes para buscar la libertad de los funcionarios secuestrados, mantener el respeto y la salvaguarda del orden nacional.

Y expresa su completa solidaridad con las familias de los funcionarios y exige la liberación inmediata y sin condiciones.

Por su parte la Defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó que respalda la petición de Fiscalía y la Corte Suprema Justicia y de las familias y seres queridos de los funcionarios del CTI, de la policía y de todas las personas secuestradas, particularmente por el Eln.

«No más “juicios revolucionarios”. La libertad es el verdadero gesto de paz», precisó.

La Defensora indicó que «el hecho de que hagan una especie de juicio no valida esta privación de la libertad. Este procedimiento no valida la práctica, que sigue siendo ilegal e ilegítima».

Explicó que el Eln busca mostrar una apariencia de legalidad dentro de esquema ilegal armado, pero, subrayó, la toma de rehenes y la privación arbitraria de la libertad constituyen un delito bajo el ordenamiento jurídico nacional e internacional. «No importa este procedimiento: sigue siendo una práctica ilegal e ilegítima», advirtió.

La Defensoría del Pueblo demandó al Eln la liberación inmediata e incondicionada de los cuatro funcionarios y de todas las personas secuestradas en Arauca, así como el respeto pleno de su vida, su integridad y su libertad.

De otro lado, solicitó al Gobierno nacional fortalecer las acciones orientadas a la liberación de estas personas y garantizar un acompañamiento directo y efectivo a sus familias. «Hemos solicitado al Gobierno una atención directa a las familias. Las familias se han sentido solas: han acudido a nosotros y hemos escuchado su clamor, pero han sentido que no ha habido suficiente acompañamiento de parte del Gobierno Nacional», afirmó la Defensora.

Finalmente, expresó su solidaridad con quienes permanecen secuestrados y con sus familias, y reiteró su disposición a contribuir a la liberación incondicionada e inmediata de todas las personas privadas de la libertad por el Eln en Arauca.

También la ONU Derechos Humanos Colombia urgió al Eln la libertad inmediata y sin condiciones, respetando la vida y los derechos humanos, de Rodrigo López, Jesús Pacheco, Frankie Hoyos y Yordin Pérez, funcionarios de Fiscalía y la Policía en Arauca.

«ONU Derechos Humanos rechaza categóricamente la privación arbitraria de la libertad, nombre que se le da a este tipo de secuestro en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos», precisó en su cuenta en X.

Además advirtió que la privación arbitraria de la libertad y la imposición arbitraria de penas constituyen graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario, DIH, de acuerdo con el Artículo 3 Común de los Convenios de Ginebra, que rige para los conflictos no internacionales. «Ningún Grupo Armado No Estatal puede privar de libertad o imponer sentencias», concluyó.