–Las palabras expresadas por el Presidente de la República de Colombia en una red social de amplia difusión requieren y exigen una respuesta institucional oportuna, clara y contundente por parte del Consejo de Estado al que hoy se
dirigen los señalamientos, precisa el Consejo de Estado en reacción sobre los señalamientos que hizo el mandatario por la suspensión de la totalidad del decreto mediante el cual ordenó el traslado de $25 billones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones.

En un comunicado, el alto tribunal de justicia afirma que «el tono incendiario del primer mandatario no amerita ni justifica una respuesta en similar sentido, sino un ejercicio ponderado que, en defensa de nuestra Constitución, vigente y fortalecida, recuerde a todas aquellas voces que desean terminar, en vez de implementar, nuestra carta de derechos, la importancia capital que, en esta y en todas las democracias, tiene la separación de poderes».

El Consejo de Estado señala que inquietan las manifestaciones del Presidente de la República y de otras cabezas del sector ejecutivo, pues advierte que «la desinformación y la descontextualización de las decisiones judiciales deterioran la confianza institucional, debilitan el Estado de Derecho que el país ha construido y defendido, y se traducen en señalamientos y hostigamientos contra quienes asumen, cada día, la responsabilidad de juzgar».

La libertad de expresión, cuyo ejercicio garantiza nuestro ordenamiento y protegemos los jueces de República –enfatiza–, no puede ser invocada para edificar mensajes que privilegian el impacto, y que no solo ponen en peligro la integridad institucional, sino que amenazan la integridad física de las personas que, al tomar decisiones con fundamento en el ordenamiento jurídico, se les pretende judicializar y se les califica como trasgresoras de ese mismo ordenamiento que defienden.

Afirma complementariamente que «cuando los poderes se controlan, incomoda, pero la lucha contra las inmunidades del poder no puede cesar. A poderes mayores, mayores controles, a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos».

Para concluir, el Consejo de Estado afirma que el control judicial de los actos del poder ejecutivo «no es un obstáculo para la democracia, es una de sus principales garantías», advirtiendo que «la existencia, competencias y legitimidad del Consejo de Estado se derivan de la misma Constitución Política, esto es, provienen, directamente, de la voluntad del poder constituyente que hoy se invoca».