El recién posesionado superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero, advirtió de manera contundente ante medios de comunicación que el Estado bajo ninguna circunstancia puede permitir la quiebra de la Nueva EPS. De acuerdo con el jefe del organismo de control, la eventual caída financiera de la entidad promotora más grande del país desencadenaría un colapso generalizado e irreversible en todo el sistema de salud colombiano. La declaración se dio en el marco de una serie de anuncios críticos donde el funcionario reconoció abiertamente el fracaso de los actuales esquemas de intervención estatal y destapó preocupantes redes de corrupción interna.

La postura del superintendente refleja una cruda realidad administrativa, pues la Nueva EPS cuenta con una base que supera los 11 millones de usuarios afiliados en el territorio nacional. Quintero argumentó que la inoperancia histórica de las intervenciones ha propiciado que los pasivos de la salud aumenten drásticamente en lugar de estabilizarse, deteriorando el patrimonio de la entidad y asfixiando financieramente a la red de clínicas, hospitales y prestadores de servicios que dependen directamente de sus pagos.

Frente al sombrío panorama, el jefe de la Supersalud tomó la determinación inmediata de solicitar la renuncia de todos los agentes interventores que administran las EPS controladas por el Gobierno, argumentando que se evaluará rigurosamente su continuidad con base en la efectividad para resolver quejas y agilizar la entrega de medicinas. La fuerte directriz provocó una respuesta desafiante por parte del actual interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, quien aseguró públicamente que su cargo depende directamente del presidente de la República y no de las órdenes del superintendente, encendiendo las tensiones políticas sobre el mando del sistema.

Las alarmantes declaraciones de Quintero coinciden con un reciente informe de la Contraloría General de la República que ya advertía sobre los deficientes resultados económicos y operativos de las EPS intervenidas. Las autoridades judiciales y los organismos de control pertinentes deberán avanzar de forma prioritaria en los actos urgentes de verificación para esclarecer los desvíos financieros señalados por la superintendencia y estructurar un plan de choque que salve de la insolvencia a la gigantesca entidad, salvaguardando el derecho fundamental de millones de ciudadanos.