El Gobierno de Colombia rechazó tajantemente este fin de semana la presunta injerencia electoral del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tras su polémico anuncio de eliminar los aranceles a las importaciones colombianas en medio de la campaña presidencial. Pese a la fuerte tensión diplomática generada entre Bogotá y Quito por las motivaciones políticas detrás de esta decisión, la administración de Gustavo Petro confirmó que procederá con el desmonte recíproco de las medidas comerciales que había adoptado contra el país vecino, con el objetivo de proteger la economía y restablecer el flujo comercial en la frontera.

La controversia estalló luego de que el mandatario ecuatoriano participara en una reunión virtual con el candidato presidencial colombiano de derecha, Abelardo de la Espriella. Durante la transmisión, Noboa se comprometió a reducir a cero el gravamen para los productos colombianos, presentándolo como un supuesto gesto de buena voluntad hacia el aspirante político y su campaña. Esta acción fue catalogada de inmediato por la Cancillería de Colombia como una injerencia deliberada en el proceso democrático, desatando una ola de críticas desde diversos sectores que consideraron el hecho como una presunta maniobra politiquera.

Frente a las declaraciones provenientes de Ecuador, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un pronunciamiento oficial aclarando que el fin de estas barreras económicas obedece en realidad a los lineamientos y directrices jurídicas estipuladas por la Comunidad Andina (CAN), y no a un presunto favor político o gestión exclusiva de un candidato. Las autoridades colombianas advirtieron que el intento de capitalizar electoralmente las decisiones comerciales binacionales puede generar interpretaciones equivocadas y afectar directamente la confianza de los empresarios, exportadores y demás actores económicos de la región.

A pesar del tenso cruce de declaraciones diplomáticas, el anuncio del levantamiento mutuo de estas restricciones pone fin a una guerra arancelaria que venía asfixiando financieramente a las poblaciones fronterizas, especialmente en el departamento de Nariño. Con esta derogación recíproca, ambas naciones buscan oxigenar sus mercados y salvar miles de empleos, mientras la contienda electoral en Colombia entra en su fase más crítica y polarizada bajo la estricta vigilancia de las autoridades para salvaguardar la soberanía nacional.