Más de 4.000 ciudadanos colombianos fueron deportados desde Estados Unidos durante el pasado mes de marzo, marcando el máximo histórico de retornos desde que existen registros electrónicos. Estas masivas expulsiones de connacionales desde el territorio norteamericano hacia Colombia obedecen a la intensificación de las políticas de control fronterizo y a la agresiva campaña migratoria que viene implementando la actual administración de Donald Trump.

Los datos oficiales, recopilados y analizados por el proyecto de investigación Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, evidencian que los 4.075 colombianos retornados constituyen cerca del siete por ciento del total de individuos expulsados globalmente en ese periodo. De este modo, la población colombiana se ubica como una de las más impactadas por la medida, quedando solo por detrás de los ciudadanos originarios de México, Honduras, Guatemala y El Salvador.

A lo largo de este año fiscal, las agencias de aduanas han deportado a casi 19.000 colombianos. Gran parte de estos procedimientos involucran a supuestos infractores de las normas de visado o a presuntos migrantes en condición de irregularidad; sin embargo, en la inmensa mayoría de los casos se trata de faltas administrativas en las que no media una condena judicial que determine algún grado de peligrosidad criminal. Esta aceleración en las deportaciones contrasta fuertemente con años anteriores, donde el promedio anual oscilaba entre las 5.000 y 13.000 personas.

Paralelo a las expulsiones formales, las autoridades y analistas han alertado sobre un fenómeno inusual: el incremento exponencial de las salidas voluntarias. Más de 3.000 personas han optado por abandonar el país por voluntad propia en los últimos meses, una ola impulsada presuntamente por la presión política, el temor a las redadas y las duras condiciones reportadas en algunos centros de detención estadounidenses.