–La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial rechazó los señalamientos que hizo el presidente Gustavo Petro al Consejo de Estado por el fallo que emitió este lunes mediante el cual suspendió la totalidad del decreto Decreto 0415 del 20 de abril de 2026, en el cual ordenó a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas trasladar a Colpensiones cerca de $25 billones de pesos de ahorros individuales.

En un comunicado, la Comisión de la Rama Judicial insistió que, en un Estado democrático, el respeto por la separación de poderes constituye un deber ineludible de todas las autoridades públicas, especialmente de quienes ejercen las más altas dignidades del Estado y subrayó:

«En las últimas horas, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó a través de sus redes sociales señalamientos contra una decisión del Consejo de Estado, que resultan incompatibles con la necesaria relación armónica que debe existir entre las ramas del poder público. Fue justo nuestro poder constituyente el que instituyó, como un elemento central de nuestra estructura institucional, en el artículo 113, el principio de separación de poderes».

Añadió que cuando la Constitución Política, en su artículo 238, consagró la facultad de suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos, incluidos aquellos expedidos por el poder ejecutivo, reconoció expresamente la necesidad de establecer controles efectivos al ejercicio del poder público. En ese sentido, subrayó, la existencia, competencias y legitimidad del Consejo de Estado tienen origen directo en la Constitución y responden a la voluntad soberana del constituyente.

Finalmente, la Rama Judicial reiteró «su compromiso con la defensa del orden constitucional, el respeto a las decisiones judiciales, la autonomía judicial y la protección de los derechos de todos los ciudadanos y espera que las demás ramas del poder hagan lo propio».

Esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro, tras el fallo del Consejo de Estado:

«El Consejo de Estado acaba con el derecho a la pensión y eso no debe ser permitido por el pueblo trabajador.

La constitución de 1991 floreció en derechos para la gente. Un poder constituido como el Consejo de Estado no tiene ninguna legitimidad en anular los derechos de la gente que trabaja. Esa es una decisión inconstitucional y es un golpe de estado contra el pueblo constituyente y soberano.

El pueblo trabajador debe decidir sobre el poder, no solo sobre el gobierno.

La corte constitucional tiene la oportunidad histórica de dignificar la justicia colombiana. Ojalá lo haga.

El pueblo es el soberano y fuente de todo poder. El consejo de estado no puede pretender, por salvar los dos banqueros dominantes de este país, Luis Carlos Sarmiento y el grupo empresarial antioqueño, dueños de Bancolombia y su fondo privado de pensiones, que se estafe al pueblo trabajador, dejando los ahorros de la gente que trabajó toda su vida y decidió libremente pasarse al sistema público de pensiones, expósita ante el robo de sus ahorros vitales producto de su trabajo, volver los ahorros de la vida de los trabajadores para que se vuelvan utilidades de unos señores ancianos pero riquísimos que siempre han vivido del ahorro del público y del estado.

Eso no es justicia es injusticia, y la injusticia genera violencia en Colombia que merece, por bella y trabajadora, ser un estado social de derechos y no un país exprimido por vampiros de la muerte que empobrecen y ensucian a Colombia

Aquí decide el pueblo y no los abogados genuflexos a banqueros. Es Bolivar y su espada la que brilla.

Que el pueblo decida su gobierno y ojalá no decida votar por los squifos y vampiros de cualquier sexo, de la muerte.

El pueblo trabajador debe votar por sus derechos.

Pero no solo es elegir un presidente, sino cambiar los poderes que se oponen ilegítimamente a los derechos del pueblo constituyente.

Es la hora de la dignidad y los derechos, esto es irreversible.

Ante la injusticia, poder constituyente del pueblo».

Además, el jefe del Estado pidió demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente del Consejo de Estado:

Dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general delos trabajadores y de la ley vigente que aquí muestro, pido demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente. pic.twitter.com/SYaKgyC8pZ

— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 11, 2026